Luego de conocerse un trino del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, en el que alertaba sobre una petición de la universidad del departamento para que les entregara el Centro de Convenciones, donde hoy funciona el acopio de ayudas para los damnificados por las inundaciones, el rector de ese centro de estudios se pronunció.
El mensaje publicado por el gobernador señaló al rector de solicitar “iniciar trámites para desalojar el Centro de Convenciones. Aquí operan más de 100 toneladas de ayuda humanitaria, junto a ONGs, y equipos de apoyo”.
Hoy, el Rector de la Universidad de Córdoba @JTorresOviedo nos solicita iniciar trámites para desalojar el Centro de Convenciones, aquí operan más de 100 toneladas de ayuda humanitaria, junto a ONGs, y equipos de apoyo.
— Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) February 12, 2026
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Pero el rector, Jairo Miguel Torres, habló con SEMANA y dijo que el gobernador estaba faltando a la verdad.
Según manifestó, la carta obedece a una decisión del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba de reclamar el Centro de Convenciones, que estaba bajo la figura de comodato, para desarrollar actividades académicas en 2026.
“Primero, hay que aclarar el tema en su contexto. El Centro de Convenciones es de la Universidad de Córdoba, está en predios de la Universidad, en abril de 2024 se dio en comodato para que el departamento de Córdoba lo administrara. Ese comodato vence el 7 de abril. El 2 de febrero, antes de la tragedia que están padeciendo Córdoba y en especial Montería, le informamos al departamento que no vamos a dar continuidad al comodato, en consecuencia, le decíamos que definiera un equipo para hacer el inventario y recibir el inmueble”, dijo el rector.
“En consecuencia, nunca que se habló de desalojo. Si en este momento, el Centro de Convenciones es un lugar de acopio de alimentos, lo seguirá siendo. Esta misiva se emitió antes de la ocurrencia de los hechos en materia ambiental”, explicó.
Además, manifestó que ese centro de estudios hizo del centro de convenciones un hospital de emergencia para atender a los enfermos del covid-19 en la pandemia que inició en marzo de 2020 en Colombia.
“Si hay una institución en el departamento que tiene liderazgo frente a la crisis es la universidad. En este momento estamos en una situación que necesitamos la mayor solidaridad, el mayor apoyo para hacer frente a esta contingencia, y si ese centro de convenciones es un lugar de acopio y dura seis meses, siete, ocho, o un año o dos, seguirá siéndolo”, indicó el rector.
“El gobernador no está hablando con la verdad, no sé cuál será su intención, esa carta es una misiva acontecida antes de las inundaciones”, agregó.
Córdoba sigue registrando una situación crítica luego de las fuertes lluvias que se presentaron en los últimos días y que terminaron por inundar varios municipios del departamento, entre ellos, su capital, Montería.
La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry Prieto, aseguró que “los hechos de los primeros días de febrero no tienen precedentes en la historia” y que “en los primeros siete días cayó la lluvia de todo el mes”, por lo cual se presentaron las inundaciones.
Además, alertó que esto no se podía prevenir. “No hay forma de decir una semana antes que este frente va a causar precipitaciones en nuestro país, porque es dinámico y, al llegar al Caribe, puede simplemente desvanecerse”, afirmó la funcionaria.
Según los balances que ha presentado el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de la UNGRD, las condiciones climáticas han dejado 69.000 familias damnificadas, 22 personas fallecidas, nueve heridas y tres desaparecidas en todo el país.
El fenómeno ha afectado 16 departamentos y 104 municipios, sin embargo Córdoba ha sido uno de los más impactados. Solamente allí se registran 50.000 familias que han perdido sus pertenencias y buscan sobrevivir a esta tragedia que tiene pocos precedentes en la historia del país.
Esa situación llevó a que el gobierno Petro decretara la emergencia económica y social para lograr, sin pasar por el Congreso, la recaudación de recursos para atender la crisis.