La Superintendencia Nacional de Salud informó a la opinión pública que, como resultado de un análisis técnico consolidado con corte al 22 de enero de 2026, se identificó una afectación aproximada de $2,6 billones derivada de 291 medidas cautelares de embargo que recaen sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
De acuerdo con la entidad, el análisis se fundamentó en la información remitida por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mediante ejercicios de autorreporte.
“Esta situación representa un riesgo relevante para la sostenibilidad financiera del sistema y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, en la medida en que compromete el flujo oportuno de recursos destinados a la prestación de servicios, el pago a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red de servicios de salud”, se lee en el comunicado conocido este 26 de enero.
Desde una perspectiva territorial, el estudio evidenció que Bogotá D. C., Antioquia (Concordia), Bolívar (Cartagena) y Caquetá (Florencia) concentran el mayor número de embargos registrados a la fecha.
Esta concentración territorial refleja la incidencia de los procesos judiciales en determinadas regiones del país y su impacto sobre la disponibilidad de recursos del sistema.
“En cuanto a la concentración por actores del sector, Nueva EPS y Coosalud EPS presentan la mayor participación en el valor total afectado por embargos por la red de prestadores públicos y privados que han actuado como demandantes, lo que refleja tanto el volumen de procesos en curso como la magnitud económica de las reclamaciones acumuladas”, se lee en el escrito.
La Superintendencia Nacional de Salud reiteró que los recursos del SGSSS tienen naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica, y que su utilización debe orientarse exclusivamente a la financiación de la atención en salud de la población y a la sostenibilidad del sistema.
En ese sentido, recordó lo señalado el pasado 19 de enero en el Concepto Unificado de la Supersalud, en el que se establece la regla general de la inembargabilidad de los recursos del sistema, con excepciones puntuales y de aplicación restrictiva definidas por la jurisprudencia constitucional.
“El análisis consolidado de los procesos judiciales de medidas con embargo pone de presente la necesidad de fortalecer de manera urgente la gestión jurídica, administrativa y financiera asociada a estos procesos, así como de realizar constante seguimiento y acompañamiento permanente al impacto que dichas medidas generan sobre la ejecución presupuestal y la destinación específica de recursos públicos del sistema de salud, en el marco de las competencias, tanto de la rama judicial como de la Superintendencia Nacional de Salud”, puntualizó el comunicado.
