El Programa de Alimentación Escolar (PAE) se prepara para uno de los cambios laborales más relevantes de los últimos años.
A partir de 2026, miles de personas que hoy trabajan bajo esquemas temporales o tercerizados serán vinculadas de manera formal, con salario, prestaciones sociales y estabilidad laboral, según lo anunció el Ministerio de Educación.
La medida apunta a transformar las condiciones de quienes hacen posible la operación diaria del PAE, especialmente manipuladoras y manipuladores de alimentos, un grupo históricamente expuesto a contratos precarios pese a cumplir funciones esenciales dentro del sistema educativo.
De acuerdo con el Gobierno, la formalización no será inmediata ni total, sino progresiva. En una primera fase, durante 2026, se espera formalizar cerca del 50 % del personal vinculado al programa. Para 2027, la meta sube al 75 %, y en 2028 se alcanzaría la cobertura total del 100 % de los trabajadores del PAE.
En términos de volumen, el Ministerio estima que más de 20.000 personas podrían ser vinculadas formalmente solo en 2026.
A mediano plazo, el universo completo de beneficiarios de esta política alcanzaría alrededor de 47.000 trabajadores, según lo expuesto por el representante Juan David Peñuela, uno de los impulsores de la iniciativa en el Congreso.
Más que una política de empleo, el cambio busca corregir una falla estructural del programa. Durante años, gran parte del personal fue contratado por cortos periodos, sin continuidad ni garantías, pese a que el PAE opera de manera permanente en colegios públicos de todo el país.
La formalización implica que estos trabajadores contarán con salario mensual, afiliación a salud, pensión, riesgos laborales, primas y vacaciones, lo que representa un giro significativo frente a los esquemas anteriores, basados en órdenes de prestación de servicios o contratos por operación.
Desde el Ministerio de Educación se ha insistido en que esta transición también tiene impacto en la calidad del programa.
La estabilidad laboral permitiría reducir la rotación de personal, fortalecer la experiencia acumulada en las cocinas escolares y mejorar la operación logística del PAE en las regiones.
El anuncio se da en un momento de alta discusión sobre empleo digno y formalización laboral, especialmente en sectores feminizados y de bajos ingresos, donde se concentra gran parte del personal del programa.
Para muchos hogares, esta vinculación representa no solo un ingreso estable, sino acceso pleno al sistema de protección social.
Aunque el reto fiscal y administrativo es considerable, el Gobierno defiende la medida como una inversión social de largo plazo. El PAE no solo buscará garantizar la alimentación de millones de estudiantes, sino también condiciones laborales más justas para quienes hacen posible su funcionamiento diario.