Justo un día antes de que Colombia despida 2025, el Ministerio de Salud emitió una de las decisiones más esperadas para el sector: la definición del valor de la UPC. Se trata de un punto neurálgico de la crisis que vive hoy el sistema de salud y de una de las razones de mayor peso para explicar la grave situación financiera que atraviesa el sistema, especialmente las EPS, que se han quejado de una asfixia económica por parte del Gobierno Petro.
Por eso, la cifra que reveló el Gobierno despertó indignación y rechazo. El incremento aprobado fue del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado, lo que representa un incremento promedio del 12,94 % en todo el sistema. La decisión provocó fuertes críticas de organizaciones de pacientes, médicos, hospitales, EPS y gremios.
Aunque el Ministerio de Salud aseguró que el ajuste implica 11,6 billones de pesos adicionales y que cumple con la orden de equiparar recursos entre regímenes, los actores del sector advierten que el problema no es el promedio, sino la brecha que deja al régimen contributivo con una financiación que ya era insuficiente.
Como explicó recientemente a SEMANA el director de Así Vamos en Salud, el exministro Augusto Galán, “hoy, la Unidad de Pago por Capitación es insuficiente: por cada 100 pesos que reciben las EPS por paciente, gastan más de 104″.
El sistema cierra 2025 con graves indicadores: deudas disparadas de las EPS con los hospitales que, según un informe de la Contraloría, ascienden a 22 billones de pesos, y la realidad de que hoy más de la mitad de los colombianos están afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno Petro, que, a la postre, son las que presentan los peores indicadores, según ese mismo informe.
Las principales voces del sector salud se pronunciaron contra esta decisión del Gobierno. Esto fue lo que dijeron:
“Un atentado contra la vida”: lo que dijeron en Pacientes Colombia
Una de las reacciones más contundentes vino de Pacientes Colombia, un movimiento que agrupa 202 organizaciones de pacientes en todo el país. Para ellos, el incremento del 9,03 % en el régimen contributivo no solo es bajo, sino peligroso.
“El aumento del 9,03 % de la UPC es un atentado contra la vida y empuja al sistema de salud al colapso”, afirmó la organización en un comunicado. Según explicaron, el ajuste queda muy por debajo del aumento del salario mínimo decretado para 2026, que fue del 23,7 %, lo que hace imposible cubrir costos básicos como nóminas del personal de salud, medicamentos, insumos y servicios.
“El Gobierno del presidente Petro ha sido coherente con su línea de destruir la salud de los colombianos y poner en peligro la vida de los pacientes”, le dijeron a SEMANA.
Denis Silva, vocero del movimiento, aseguró que una UPC insuficiente no es un problema técnico, sino una vulneración del derecho fundamental a la salud.
“Este desajuste se traduce en pacientes que no reciben sus tratamientos, en servicios que cierran y en vidas que quedan en riesgo”, dijo.
Hospitales y clínicas: el desfase con el salario mínimo
Las alertas no vinieron solo de los pacientes. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) expresó su preocupación por el impacto que tendrá el aumento aprobado en la sostenibilidad de las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC, advirtió que existe un “desfase significativo” entre el incremento del salario mínimo y otras cifras cercanas.
En ese contexto, señaló que el cálculo de la UPC para el próximo año no incluyó el aumento del salario mínimo anunciado un día antes por el Gobierno, lo que incrementará los costos durante el próximo año sin que exista una compensación suficiente en los ingresos.
La ACHC advirtió que el aumento de la UPC 2026 está desfasado con el salario mínimo y amenaza la sostenibilidad de hospitales y clínicas. Pidió ajustar la cifra del régimen contributivo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7MamI5V8r5
— Revista Semana (@RevistaSemana) December 31, 2025
EPS y aseguradoras
Desde el lado de las EPS, las críticas apuntan al mismo punto. ACEMI, el gremio que agrupa a varias de las principales aseguradoras del país, sostuvo que el aumento del 9,03 % en el régimen contributivo es insuficiente, especialmente porque en ese régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud.
La presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, explicó que los análisis indicaban la necesidad de un incremento cercano al 17 %. En ese escenario, el ajuste aprobado representaría apenas un aumento de entre el 4 % y el 5 %, una vez se descuente la inflación proyectada para 2025.
Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, señaló que el incremento del 9% en la UPC del régimen contributivo está muy lejos de lo necesario, dado que en este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rtwZlsUxo7
— Revista Semana (@RevistaSemana) December 31, 2025
Además, el gremio pidió al Gobierno que el incremento de la UPC se traslade de manera obligatoria a los contratos y tarifas con las IPS, para evitar que el desbalance termine afectando aún más a los prestadores.
También insistieron en la urgencia de un plan extraordinario de liquidez para un sistema que, según el gremio, atraviesa una situación crítica de funcionamiento.
Laboratorios farmacéuticos
A las críticas se sumó Afidro, la agremiación que representa a los laboratorios farmacéuticos. Su presidente ejecutivo, Ignacio Reiten Villegas, afirmó que el aumento aprobado no cumple el mandato de la Corte Constitucional y mantiene una brecha financiera que, según el gremio, impactará directamente la vida de los pacientes.
Ignacio Reiten Villegas, presidente ejecutivo de Afidro, señaló que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 9,03% para el régimen contributivo es insuficiente. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/T70EY3icBR
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Desde Afidro señalaron que los análisis sistémicos siempre apuntaron a un incremento superior al 15 % y que, al sumar los rezagos de años anteriores, el sistema sigue desfinanciado. También cuestionaron la falta de concertación en las mesas técnicas y advirtieron que la imposición unilateral de la cifra deja como principales afectados a los usuarios del sistema.
Aunque el Ministerio de Salud insiste en que los recursos son suficientes y que el incremento aprobado permitirá estabilizar el sistema, la reacción de pacientes, hospitales y EPS refleja un escenario de alta tensión frente al tema.
