En medio del foco que ha tenido la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la gestión de su director, Augusto Rodríguez, por la responsabilidad que recaería en él tras el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, se han destapado casos de líderes sociales que también están expuestos ante la falta de protección de la UNP.
SEMANA documentó varios de estos hechos en los que hay algunas similitudes; por ejemplo, los esquemas de protección han llegado tarde cuando las personas ya han sufrido el atentado o cuando han sido asesinadas.
Además, a algunos de ellos les han entregado carros sin blindaje, un chaleco gastado o hasta dinero en efectivo, que, según estas personas, no les serviría para protegerse de estos ataques.
Uno de los casos más lamentables es el de un reclamante de tierras en Caldas que fue asesinado. Según cuentan sus familiares, quienes pidieron la reserva de sus identidades, el joven había recibido varias amenazas en distintos momentos por parte de grupos paramilitares, que fueron reportadas a la UNP.
Sin embargo, no se le brindó la atención necesaria. Esas estructuras cumplieron con su amenaza y le dispararon en varias ocasiones. Luego del atentado llegó a una UCI y allí estuvo hospitalizado durante ocho meses hasta que falleció.
Lo más insólito es que una vez llegó al hospital, desde la UNP le enviaron el esquema. Es decir, prácticamente lo cuidaron cuando ya estaba moribundo. “Esa fue la peor pesadilla que nos pasó”, aseguró uno de sus familiares.
Otro caso es el de Adriana Patricia Pimienta, una líder social de Valledupar, víctima de un atentado el pasado 29 de diciembre. A pesar de eso, no le han brindado la protección que requiere. Recibió tres disparos, dos en la pierna y uno en el tórax. Desde la UNP le informaron medidas de seguridad por su riesgo extremo, pero hasta ahora no le ha llegado la protección.
A José Eduardo Castro, quien trabaja con víctimas del conflicto armado, le sucedió algo similar y su labor le ha acarreado varias amenazas en su contra.
El pasado 26 de octubre de 2024, perpetraron un atentado en su contra cuando ingresaba a su edificio residencial. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ya le habían enviado un panfleto advirtiéndole que atentarían contra su vida. Él presentó todas las denuncias ante la Fiscalía y la Policía, que enviaron el requerimiento a la UNP.
Por trámite de emergencia, le pusieron una persona para protegerlo, pero las amenazas han continuado. A pesar del riesgo extremo y del atentado, no le reforzaron el esquema, sino que le dejaron a esa sola persona. Actualmente, Castro no cuenta con un vehículo de protección, aunque las amenazas continúan contra él y su familia.
“Me volvieron a hacer la evaluación de riesgo, y a pesar de la resolución que emiten para implementar las medidas, ellos mismos confirmaron que estoy en más riesgo, y no se me brinda más protección”, cuestionó.
Una de las quejas constantes en este tipo de casos es que muchas veces los análisis del riesgo no se hacen correctamente o se desestiman varias de las amenazas.
Los casos del reclamante de tierras, de Pimienta y de Castro son solo algunos ejemplos de la desprotección en la que viven gran cantidad de los líderes sociales del país, que el presidente Gustavo Petro se comprometió a proteger en campaña.
Desde ese sector lanzaron una estrategia mediática en la que reclamaban que “los están matando”; sin embargo, esa situación no ha mejorado. Según Indepaz, en lo corrido de 2025 se ha registrado el asesinato de 78 líderes sociales en el país, una tragedia de nunca acabar.