El incremento del salario mínimo para 2026 no cerró la discusión económica: la abrió. Con el ajuste en marcha, empresarios, gremios y analistas centran ahora su atención en los impactos que podría tener sobre el mercado laboral y el desempeño de la economía.
Aunque la medida busca acercar los ingresos laborales a un nivel considerado un “salario vital”, su magnitud ha generado una fuerte reacción entre los empresarios, quienes advierten posibles efectos negativos en la economía real del país.
Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), este incremento salarial equivale a 4,6 veces la inflación de 2025, 5,9 veces la inflación proyectada para 2026 y 8,1 veces el crecimiento del PIB, criterios técnicos que tradicionalmente orientan la fijación del salario mínimo y que en esta ocasión habrían sido superados.
Empresarios y representantes del sector productivo señalan que el alza puede elevar considerablemente los costos laborales, principalmente en sectores intensivos en mano de obra como comercio minorista, servicios y manufactura.
Estos costos adicionales no solo afectan directamente la nómina de millones de trabajadores, sino que también tienen un efecto dominó sobre otros rubros de gasto empresarial, como servicios, insumos y logística.
En muchas compañías, la nómina representa una proporción significativa de los gastos operativos, y pasar de una proyección de incremento moderado (entre 10 y 15 %) a uno tan alto exige ajustes rápidos dentro de presupuestos que ya estaban definidos para el inicio del año.
El contexto económico en el que se dan estas discusiones no es menor. Colombia ha registrado en los últimos años un crecimiento por debajo de su potencial.
En 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó apenas 0,7 %, mientras que en 2024 la economía creció 1,6 %. Para 2025, aunque el desempeño ha mostrado una leve mejora con un crecimiento cercano al 2,8 % en los primeros nueve meses del año, el impulso ha provenido principalmente del consumo de los hogares.
Ese compartimento ha estado respaldado, en buena medida, por factores externos y no estructurales, como el ingreso récord de remesas, que alcanzaron los 10.854 millones de dólares, y por los altos precios internacionales del café. Sin embargo, este dinamismo no ha sido suficiente para elevar el crecimiento potencial del país.
Los gremios han advertido que esta presión de costos podría traducirse en traslados de precio al consumidor, fenómeno que a su vez podría alimentar presiones inflacionarias en ciertos bienes y servicios en 2026, reduciendo el efecto real del aumento salarial en poder de compra.
Si bien un mayor salario puede beneficiar a los trabajadores de menores ingresos, también puede tener efectos adversos en el empleo formal si las empresas deciden restringir nuevas contrataciones o postergar aumentos para empleados que ganan más del mínimo, con el fin de absorber la carga financiera.
Los empresarios recuerdan que el proceso de negociación tradicional del salario mínimo en Colombia se realiza entre empleadores, trabajadores y Gobierno, tomando como base variables como inflación y productividad. En esta ocasión, la medida fue adoptada por decreto luego de que no se alcanzara un acuerdo en la mesa de concertación.
Este tipo de aumentos “fuera de los rangos técnicos” puede introducir riesgos en la economía general: elevar los costos de producción, afectar la competitividad de las empresas y, eventualmente, generar ajustes en precios y empleo.
Frente a estas preocupaciones, algunos representantes del Gobierno han defendido la medida como un esfuerzo por mejorar el ingreso de los trabajadores y reducir la desigualdad.