Los militantes del Pacto Histórico de Valledupar siguen controlando el Hospital Rosario Pumarejo de López, intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2022, a través de Lina María de Armas, de 50 años, como representante legal. Aunque el Gobierno de Abelardo De La Espriella la despidió del cargo, un juzgado de Cesar ordenó reubicarla en las funciones.
La historia comenzó el 14 de enero de 2022, cuando la administración de Iván Duque decidió tomar la posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios del hospital durante un año por las críticas condiciones financieras de la entidad. En enero de 2023, bajo la gestión de Gustavo Petro, se prorrogó la medida por un año y así ocurrió dos años más, y se estableció el 14 de enero de 2027 como fecha de vencimiento de la disposición forzosa.
El 9 de junio de 2026 renunció a la representación legal Anselmo José Hoyos y se reemplazó por Lina María de Armas, bacterióloga, excandidata a la alcaldía de Valledupar por Colombia Humana en 2023 y una ficha fiel del movimiento de izquierda en esa zona del Caribe colombiano.
La gestión de la mujer, que también fue secretaria de Salud de la capital de Cesar, ha sido cuestionada por diferentes sectores políticos. Incluso el revisor fiscal del hospital, José Alberto Henríquez, alarmó por los números: “De los ocho riesgos identificados en la cartera, uno es crítico, cuatro son altos y tres son medios. El riesgo de mayor impacto inmediato es la no conciliación de los 61.132 millones de pesos en anticipos, que distorsiona el detalle de cartera y los indicadores derivados”.
Aunque ella era una ficha clave del petrismo, se mantuvo en el cargo inicialmente hasta el 7 de octubre de 2026. Entre el 7 de agosto y esa fecha, de acuerdo con las denuncias públicas, habría acelerado los procesos de contratación.
La senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, denunció que la interventora declaró el 26 y 27 de septiembre como días hábiles para gestionar asuntos de contratación.
La congresista manifestó: “Señora interventora, ¿qué es eso tan urgente que tiene que hacer usted dentro de la institución que decidió dejarlo para el fin de semana, cuando usted estaría a punto de dejar el cargo? Esta es una ‘jugadita’, al estilo de la administración de Gustavo Petro, que fue la que le entregó a usted el mando de uno de los hospitales más importantes del Caribe”.
Luego de esa denuncia, la ministra de Salud, Ana María Vesga, ordenó removerla. El 7 de octubre le retiró las funciones y asumió Víctor Pedraza como agente especial interventor del hospital, quien se posesionó al día siguiente.
Lina María de Armas instauró una tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y al mínimo vital, alegando que está en embarazo y que se le debe proteger. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar emitió un auto amparando las peticiones provisionales de la mujer.
En el archivo se lee: “Conceder la medida provisional solicitada y suspender, desde la comunicación de esta providencia y hasta que se profiera sentencia o se modifique esta medida mediante decisión motivada, la aplicación de los artículos primero y segundo de la resolución, en cuanto disponen la remoción de Lina María de Armas y la designación de Víctor Pedraza como su reemplazo, incluidos los mandatos de empalme y las restricciones de funciones que dependan exclusivamente de ese cambio”.
La superintendencia, en respuesta al juzgado, manifestó que acató la orden y la seguidora de Petro volvió al cargo no solo teniendo bajo sus riendas la representación legal, sino también los procesos contractuales, que piden sean verificados con lupa por parte de los órganos de control. SEMANA contactó a la funcionaria y no contestó hasta la publicación de este artículo.