El crecimiento acelerado del parque automotor colombiano está aumentando la presión sobre la movilidad y la seguridad vial del país, en un escenario donde las cifras de accidentalidad y muertes por tránsito continúan mostrando señales de deterioro.
Actualmente, más de 21 millones de vehículos se encuentran activos en Colombia, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Del total, cerca del 63 % corresponde a motocicletas, lo que equivale a más de 13 millones de motos circulando en el territorio nacional.
Aunque el aumento del parque automotor refleja transformaciones en el acceso al transporte, empleo y movilidad urbana, también ha venido acompañado de un incremento sostenido en los riesgos viales y en la presión sobre la infraestructura de ciudades y carreteras.
De acuerdo con cifras oficiales citadas por CODESS, entre 2024 y 2025 se registraron 8.697 muertes por accidentes de tránsito en Colombia, cifra que representó un aumento de un 5,2 % frente al periodo anterior.
Los datos preliminares de 2026 también mantienen la tendencia al alza: hasta el 31 de marzo, los fallecimientos por siniestros viales crecieron un 20,1 % frente al mismo periodo de 2025.
El comportamiento evidencia que la accidentalidad sigue consolidándose como uno de los principales problemas de salud pública y movilidad del país, especialmente por el impacto humano, hospitalario y económico que generan estos eventos.
Los motociclistas y peatones continúan siendo los actores más vulnerables dentro de la crisis vial; ambos grupos concentran más del 80 % de las víctimas fatales reportadas en accidentes de tránsito.
El crecimiento de motocicletas también ha transformado dinámicas laborales y de transporte en las ciudades. Gran parte del aumento está relacionado con actividades de reparto, domicilios, transporte individual y movilidad de trabajadores que utilizan la moto como principal herramienta económica.
Esta situación incrementa la exposición de conductores a largas jornadas, congestión, fatiga y mayores niveles de riesgo vial, especialmente en corredores urbanos con alta saturación vehicular.
CODESS señaló que el problema no puede abordarse únicamente desde controles o sanciones, sino que requiere fortalecer procesos de educación vial y cultura ciudadana desde edades tempranas.
La entidad advirtió además sobre otros factores que agravan el panorama, entre ellos el deterioro de la infraestructura vial, retrasos en proyectos de movilidad, saturación de vías y uso inadecuado del espacio público.
El impacto económico también empieza a ser relevante. Los siniestros viales generan costos asociados a atención médica, incapacidades laborales, daños materiales, congestión y presión sobre aseguradoras y sistemas hospitalarios.
Para CODESS, el país necesita avanzar hacia una visión más integral de prevención y convivencia vial, involucrando autoridades, empresas, instituciones educativas y ciudadanía.
La entidad insiste en que la seguridad vial debe entenderse como una responsabilidad compartida y no únicamente como un problema de control policial o cumplimiento de normas de tránsito.