SEMANA conoció los detalles de un contrato que firmó la Unidad de Restitución de Tierras (URT), suscrita al Ministerio de Agricultura, que irá hasta el 15 de diciembre de 2026, para desarrollar eventos para comunidades étnicas e indígenas sobre las que tiene registro la entidad, el cual relaciona un valor de 15.180 millones de pesos y que se hizo a través de contratación directa con ofertas.
El contrato, que se suscribió en enero, genera dudas por varias razones. Una de ellas tiene que ver con los costos que se detallan en la cotización que se presentó, pues varios de ellos tendrían costos más elevados que en el mercado.
Por ejemplo, se menciona que un desayuno en contenedor individual, que puede ser icopor, con bebida fría, bebida caliente, huevos, producto de panadería y fruta, vale $ 43.691. Igualmente hay otra opción de desayuno similar, pero servida a la mesa con menaje, que cuesta $ 56.605.
Asimismo, un almuerzo en contenedor individual con sopa o fruta, 250 gr de proteína, carbohidrato, cereal, ensalada o verdura, postre y jugo natural, vale $ 59.424. Y servido a la mesa con menaje tiene un valor de $ 70.000.
En el caso de un almuerzo tipo bufete, con ingredientes similares al anterior, cuesta $ 85.252.
Un servicio de pasabocas de sal y dulce por dos unidades con bebida fría y caliente servido a la mesa tiene un valor de $ 38.480. El alquiler de un sofá de dos puestos cuesta $ 558.078. Y uno de los más insólitos es un metro de polisombra que costaría $ 33.998, según la cotización presentada ante el Secop.
El contrato fue denunciado por Jairo Ladino, candidato a la Cámara por Bogotá de Salvación Nacional, quien despertó varias dudas sobre el mismo y cuestionó si estaría relacionado con toda la jornada electoral de 2026. “No hay otra razón para que estén haciendo ese tipo de contratos en época electoral”, aseguró.
“En plena emergencia económica, según el Gobierno Petro, no deberían darse”, agregó el candidato.
Más allá de los costos de los productos también genera dudas que el contrato fue suscrito con la empresa Innovatech E.I.C.E. que, en el Registro Único de Proponentes, tiene como correo de contacto gerencia@impretics.gov.co.
Impretics era la Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones que está suscrita a la Gobernación del Valle. En abril de 2024 decidieron cambiar el nombre a InnovaTech para ampliar la gama de servicios.
SEMANA ya había revelado que la empresa vallecaucana ha logrado obtener importantes contratos con el Estado. En 2023 se mencionó que una vez se ganan el contrato subcontratarían por un valor inferior al presentado inicialmente.
“Una de las modalidades de contratación son los contratos interadministrativos, es decir, que pueden contratar de manera directa. Ofrecen los servicios y luego subcontratan absolutamente todo. Esto es una manera de burlarse de la contratación pública. Lo grave es que contratan por un valor y luego salen a subcontratar por un valor mucho menor”, alertó en ese momento el abogado penalista Elmer Montaña.
Esta revista consultó a la Unidad de Restitución de Tierras y al gerente de la empresa. En el caso de la entidad contestaron que el contrato se firmó para solventar las necesidades de la Ruta Étnica, un programa de la Unidad para garantizar la participación de los pueblos étnicos del país que impactarán a 33 comunidades étnicas.
“El PAE Étnico 2026 se construye sobre una base sólida de caracterización de afectaciones étnicoterritoriales, con fuerte concentración en territorios PDET, alto impacto poblacional y compromisos interinstitucionales vigentes. Dentro de los 116 casos priorizados se encuentran 90 casos correspondientes a comunidades indígenas y 26 casos que corresponden a comunidades negras”, dijeron desde la entidad.
Negaron que se trate de eventos relacionados a la campaña electoral de 2026. Sobre los costos de los servicios argumentaron que se realizaron dos eventos de cotización “donde solicito la información a proveedores que han adjudicado y celebrado procesos similares en otras entidades” y que se hicieron todos los análisis correspondientes.
“Es así que como los suministros de los bienes y servicios se desarrollaran en zonas de difícil acceso, no carreteables y muy distantes de los cascos urbanos y requieren de transporte multimodal para acceder al territorio”, afirmaron.
Agregaron que en el caso de Innovatech, la empresa “no cuenta con ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar de conformidad con la ley y la Constitución”.
Por parte de Innovatech, Luis Alfredo Gómez, gerente de la empresa, contestó que tienen la capacidad de prestar estos servicios pues son una empresa “con amplia experiencia en operación logística para el sector público y privado, destacando la organización, coordinación y ejecución de eventos y actividades a nivel nacional y regional”.
Negó que existan sobrecostos y dijo que los precios estarían sustentados en la cadena de logística, que tiene un impacto directo por el aumento del 23 % del salario mínimo, además de otros impuestos.
“En términos generales, los impuestos y retenciones representan más del 24 % del valor total (aproximadamente $20.000, según el ejemplo). Por su parte, los costos asociados al transporte —tanto refrigerado como no refrigerado—, el catering certificado por Invima, el personal capacitado en manipulación de alimentos, el montaje en sitio, el menaje requerido de acuerdo con la necesidad, así como los protocolos y la documentación exigida, pueden representar entre el 35 y el 45 % del total, dependiendo de la ubicación del evento. Este rubro puede llegar a ser incluso más costoso que los propios alimentos. Finalmente, el almuerzo o comida con las características descritas equivale aproximadamente entre el 24 y el 33 % del valor total”, aseguró.
Gómez negó que el contrato tenga relación con las elecciones. “El contrato de operador logístico tiene como fin exclusivo ‘apoyar la gestión misional de la Dirección de Asuntos Étnicos y las Direcciones Territoriales de la URT’ en la Ruta de Restitución de Derechos Étnico-Territoriales”, dijo.
El gerente de la empresa afirmó que cambiaron los estatutos de la empresa por las nuevas necesidades del país. “Se depuraron más de 40 actividades comerciales que no están en el nuevo rumbo de la empresa, y solo se dejaron cinco dimensiones comerciales y una transversal. Una de esas dimensiones es logística y suministro”, señaló.
Sobre los costos de los almuerzos dijeron que las complicaciones en los territorios y la logística que se requiere hacen que incremente el valor.
“Para el año 2026, un contrato estatal que pretenda cubrir un almuerzo buffet con 250 g de proteína en municipios alejados y durante fines de semana, debe presupuestar un valor base de entre $ 84.000 y $ 95.000 pesos colombianos. Cualquier valor inferior a $ 78.000 COP pondría en riesgo la ecuación contractual, ya que no alcanzaría a cubrir los nuevos costos de la reforma laboral (especialmente el recargo dominical del 90 %) y el flete refrigerado especializado requerido por el Invima en zonas de difícil acceso”, aseguró Gómez.
