De acuerdo con los informes presentados por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI en conjunto con Fenalco, se estima que entre el 27,2 % y el 33 % de los hogares en el territorio nacional utilizarían este vehículo para su movilidad diaria, lo que equivaldría a que tres de cada diez ciudadanos poseerían una motocicleta.
Frente a este volumen de vehículos, los registros operativos evidenciarían un presunto déficit en el cumplimiento de las obligaciones de tránsito. Según los datos que habrían reportado el RUNT y Fasecolda para el corte de marzo de 2026, de los 13,5 millones de motocicletas que estarían circulando en el país, únicamente 5,2 millones contarían con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.
Esta cifra indicaría que aproximadamente el 61 % de los propietarios de este tipo de vehículos, es decir, seis de cada diez motos, transitaría sin la póliza encargada de cubrir los gastos médicos de los implicados en siniestros viales.
Este panorama de presunta evasión habría entrado en la agenda de los sectores políticos de cara a los comicios legislativos y las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el próximo domingo 8 de marzo.
En medio de los debates preelectorales, una de las iniciativas enfocadas en esta población es la del precandidato presidencial por la coalición Gran Consulta por Colombia, Juan Carlos Pinzón.
El exministro de Defensa habría expresado su intención de eliminar el cobro del SOAT para este tipo de vehículos, argumentando que la falta de pago respondería netamente a la limitada capacidad adquisitiva de los propietarios.
En declaraciones que habría entregado al medio digital Pulzo, Pinzón sostuvo que los ingresos de estos conductores serían, en algunas ocasiones, inferiores al salario mínimo legal mensual. Adicionalmente, el exfuncionario indicó que la motocicleta representaría una herramienta fundamental de trabajo y sustento, por lo que no debería catalogarse como un artículo de lujo.
Como alternativa a la póliza actual, el equipo del precandidato propondría la implementación de un esquema estatal denominado “Moto Protegida”. Esta iniciativa de política pública plantearía los siguientes ejes para su eventual ejecución:
- Eliminación del cobro obligatorio: La medida buscaría reemplazar el sistema de recaudo vigente con el aparente objetivo de aliviar la carga económica sobre los trabajadores independientes que dependen de la moto.
- Atención médica garantizada: El modelo sugeriría que, a pesar de la eliminación del cobro directo del seguro, el Estado asumiría la responsabilidad fiscal de garantizar la prestación de los servicios de salud para los motociclistas en caso de accidentes.
- Prevención y responsabilidad vial: El proyecto se enfocaría en la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad, presuntamente mediante la entrega de incentivos a los conductores que demuestren un comportamiento riguroso frente a las normas de tránsito.