El Gobierno de Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo de debate sobre el sistema pensional colombiano al presentar un borrador de decreto que busca restringir la proporción del ahorro pensional que las administradoras privadas (AFP) pueden invertir en el exterior y obligar a que una parte significativa de esos recursos permanezca en Colombia.
Según el proyecto, que fue publicado para comentarios hasta el 4 de febrero de 2026, la intención es que solo el 30 % de los fondos pensionales esté invertido fuera del país, mientras que el 70 % restante se destine a instrumentos y proyectos productivos locales, con el objetivo de dinamizar sectores como la infraestructura, la vivienda y la construcción.
La iniciativa surge en medio de discusiones técnicas entre el Gobierno y las AFP, en las cuales se han buscado puntos de consenso sobre el uso de los ahorros de los colombianos.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explicó a Caracol Radio que en la redacción original se había planteado repatriar la totalidad de los recursos, pero que esa propuesta fue ajustada tras las mesas de diálogo. “De esa primera versión, que contemplaba que se iban a atraer todos los recursos a Colombia, eso ha cambiado mucho”, afirmó Eljach a una emisora local.
Desde el Gobierno se ha planteado la posibilidad de revisar el nivel de inversión de los fondos pensionales en el exterior, una discusión que ha generado alertas entre analistas del sistema financiero.
Los defensores de la reforma argumentan que canalizar los recursos hacia el interior del país puede fortalecer el mercado de capitales local, generar liquidez para proyectos productivos y contribuir al desarrollo económico, especialmente en sectores que requieren financiamiento de largo plazo.
En ese sentido, la propuesta incluye la posibilidad de establecer un banco de proyectos de inversión que canalice el ahorro pensional hacia actividades con potencial de crecimiento y retorno.
Sin embargo, el planteamiento ha generado críticas importantes entre economistas y actores del sector financiero.
Voceros de asociaciones vinculadas al sistema pensional señalan que obligar a repatriar fondos limita la diversificación internacional de riesgos y puede afectar la rentabilidad de los portafolios de los afiliados, especialmente en el caso de quienes están más lejos de la edad de pensión.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una forma de “alinear los recursos de largo plazo con las necesidades estructurales del país”, los críticos piden prudencia y un análisis más profundo sobre los efectos que estos cambios podrían tener en la sostenibilidad y seguridad de las pensiones de los colombianos.
