Una semana después de la posesión de Abelardo de la Espriella, Asoblockchain planteó al Gobierno una ruta de 100 días para definir cómo aplicar tecnología blockchain a la contratación estatal. El gremio propone tomar cinco decisiones antes del 15 de noviembre y poner en marcha una primera prueba antes de finalizar el año, con los contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) como posible punto de partida.
La propuesta busca reforzar la trazabilidad de procesos que, al cierre de 2025, representaron $174,8 billones. Ese año, 89,7 % de las contrataciones y compras públicas se gestionó mediante SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según Colombia Compra Eficiente. La cifra corresponde a lo tramitado durante ese periodo y no implica que esos recursos presenten irregularidades.
“La primera decisión del Gobierno no debe ser solo técnica, también es política”, afirmó Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain. Entre las medidas planteadas están respaldar la iniciativa ‘Blockchain 2030’, discutirla con los sectores involucrados, asignar el liderazgo al Ministerio TIC, crear un comité técnico para seleccionar una red existente y definir el primer caso de uso.
El PAE aparece como una alternativa debido a su alcance y a los antecedentes de irregularidades. La idea es que cada documento, modificación, responsable y fecha tenga una huella digital que permita detectar alteraciones posteriores.
La tecnología no garantiza que el dato sea verdadero
El Gobierno ya cuenta con herramientas de análisis. El 6 de agosto, el Ministerio de Defensa presentó Helios, que procesa información de SECOP I y II para identificar señales como oferentes únicos, adjudicaciones rápidas, concentración de contratos y modificaciones aparentemente injustificadas.
Durante 2025, Helios analizó 1.050.850 contratos de 4.056 entidades, adjudicados a 581.741 proveedores por cerca de $182,7 billones. Esta cifra corresponde al universo analizado por la herramienta y no debe sumarse ni compararse directamente con los $174,8 billones de contratación gestionada por SECOP II y la Tienda Virtual.
Suárez reconoce que blockchain tiene límites. La tecnología puede dificultar modificaciones posteriores, pero no evita que alguien registre inicialmente información falsa. “Hace casi imposible cambiar un dato después, pero no impide que alguien reporte desde el principio un avance que no existe”, explicó. Por eso, verificar entregas, obras y servicios seguiría siendo responsabilidad de las entidades y organismos de control.
La propuesta también deberá resolver cuánto costaría integrar blockchain con SECOP, operar la red, auditarla y prestar soporte. El gremio plantea utilizar una infraestructura existente, pero aún faltan presupuesto, responsables, reglas para corregir errores y criterios para seleccionar la red.
Colombia ya tuvo un antecedente en 2020, cuando la Procuraduría, la Universidad Nacional, el Foro Económico Mundial y el BID desarrollaron una prueba de concepto para seleccionar proveedores del PAE. Asoblockchain considera que el nuevo piloto deberá explicar por qué aquel ejercicio no escaló y qué cambiaría seis años después.
El gremio propone medir los resultados mediante tres indicadores: más empresas participantes, menos modificaciones injustificadas y más alertas investigadas. La primera prueba, sin embargo, será determinar si el Gobierno acepta, modifica o descarta la iniciativa durante sus primeros 100 días.