Durante el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Oxfam presentó su informe anual sobre desigualdad, un debate que vuelve a poner sobre la mesa una preocupación central para América Latina: el impacto de la concentración extrema de la riqueza sobre la democracia.
En el caso colombiano, el diagnóstico es contundente. El país figura entre los territorios con mayor acumulación de capital en pocas manos, una realidad que, según la organización, profundiza las brechas sociales y debilita la confianza institucional.
Solo cuatro multimillonarios concentran cerca de US$42.000 millones, una cifra que contrasta con la persistencia de la pobreza, la informalidad laboral y las dificultades de acceso a servicios básicos que enfrentan millones de personas en el país.
Para dimensionar esa brecha, el estudio señala que un millonario colombiano promedio puede obtener en apenas dos minutos lo que una persona promedio gana en un año de trabajo.
Colombia aparece, además, como el cuarto país de América Latina y el Caribe donde los multimillonarios concentran mayor riqueza, una condición que, según el análisis, tiene consecuencias que van más allá de lo económico.
Oxfam advierte que en escenarios de alta desigualdad se incrementa la desconfianza hacia las instituciones democráticas, lo que abre espacio a discursos políticos que prometen soluciones rápidas al malestar social, pero que pueden terminar debilitando el Estado y los derechos ciudadanos.
“La concentración extrema de la riqueza pone en riesgo la democracia. Cuando el poder económico se traduce en influencia política, se debilitan las instituciones y crece la percepción de que el Estado gobierna para unos pocos”, señaló Jenny Gallego, responsable del Programa Influyente de Oxfam Colombia.
También hace énfasis en el sistema tributario del país, al que califica como regresivo. Según la organización, las personas con menores ingresos terminan aportando proporcionalmente más que quienes concentran grandes fortunas, mientras una parte significativa del capital de altos patrimonios y corporaciones se mantiene fuera del país mediante mecanismos financieros como deudas, intereses o transferencias de capitales.
Esta estructura fiscal, advierte Oxfam, limita la capacidad del Estado para invertir en áreas clave como educación, salud y derechos básicos, y reduce el margen de maniobra de las decisiones públicas, que terminan condicionadas por intereses financieros externos.
Otro de los puntos señalados en el documento es la existencia de más de 290 beneficios tributarios en Colombia, muchos de los cuales no cuentan con evaluaciones periódicas.
Para la organización, varios de estos incentivos se mantienen más por presión corporativa que por su efectividad real en la generación de empleo formal o el impulso a la productividad, lo que representa una pérdida significativa de recursos públicos.
“El país tiene recursos disponibles, pero el problema es cómo se recaudan, distribuyen y a quién benefician las reglas del juego”, agregó Gallego, quien subrayó la importancia de que, de cara al escenario electoral de 2026, la ciudadanía evalúe con atención las propuestas fiscales que se pongan sobre la mesa.
A nivel regional, Oxfam estima que una reforma fiscal profunda en América Latina y el Caribe podría aumentar la recaudación hasta en 4 % del PIB, lo que equivaldría a un incremento cercano al 24 % en los ingresos públicos.
Estos recursos, sostiene el informe, permitirían reducir la pobreza, fortalecer los servicios públicos y atender desafíos estructurales como la crisis climática, que afecta con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables.
