Un grupo de organizaciones económicas y empresariales expresó su preocupación por los recientes acontecimientos relacionados con el aumento del 23.7 % del salario mínimo en Colombia, al considerar que la decisión podría tener efectos adversos sobre el empleo formal, especialmente entre los sectores más vulnerables del mercado laboral.
Así lo señalaron la Red PRO, ANIF y el Consejo Privado de Competitividad en un comunicado conjunto publicado este martes, 30 de diciembre.
Según las organizaciones firmantes, el país enfrenta un contexto laboral complejo, marcado por altos niveles de informalidad y una estructura empresarial dominada por micro y pequeñas empresas.
De acuerdo con el comunicado, más de la mitad de los trabajadores en Colombia se encuentran en la informalidad, mientras que nueve de cada diez empresas pertenecen al segmento de micro y pequeñas unidades productivas, lo que limita su capacidad para asumir incrementos significativos en los costos laborales.
En ese escenario, advierten que un aumento del salario mínimo muy por encima de la inflación y de la productividad laboral podría ampliar la brecha entre los trabajadores formales y quienes hoy están excluidos del sistema de protección social, como jóvenes, mujeres y personas con menores niveles educativos.
Para las organizaciones, el riesgo es que el empleo formal se vuelva inalcanzable para miles de pequeños empleadores, llevando a que la informalidad deje de ser una excepción y se convierta en la única alternativa posible.
El impacto de la decisión, señalaron, no se limita únicamente al mercado laboral. El aumento del salario mínimo también podría reflejarse en el encarecimiento de bienes y servicios que están indexados a este indicador, afectando de manera directa a la población informal.
Entre estos se encuentran la cuota moderadora en salud, la vivienda de interés social y los arriendos, así como el SOAT, el transporte, los servicios públicos y las matrículas educativas.
Desde estas organizaciones se insistió en que la protección del ingreso real de los trabajadores debe ir acompañada de estrategias que fortalezcan la productividad, promuevan la formalización laboral y garanticen la sostenibilidad de las empresas.
En su concepto, decisiones que incrementen los costos de contratación sin considerar estas variables pueden terminar creando mayores barreras de acceso al empleo formal.
Así mismo, reiteraron la importancia del diálogo y la concertación como herramientas para la construcción de consensos en materia laboral. Consideran que decisiones de este calibre no deberían adoptarse de manera impuesta ni acompañarse de discursos que estigmaticen a los empleadores, quienes señalan son actores clave de la actividad productiva del país.
