A pocas semanas de una nueva ronda de negociaciones prevista para finales de marzo en Ginebra y con la fecha límite de mayo de 2026 acercándose, los países del mundo continúan negociando las reglas que definirán cómo se distribuirán vacunas, diagnósticos y tratamientos durante futuras pandemias.
Organizaciones de salud pública advierten que la Unión Europea está bloqueando compromisos vinculantes de equidad sanitaria, lo que podría permitir que en la próxima emergencia sanitaria se repita el patrón observado durante el COVID-19: acceso temprano para los países más ricos y largos retrasos para gran parte del resto del mundo.
En la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Estados miembros negocian el Anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS), una pieza clave del Acuerdo sobre Pandemias adoptado en mayo de 2025. Este mecanismo busca establecer reglas para garantizar que cuando los países compartan muestras de virus y datos científicos que permiten desarrollar vacunas, diagnósticos y tratamientos, los beneficios derivados de esa información también se distribuyan de manera equitativa.
El acuerdo pandémico no puede entrar en vigor hasta que este anexo sea finalizado, por lo que el resultado de las negociaciones que continúan durante marzo y abril será determinante para su implementación.
Durante la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la OMS celebrada en diciembre de 2025, más de 80 países en desarrollo propusieron establecer contratos estándar obligatorios para regular el uso de muestras de patógenos y datos genéticos con potencial pandémico. Estos contratos incluirían condiciones claras de reparto de beneficios, transferencia de tecnología, cooperación científica y acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos.
Delegaciones de la Unión Europea, particularmente algunos Estados miembros como Alemania, se opusieron a iniciar la negociación de estos contratos y promovieron un modelo basado en compromisos voluntarios de la industria farmacéutica.
Bajo esta propuesta, algunos fabricantes podrían decidir entregar alrededor de 20% de su producción de vacunas, tratamientos o diagnósticos durante una pandemia, de los cuales apenas 10% estaría garantizado como donación, mientras el resto quedaría sujeto a acuerdos comerciales.
Durante la pandemia de COVID-19, iniciativas internacionales como COVAX lograron distribuir cerca de 2,000,000,000 de dosis de vacunas en 146 economías. Aun así, la distribución global siguió siendo profundamente desigual. En 2021, América Latina representaba alrededor del 8% de la población mundial, pero concentró cerca del 30% de las muertes registradas por COVID-19. La desigualdad también se reflejó en las compras anticipadas de vacunas. Según análisis publicados en The Lancet, países de altos ingresos que representan apenas 16% de la población mundial aseguraron al menos 70% de las vacunas disponibles en 2021, dejando a gran parte del mundo esperando acceso a herramientas esenciales para salvar vidas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en Colombia, la pandemia de COVID-19 tuvo un fuerte impacto sanitario. Hasta 2023 el país registró más de 6,3 millones de casos y alrededor de 142.700 muertes asociadas al virus. Durante este periodo también se evidenció un exceso de mortalidad en distintos grupos poblacionales; por ejemplo, la mortalidad materna aumentó un 12,6 %. Además, el llamado COVID prolongado generó cerca de 200.000 años de vida saludable perdidos en la población. De acuerdo con el Instituto “al analizar estos datos se observa que las cifras fueron tres veces mayores en los territorios de menores recursos, en comparación con los municipios de mayores ingresos. Los nuevos análisis también evidencian cómo se documenta en los informes del ONS que dieron cuenta del avance, impacto y desigualdades sociales de la pandemia por covid-19, que durante la emergencia sanitaria no solo aumentó la mortalidad materna, también se profundizaron las inequidades sociales ya existentes en las poblaciones más afectadas.” En conjunto, estos factores produjeron una enorme presión sobre el sistema hospitalario, un fuerte desgaste del personal de salud y secuelas médicas en parte de la población.
Para América Latina y el Caribe, el resultado de estas negociaciones tiene implicaciones directas. La región participa activamente en redes globales de vigilancia epidemiológica y comparte información científica clave cuando emergen nuevas enfermedades, pero durante la pandemia muchos países enfrentaron retrasos significativos para asegurar vacunas y tratamientos.