El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) quiere ponerle punto final a la controversia que generó un millonario contrato, actualmente en la mira de la Procuraduría, mediante el cual se contrató una defensa jurídica que, al parecer, podría beneficiar al presidente Gustavo Petro, tras la inclusión de su nombre en la lista Clinton por parte de Estados Unidos.
Para ese propósito, expidió un comunicado de prensa en el que aclara los alcances de este contrato. El documento fue compartido en sus redes sociales por el presidente Petro.
El contrato, cuyo valor alcanza los 10.000 millones de pesos, llevó al procurador Gregorio Eljach a adelantar una indagación preliminar para establecer posibles responsables.
“El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se permite aclarar a la opinión pública que la contratación reciente de servicios especializados en materia de sanciones financieras internacionales no constituye un hecho excepcional ni responde a intereses personales, sino que se inscribe en una práctica histórica, legítima y sostenida del Estado colombiano para la defensa de sus intereses estratégicos en el escenario internacional”, se lee en el comunicado.
Y agregó: “Los registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (FARA Database), así como los archivos institucionales del Dapre, evidencian que desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular y transparente, a firmas especializadas en los Estados Unidos, a través de distintos gobiernos y entidades, con el propósito de fortalecer su interlocución internacional, prevenir riesgos financieros y salvaguardar su reputación y estabilidad institucional. Esta práctica se mantuvo durante las administraciones de los presidentes Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez”.
El contrato —según el Dapre— no tiene como objeto la defensa personal del presidente ni de ningún funcionario o particular, sino el fortalecimiento de la capacidad del Estado colombiano para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de manera grave y transversal al país en su conjunto.
“Las medidas adoptadas por autoridades extranjeras como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no corresponden a procesos penales ni judiciales, sino a decisiones administrativas de carácter financiero que, de no ser abordadas con rigor técnico y oportunidad, pueden afectar el sistema financiero, las relaciones internacionales y la confianza en el Estado colombiano”, añadió.
Precisó que la modalidad de contratación utilizada está plenamente autorizada por el ordenamiento jurídico colombiano, “se encuentra debidamente justificada en los estudios previos y responde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia equivalente en esta materia altamente especializada”.
Y aclaró: “El valor del contrato es razonable y proporcional frente a los riesgos institucionales, financieros y reputacionales que se busca prevenir, y está sujeto a controles estrictos, productos verificables y supervisión permanente. El Dapre rechaza de manera firme las interpretaciones que presentan esta contratación como una anomalía o un privilegio. Los hechos demuestran que se trata de una decisión responsable, institucional y coherente con la historia del Estado colombiano. Proteger al país frente a riesgos internacionales no es una opción política, sino un deber ineludible de la administración pública”.
La Procuraduría tendrá la última palabra.
