Las múltiples alertas de la representante Katherine Miranda sobre el proyecto de reforma pensional: “Habrá menos pensionados”

La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, se refirió a la reforma pensional que se discute actualmente en el Senado, pero que no ha logrado avanzar como se esperaba. La congresista hizo múltiples cuestionamientos, basándose en algunas alertas de un informe de la Contraloría.

“La principal limitación de la reforma pensional es precisamente no querer tocar los regímenes especiales y exceptuados, los cuales consumen el 39.31 % del total de recursos del PGN y solo cubren el 17 % de los pensionados del país”, aseguró.

Según dijo, el costo de la reforma pasará del 73.57 % del PIB para 2070 a 126 % del PIB en el 2100. “Solo 40 años después podremos ver el efecto de los pilares semicontributivo y contributivo”, afirmó Miranda.

La congresista comparó lo que se propone en la reforma a la salud con la Adres, que no tendría capacidad para encargarse de todo el ajuste al sistema. “Pongo en duda la capacidad de Colpensiones para administrar todas las pensiones del país. Hay que revisar su diseño organizacional y blindar su capacidad operativa para que esta reforma no falle”, dijo.

La representante a la Cámara reconoció que el umbral de los 3 salarios mínimos puede mejorar la equidad del sistema y disminuiría los subsidios a los altos salarios, pero considera que se seguirían gastando recursos para un amplio margen de trabajadores. La congresista pidió que aclare cómo será ese financiamiento.

“Esta reforma no cuenta con políticas específicas para mejorar la afiliación y la cotización en las regiones donde los porcentajes de pensionados de la población son menores al 10 %, impidiendo que a esta población se le materialice el derecho a la pensión”, cuestionó.

Miranda pidió tener en cuenta los recursos y el tiempo que se necesite para la extinción de derechos pensionales en el derecho de transición para que estén balanceados en el proyecto y haya una protección razonable sin que se amplíen los rangos de protección.

“Habrá menos pensionados, se estima que el total de afiliados comienza a decrecer desde 2036 y los afiliados activos desde 2037, lo cual contrasta con el enorme esfuerzo fiscal que se realiza”, afirmó Miranda.

La reforma pensional está siendo discutida en el Senado, sin embargo, el debate se encuentra estancado. Durante dos sesiones se han intentado votar varios impedimentos y aunque se ha avanzado a paso lento, el Gobierno hoy no tiene las mayorías para ese proceso.

Por su parte, la Contraloría ha emitido otras alertas sobre el proyecto. Advierte que “la reforma propuesta no responde completamente a las problemáticas del sistema” y pide que se articule más con las reformas sociales.

“En el país existen evidentes debilidades en la capacidad de generación de empleo formal y en la disminución de la informalidad al ritmo que requiere la economía colombiana, problemáticas sobre las cuales la reforma laboral radicada por el Gobierno no contempla con claridad propuestas para corregir estos temas. Esto, sin duda, limitará el aumento de la cobertura en protección social, por lo que surge la urgencia de integrar la discusión de las reformas sociales”, aseguró el ente de control.

Además, cuestiona que el proyecto no contempla la posibilidad de que el Gobierno defina otras fuentes de cotización. Y resalta que a nivel de cobertura una de las grandes limitaciones es que no se incluya a los regímenes especiales y exceptuados, que cuentan con una importante asignación presupuestal.

Según el estudio, esta asignación comprende el equivalente al 39,3 % del total de los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a pensiones, lo que quiere decir que 40 pesos, de cada 100 pesos que se destinan, van a cubrir estos regímenes, abarcando el 17 % de los pensionados.

“La principal apuesta para ampliar la cobertura en la reforma es la creación de un pilar solidario, el cual está disociado de la realidad del mercado laboral y es un subsidio de carácter asistencialista que estaría administrado por el Ministerio del Trabajo, dejando de lado que el Gobierno cuenta con entidades experimentadas y consolidadas para el manejo de dicho subsidio”, señala el informe.