El ministro del Interior, Armando Benedetti, puso sobre la mesa un paquete de alertas sobre la contienda electoral de cara a las próximas consultas políticas. Sus declaraciones giraron en torno a dos ejes: la compra de votos en territorio y posibles vulnerabilidades en el diseño del tarjetón electoral.
El funcionario confirmó que, por iniciativa del Ministerio de Defensa, el Gobierno ofrecerá hasta 50 millones de pesos a quienes entreguen información que permita identificar a personas u organizaciones dedicadas a la compra de votos.
Según explicó, la medida busca romper un patrón histórico “donde compran votos en el barrio todo el mundo sabe”, pero rara vez se denuncia formalmente.
El Ejecutivo pretende así trasladar la detección del delito desde la vigilancia institucional hacia la comunidad, en un intento por atacar la fase previa a la votación, considerada el momento más difícil de probar judicialmente.
Pero la mayor preocupación del ministro del Interior está en el tarjetón de las consultas. Benedetti advirtió que la ausencia del voto en blanco genera un riesgo operativo. Si el elector reclama el tarjetón y decide no marcar ningún candidato, la tarjeta podría quedar disponible para ser marcada posteriormente por otra persona, afirmó el ministro.
El problema, según dijo, no implica acusaciones directas contra jurados, sino una vulnerabilidad material del proceso. “El tarjetón queda libre y puede ser usado para marcarlo por quien quiera”, dijo, al señalar que el vacío normativo abre la puerta a un posible delito electoral.
El registrador ha sostenido que el voto en blanco no tiene efectos jurídicos en consultas internas; sin embargo, el ministro insiste en que sí cumplía una función práctica, que era permitir al ciudadano manifestar rechazo sin dejar una papeleta utilizable.
Benedetti también reiteró que el Gobierno busca “garantías para que el voto sea libre”, y confirmó que él no participará en la consulta, siguiendo la postura del presidente.