Previo a su salida del Gobierno Nacional y la llegada de Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño, la administración del presidente saliente Gustavo Petro firmó el Decreto 1001 de 2026, en donde se encarga de modificar varias normas que rigen actualmente para el servicio público de taxi en el país.
El Ministerio de Transporte afirma que, a través de estas actualizaciones, se busca modernizar este sector de transporte, respondiendo a las necesidades actuales y eliminando barreras que por varios años estuvieron afectando a conductores, propietarios, empresas y usuarios.
La entidad informa que la nueva reglamentación entraría a modificar disposiciones del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte (Decreto 1079 de 2015), teniendo una meta clara: el brindar un servicio de taxi mucho más eficiente, seguro, transparente
¿Qué cambios se vendrían para los taxis en Colombia?
De acuerdo a lo informado por el Gobierno Nacional saliente, dentro de los principales cambios para los taxis, destaca la actualización de las reglas para el cambio de empresa, así como la ampliación de la vigencia de la tarjeta de operación de uno a dos años.
También se encuentra la modernización de los contratos de vinculación, la eliminación de cobros y exigencias que antes no estaban contemplados en la norma para llevar a cabo trámites.
Además, otros cambios serían la creación de un programa nacional de formación, cualificación y fortalecimiento de competencias para conductores de taxi, el cual será desarrollado a través del acompañamiento técnico del Ministerio de Transporte y autoridades territoriales.
Dentro del decreto se encuentran establecidas medidas diseñadas para facilitar la operación entre municipios contiguos, lo que les permite a los taxis del país prestar su servicio sin la Planilla Única de Viaje Ocasional durante determinados casos, sobre todo aquellos viajes hacia o desde aeropuertos.
Asimismo, se fortalece la transparencia en la asignación de nuevas matrículas por medio de sorteos públicos con criterios de igualdad y participación, en donde se tienen en cuenta acciones para poder incentivar a conductores no propietarios.
La norma también establece reglas claras para los contratos de vinculación entre empresas y propietarios, en donde se prohíben prácticas restrictivas o cobros indebidos, reforzando de esta forma las garantías jurídicas para los actores del sector.
“Este decreto representa un paso histórico para el transporte público individual en Colombia. Escuchamos al sector, simplificamos trámites, fortalecemos las garantías para conductores y propietarios, mejoramos el servicio para los usuarios y seguimos construyendo un sistema de transporte moderno, seguro y transparente para todo el país”, afirmó la ministra de Transporte saliente, María Fernanda Rojas.