SEMANA: Usted ha hecho carrera durante 35 años en el sector energético. ¿Qué se debe corregir sobre ese asunto de lo que hizo el gobierno de Gustavo Petro en estos años?
Sandra Fonseca (S. F.): Este gobierno alteró el equilibrio institucional del sector energético. Se debilitó la independencia técnica del regulador, se enviaron señales contradictorias al mercado y se intervino de manera política en decisiones que debían ser claramente técnicas. Eso generó desconfianza inversionista en un momento en el que el país necesitaba lo contrario: expansión en generación, transmisión y gas. Además, se distorsionó la narrativa sobre tarifas sin abordar las causas estructurales del problema. En lugar de fortalecer la expansión del sistema y garantizar energía firme, se aplazaron decisiones clave. Hoy estamos más expuestos a riesgos de desabastecimiento frente a un fenómeno de El Niño severo o ante una indisponibilidad crítica de gas.
Entonces, lo primero que debemos corregir es la pérdida de institucionalidad técnica. El sector energético colombiano fue construido sobre la base de reglas claras, independencia regulatoria y separación entre política pública y decisiones técnicas. En estos años se debilitó esa arquitectura institucional, con intervenciones directas en funciones del regulador y mensajes contradictorios frente a la estabilidad normativa. En segundo lugar, debemos corregir la forma en que se abordó el debate tarifario. Se generó la percepción de que las tarifas eran producto exclusivamente de decisiones empresariales o regulatorias, cuando en realidad responden a rezagos acumulados, indexaciones contractuales, expansión insuficiente de infraestructura y señales de mercado. En lugar de resolver estructuralmente esos factores, se optó por aplazar decisiones regulatorias, lo que posterga el problema y lo encarece. También es necesario corregir la falta de una hoja de ruta clara en expansión de generación, transmisión y gas.
SEMANA: En los tres años y medio que han pasado de esta administración, se efectuaron diferentes ajustes al sector energético colombiano, muchos de estos cuestionados por el sector privado. ¿Qué consecuencias tendrá Colombia como resultado de esas decisiones?
S. F.: La consecuencia principal es una acumulación de riesgos que no se ven de inmediato, pero que se traducen en mayor vulnerabilidad del sistema y presión tarifaria futura. En primer lugar, el aplazamiento de decisiones regulatorias clave, especialmente en actualización de periodos tarifarios y reconocimiento de costos, genera una distorsión temporal. Cuando no se ajustan oportunamente los cargos regulados, los costos no desaparecen: se acumulan. Eso significa que en el futuro los ajustes pueden ser más abruptos, afectando a los usuarios y la estabilidad financiera de las empresas, especialmente en distribución.
En segundo lugar, la expansión insuficiente en generación y transmisión aumenta la exposición a precios extremos. Colombia depende en gran medida de la hidrología. Si no se fortalece oportunamente la capacidad térmica eficiente, el almacenamiento y las redes de transmisión, el sistema queda más vulnerable frente a fenómenos climáticos. Eso se traduce en volatilidad de precios en bolsa y mayor riesgo para los comercializadores y los usuarios. Tercero, la incertidumbre regulatoria incrementa el costo de capital. Cuando los inversionistas perciben riesgo institucional, exigen mayores retornos o simplemente retrasan decisiones. Eso encarece los proyectos y ralentiza la entrada de nueva infraestructura. En un sector intensivo en capital como el energético, esa señal es determinante.
En gas natural el panorama es igualmente delicado. La falta de señales claras para exploración, producción y transporte ha generado destrucción de demanda industrial y mayor incertidumbre sobre el abastecimiento futuro. Sin gas suficiente y competitivo, la seguridad energética y la competitividad industrial se debilitan. Dicho todo esto, el efecto combinado es menor inversión, mayor riesgo sistémico y una presión estructural sobre tarifas en el mediano plazo. El sector energético necesita decisiones técnicas oportunas y una política coherente, no ajustes fragmentados o reactivos.
SEMANA: Esta es su primera vez en política y aspira por una coalición en la que se unieron partidos de diferentes posturas (Dignidad, Mira y Nuevo Liberalismo) con el objetivo de pasar el umbral. ¿Qué retos tiene su partido, el Nuevo Liberalismo, en este proceso de consolidación como fuerza política?
S. F.: El principal reto que tenemos es demostrar que podemos construir una fuerza política sólida sin caer en el populismo ni en la polarización. El Nuevo Liberalismo tiene que consolidarse como un partido que combina rigor técnico, responsabilidad fiscal y sensibilidad social, algo que hoy escasea notablemente en el debate público. Necesitamos fortalecer la presencia en las regiones, impulsar la formación de liderazgos nuevos y promover una agenda programática que conecte con sectores productivos, jóvenes profesionales y clases medias que hoy se sienten huérfanas políticamente. Precisamente, en el marco de la coalición, el reto que tenemos radica en construir consensos sin diluir identidad. Una alianza así tan diversa nos obliga a dialogar y acordar prioridades, pero también exige coherencia en principios. Nuestro objetivo no es simplemente superar el umbral electoral, sino posicionarnos como una alternativa responsable frente a los extremos ideológicos que han dominado la conversación nacional.
SEMANA: ¿Cómo ve la inserción de las energías renovables, más amigables con el ambiente, en el sistema energético colombiano? ¿Se han cumplido los objetivos?
S. F.: La transición energética en este gobierno ha sido más narrativa que ejecución. Se anunciaron metas ambiciosas sin resolver previamente los cuellos de botella estructurales. Hoy se habla de cerca de 3.700 MW solares, pero operativos reales hay alrededor de 2.200 MW; el resto está en pruebas o corresponde a autogeneración que no necesariamente aporta energía firme al sistema. La meta de 6.000 MW no se ha cumplido en tiempo ni en condiciones de disponibilidad efectiva. Por su parte, en energía eólica el resultado es aún más preocupante. Después de años de anuncios, Colombia no ha logrado materializar los proyectos estratégicos previstos. Falló la coordinación social, la planeación predial, la expansión en transmisión y la gestión institucional.
No se puede prometer una transformación de matriz sin asegurar primero las condiciones técnicas para que ocurra. Además, se ha cometido un error conceptual grave: confundir capacidad instalada con seguridad energética. Las renovables intermitentes necesitan respaldo firme, almacenamiento y redes robustas. Si no hay expansión en transmisión, si no hay gas suficiente y competitivo para respaldar el sistema, la matriz se vuelve más vulnerable, no más segura. La transición energética no puede construirse debilitando el sector de gas ni generando incertidumbre sobre la inversión térmica eficiente. Eso no es transición, es improvisación. El resultado es mayor riesgo de volatilidad de precios y mayor exposición frente a fenómenos climáticos. En Colombia necesitamos una transición ordenada, técnicamente sólida y financieramente viable. Sin confiabilidad no hay transición. Y sin inversión no hay renovables que funcionen en la realidad.