Las protestas por el aumento del impuesto predial, derivado de la actualización catastral liderada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ya empiezan a tener efectos económicos concretos.
Esta vez, el impacto se está sintiendo en el sector lácteo, donde los bloqueos de vías han interrumpido la recolección y el transporte de leche cruda en varias regiones del país.
Según advirtió Asoleche, desde el pasado 9 de abril, los cierres han afectado corredores logísticos clave en departamentos como Santander y Boyacá, zonas que concentran una parte significativa de la producción lechera nacional.
En Santander, donde la situación es crítica, la recolección de leche se ha visto completamente paralizada en algunos puntos, mientras que en municipios de Boyacá, como Moniquirá y Chitaraque, el paso intermitente está limitando el acopio diario.
El problema no es menor. La leche es un producto altamente perecedero que, por normativa, debe ser transportado a plantas de procesamiento en un plazo máximo de 48 horas después de su recolección.
Cada retraso en la movilidad reduce ese margen y aumenta el riesgo de pérdidas. En la práctica, esto se traduce en litros de leche que no llegan a su destino o que pierden calidad antes de ser procesados.
Ante las restricciones, algunos transportadores han optado por rutas alternas, lo que implica mayores costos en fletes y tiempos de traslado. Sin embargo, esta solución es limitada y termina trasladando la presión a toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor final.
El gremio reconoce que las manifestaciones responden a preocupaciones legítimas. En zonas rurales, el incremento del predial ha generado inconformidad, especialmente entre pequeños productores que enfrentan aumentos que no siempre corresponden a su capacidad de pago.
No obstante, advierte que los bloqueos terminan afectando directamente a esos mismos campesinos, quienes dependen de la venta diaria de leche para sostener sus ingresos.
El sector hace un llamado urgente al Gobierno Nacional, a las autoridades locales y a los manifestantes para encontrar una salida concertada que permita restablecer la movilidad sin desconocer las demandas sociales.
El riesgo, advierten, no es solo económico, pues la interrupción prolongada de la cadena láctea puede afectar el abastecimiento y, en consecuencia, la seguridad alimentaria.
El episodio pone sobre la mesa una tensión recurrente en la economía colombiana: decisiones fiscales que buscan ordenar el territorio terminan generando efectos inmediatos sobre sectores productivos sensibles.
En este caso, la combinación de protestas, bloqueos y un producto perecedero configura un escenario donde el tiempo juega en contra y las pérdidas pueden escalar rápidamente si no se restablece la operación logística en los próximos días.