En 2026, el Gobierno Nacional dejará de entregar uno de los subsidios creados durante el mandato del presidente Gustavo Petro, lo que significa el fin de una ayuda económica que se venía otorgando a familias desplazadas por la violencia en la región del Catatumbo.
Este programa, administrado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), se suspendió como parte de los ajustes en la política pública de apoyo social para el año que comienza.
Durante 2025, Prosperidad Social destinó más de 5,3 billones de pesos para financiar diversas líneas de subsidios enfocadas en grupos vulnerables del país, incluyendo programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven, Economía para el Cambio y Devolución del IVA.
Todos estos esquemas continuarán operando en 2026, con excepción de la ayuda que beneficiaba directamente a los desplazados por el conflicto del Catatumbo.
Esta asistencia económica, dirigida a personas que enfrentaron desplazamiento forzado o confinamiento a causa de enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), representaba un ingreso mensual adicional de 230.000 pesos para quienes cumplían los requisitos establecidos durante la vigencia del decreto que autorizó el programa.
El Catatumbo, una subregión del departamento de Norte de Santander, ha sido escenario de tensiones armadas por décadas, generando desplazamientos masivos y afectaciones graves a la población civil.
Para mitigar el impacto humanitario de esta situación, el Estado implementó esta asistencia especial en el marco del Estado de Conmoción Económica, Social y Ecológica declarado por el Ejecutivo.
Hasta el cierre de 2025, alrededor de 12.000 personas habían accedido regularmente a estos pagos a través de la red de servicios del Banco Agrario, que funge como operador financiero de muchas de las transferencias sociales del DPS.
Aunque los beneficiarios aún pueden efectuar el último cobro del subsidio, el plazo está por terminarse: según un borrador de decreto divulgado en diciembre pasado, restan solo 30 días para que concluya formalmente este ciclo de pagos especiales.
El DPS ha sido enfático en aclarar que los desembolsos del último ciclo se efectuarán únicamente a quienes hayan sido identificados como beneficiarios en el marco del Decreto Legislativo 0323 de 2025, expedido a mediados del año pasado.
Por tanto, no se aceptarán nuevas incorporaciones ni se podrán incluir personas derivadas de validaciones posteriores al periodo de vigencia de ese decreto.
Aunque este apoyo específico culmina, las autoridades han confirmado que otras líneas de asistencia social seguirán activas para 2026, con énfasis en programas destinados a aliviar condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social en distintas regiones del país.
Esto incluye la continuidad de subsidios para adultos mayores, jóvenes en condición de vulnerabilidad y hogares priorizados por el Sisbén.
Desde organizaciones comunitarias en el Catatumbo, algunos líderes locales han expresado preocupación por la finalización de este subsidio, advirtiendo que el retiro de esta ayuda podría dejar sin un ingreso esencial a familias que aún enfrentan dificultades económicas y sociales derivadas del conflicto armado.
En respuesta, las autoridades han señalado que se buscará garantizar que las personas afectadas sean vinculadas a otros mecanismos de protección social disponibles.