En un fallo de alcance nacional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a seis entidades del Estado tomar una serie de medidas motivadas por las 2.870 denuncias sobre fraude con la compra del SOAT que reportaron entre 2022 y 2025.
La Superintendencia Financiera informó sobre estas más de 2.000 quejas ciudadanas que coincidían con el mismo desenlace: personas que pierden su dinero al comprar su seguro en una página web, un contacto o una red social que resulta ser falso.
El fallo fijó obligaciones específicas con diferentes plazos a las autoridades del sector:
- Presidencia de la República (DAPRE): Deberá convocar y liderar una mesa interinstitucional encargada de diseñar la Estrategia Nacional de Prevención, Detección y Reacción frente al Fraude en la Comercialización Virtual del SOAT.
- Ministerio de las TIC (MinTIC): Tendrá un plazo de seis meses para poner en marcha un protocolo interinstitucional de ciberseguridad que permita la identificación, reporte y desmontaje acelerado de páginas web, perfiles en redes sociales, enlaces y aplicaciones fraudulentas.
- Superintendencia Financiera: Deberá fortalecer los canales oficiales de validación previa en línea para que los ciudadanos verifiquen si el vendedor o plataforma está debidamente acreditado antes de realizar cualquier pago.
- Fiscalía General y Policía Nacional: Deberán profundizar las investigaciones penales focalizadas para desmantelar las redes criminales dedicadas a la suplantación de la identidad corporativa de las aseguradoras.
- Comité de Verificación: El Tribunal constituyó un organismo de seguimiento integrado por el despacho judicial, el actor popular, la Procuraduría y las entidades demandadas para evaluar periódicamente el cumplimiento de las órdenes.
Aunque esta determinación es para las entidades de tránsito, al comprador del seguro le corresponde tomar sus propias medidas, entre las que destaca realizar la verificación del sitio en el que está haciendo la compra, desconfiar y asegurarse del trámite que realiza.
El Tribunal dejó claro que la protección al usuario no puede limitarse a simples campañas de “recomendación o autocuidado”, sino que exige condiciones garantizadas por el Estado para realizar transacciones digitales seguras.
En el marco del proceso del tribunal, se conoció que los departamentos con mayor concentración de víctimas reportadas fueron Cundinamarca (1.183 casos), Antioquia (535) y Valle del Cauca (340).
También se detalló que los delincuentes atraen a los propietarios de vehículos ofreciendo descuentos irrestrictos, bonos de combustible o facilidades de pago vía WhatsApp, solicitando giros a cuentas personales y entregando PDFs modificados que no quedan registrados en el sistema RUNT.