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“Una reforma tributaria de 5 o 6 puntos del PIB es inviable”: Fedesarrollo

Aunque considera que esta es una oportunidad “de oro” para sacar adelante los cambios que necesita el país, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, insiste en que una reforma de ese tamaño es muy ambiciosa por el complejo ambiente internacional.


Tal vez la mayor atención del país frente al gobierno de Gustavo Petro, que se posesionará el próximo 7 de agosto, está en los alcances de la anunciada reforma tributaria que busca un recaudo de 50 billones de pesos.

En entrevista con Dinero en Semana TV, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que una reforma de ese tamaño es muy ambiciosa por el ambiente internacional bastante complicado que existe, especialmente en la segunda mitad de este año, y en 2023.

“Así que tendremos que hacer una reforma como país, pero con unos alcances mucho menos ambiciosos de los que habló en su momento el presidente electo”, dijo.

Destacó los alcances del acuerdo nacional que garantiza una discusión profunda sobre las reformas que se presentarán en el Congreso. “No creo que el Congreso vaya a actuar como un notario de los proyectos que vaya a presentar el gobierno. Una cosa es tener mayorías y otra es que no se discutan ni se hagan cambios a las propuestas del gobierno”, advirtió.

Invitó también a que se discuta en el proyecto de reforma el tema del IVA, cuyas exenciones pueden acercarse a los 40 billones de pesos, y no es partidario de que se aumenten los impuestos a las ganancias ocasionales porque han permitido hacer mucho más claras y transparentes las cuentas.

Frente a las personas naturales considera que “difícilmente los asalariados aguantan más impuestos” y señala que el gran hueco en materia de tributación en personas está en los independientes.

Mejía manifestó su preocupación por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que, de acuerdo con sus cálculos, tendrá este año un déficit de 34 billones de pesos.

SEMANA: ¿Cuál es su expectativa en este nuevo congreso en materia de reformas?

L.F.M.: Creo que el gobierno electo ha hecho un trabajo muy importante de hacer acuerdos políticos para garantizar mayorías en el Congreso. Algo inesperado realmente, se pensaba que el Pacto Histórico difícilmente iba a tener mayorías, pero con un trabajo arduo de construcción de acuerdos políticos se han logrado unas mayorías en el Congreso que seguramente serán muy importantes para poder discutir las reformas que tanto necesita el país, arrancando por supuesto con la tributaria, que ya el presidente electo ha dicho que será radicada en los primeros días de su gobierno. Me parece positivo, porque eso también garantiza que habrá una discusión profunda sobre estos temas. No creo que el Congreso vaya a actuar como un notario de los proyectos que vaya a presentar el Gobierno, una cosa es tener mayorías y otra cosa es que no se discutan ni se hagan cambios a las propuestas del gobierno. Creo que seguramente habrá una discusión bastante importante y profunda de varios de sus proyectos en el seno del Congreso de la República.

SEMANA: ¿Cree que el acuerdo nacional le va a permitir al Gobierno sacar las reformas que siempre han estado pendientes, como la laboral, la pensional, o a una tributaria estructural?

L.F.M.: Pues, ojalá. Creo que es una oportunidad de oro, porque un gobierno de izquierda con un mandato popular tan importante seguro tendrá esa capacidad de maniobra. Además, con muchos sectores que típicamente se han opuesto a reformas, seguramente podrán de una manera amplia, estar sentados a la mesa, aportando sus observaciones frente a los cambios propuestos. Es una oportunidad muy importante que no se puede desperdiciar. Justamente hace unos días yo escribía en mi cuenta de Twitter, que, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, primero hay que tener mucho cuidado y dar una visión estratégica primero, arrancando con acuerdos al interior del gobierno, sobre lo que se quiere hacer, cuáles son los problemas que se van a resolver y cuáles son esas herramientas que se van a utilizar para resolver esos problemas.

Segundo, haciendo acuerdos con la sociedad civil y por supuesto con el Congreso, los partidos políticos. En el Congreso es donde se definen buena parte de estas políticas y reformas estructurales. Y tercero, muy importante, una cosa que los economistas no tenemos en el primer orden de la agenda, pero que me parece absolutamente fundamental: una estrategia muy clara de comunicación, porque no se pueden cometer errores del pasado donde unas reformas muy interesantes que se comunican de una manera poco estratégica, que terminan sufriendo reveses no solo en la opinión pública, sino también en el Congreso. Así que esa oportunidad está, pero hay que tener una visión estratégica precisamente para no echar al traste esa maravillosa oportunidad.

SEMANA: El presidente Duque ha señalado que en este momento no es necesaria una tributaria y algunos dicen que viendo lo que podría suceder el año entrante, de una desaceleración profunda en la economía, pues no sería el momento indicado para hacer una reforma tributaria. ¿Está de acuerdo con eso?

L.F.M.: No. Cuando hablamos de la reforma tributaria de este gobierno, yo fui muy enfático en decir que no me cabe duda de que la primera tarea del gobierno entrante será una reforma tributaria. Para verdades el tiempo. Ya el presidente electo y el ministro de Hacienda designado, creo que, de una manera muy responsable, han hablado de una reforma. Es imposible decir que el país no necesita una reforma, el tema fiscal es muy complicado Colombia tiene actualmente un déficit fiscal que está cercano al 6% del producto interno bruto, el gobierno entrante, el próximo año tendrá que hacer un ajuste de 2 puntos del PIB. Estamos hablando de 24 billones de pesos en reducción del déficit fiscal, es una tarea monumental, y el riesgo fiscal se ha materializado, Colombia hoy tiene una deuda pública mucho más alta que la que tenía en la prepandemia. Se financia a tasas de interés mucho más altas. Hace 2 años al gobierno le cobraban una tasa de interés cercana al 5 o 6% para títulos de deuda pública a 10 años, hoy en día estamos en niveles del 12%. Nuestro riesgo país ha aumentado sustancialmente, se ha abierto una brecha importante frente a países como Chile y Perú, que eran nuestros pares, en términos del riesgo fiscal, y hoy en día estamos en niveles que incluso en ocasiones superan al de Brasil, y no hay que olvidar también que Colombia perdió el grado de inversión el año pasado de 2 de las 3 agencias de calificación de riesgo más importantes. Así que la tarea fiscal no está terminada, falta un trecho por recorrer, en materia de estabilidad de las finanzas públicas.

Pero hay una preocupación frente al ambiente internacional, el palo no está para cucharas. Por eso, he dicho que una reforma tributaria de 5 o 6 puntos del PIB es inviable, no hay posibilidad, creo que va a ser muy difícil un acuerdo político para hacerlo. Pero incluso si hubiera un acuerdo político, creo que sería indeseable una reforma tan grande, tan ambiciosa, justamente porque tendremos un ambiente internacional bastante complicado, especialmente en esta segunda mitad del año, y el próximo año. Así que tendremos que hacer una reforma como país, pero con unos alcances mucho menos ambiciosos de los que habló en su momento el presidente electo.

SEMANA: De cara a la reforma tributaria, ¿cuál es su opinión de eliminar exenciones, tanto para personas naturales como para empresas, sabiendo que el lobby va a ser bastante intenso en el Congreso?

L.F.M.: Esa es nuestra primera recomendación en las propuestas de reformas tributarias que hemos venido discutiendo. En un documento muy corto de cuatro páginas, la primera que hacemos es justamente este punto, la eliminación de las exenciones sectoriales.

SEMANA: ¿Por qué?

L.F.M.: Porque cuando hay exenciones sectoriales, la tarifa de renta que paga una empresa termina dependiendo del sector económico en el que opera, eso es inequitativo. Lo que consideramos, y creo que se debe discutir, es que nuestro estatuto tributario sea mucho más simple, no tenga esa gran cantidad de exenciones sectoriales, pero que todas las empresas con el mismo nivel de utilidades paguen la misma tarifa de renta, eso es lo que se busca desde el punto de vista de la equidad. Hay un punto importante y es que cada exención sectorial tiene un dueño en el Congreso de la República, un congresista que está detrás para evitar justamente que se eliminen esas exenciones. Nosotros también hemos propuesto, en ese sentido, que si no es posible eliminar todas las exenciones sectoriales, que al menos se introduzca una política de un impuesto mínimo de renta, que estimamos podría ser del 20 o el 25%, para evitar esa discusión del uno a uno de todas las exenciones que muchas veces es difícil quitar. Ahora bien, si el gobierno electo tiene esa capacidad de maniobra para eliminar esas exenciones, sería maravilloso porque sería un paso muy importante y decisivo, justamente hacia ese principio de equidad tributaria que debe regir nuestra política tributaria en Colombia.

SEMANA: En el caso de las personas naturales, se ha hablado de un límite, de los 10 millones de pesos en materia de exenciones para las personas naturales. ¿Qué se puede descontar y qué no, de acuerdo con las propuestas que han planteado al próximo gobierno?

L.F.M.: En el tema de personas naturales, impuestos directos como el de renta, creo, que difícilmente los asalariados aguantan más impuestos. Ya tenemos una tarifa marginal que está en el orden del 39%, que es bastante alta para los de mayores ingresos, y realmente los asalariados, pues, no pueden esconder sus ingresos, por obvias razones. El salario se paga a través de una empresa pública o privada, que reporta a la DIAN esos ingresos, y si bien los asalariados tienen una serie de descuentos, están ya bastante limitados. El hueco grande en materia de tributación en personas no está en los asalariados, sino en los independientes, ahí es donde justamente la comisión de beneficios tributarios que convocó el gobierno hace algunos años, encontró que el 5% de más altos ingresos terminaba pagando unas tarifas efectivas que estaban por debajo de personas que están justo en el percentil 90-95, es decir, que estaban en el 10% de más altos ingresos en el país.

SEMANA: ¿Qué explica eso?

L.F.M.: Muchas de estas personas son independientes, y cuando una persona es independiente, al declarar renta puede deducir una gran cantidad de costos y gastos asociados supuestamente a su actividad de generación de ingreso. En la práctica a la DIAN le queda muy difícil verificar si todo lo que dice esa persona que hace parte de un costo o gasto imputado a su actividad de generación de renta realmente debería estar ahí. Creo que ahí se deben limitar esas deducciones, por parte de los independientes. Ahora bien, nosotros nos apartamos del gobierno de la decisión de decir solamente los de más de 10 millones van a pagar más. Creo que ese es un tema que debería discutirse.

Sé que es difícil políticamente pensar que alguien que gana 6 o 7 millones de pesos, que puede estar en la clase media en nuestro país, tendría que empezar a pagar algo adicional, se puede hacer algo pequeño, ampliando las bases gravables para generar esa cultura tributaria. Ojalá ese punto también se pueda discutir en el seno de esta reforma tributaria en el Congreso de la República.

SEMANA: En las reformas recientes se plantearon temas como los descuentos a la importación de bienes de capital, el ICA, y demás. ¿Qué le está proponiendo Fedesarrollo al nuevo gobierno en esa materia?

L.F.M.: En el tema especialmente del ICA, es una discusión interesante que tuvimos con el gobierno actual porque nos opusimos a que se descontara. ¿Qué es el ICA? El ICA es el impuesto de industria, comercio y también tableros y avisos que se paga a nivel local, que se cobra sobre los ingresos de las actividades empresariales y que usualmente es un impuesto que puede ser bastante gravoso, porque no se cobra sobre la utilidad, sino sobre los ingresos. El gobierno actual para tratar de resolver este problema introdujo un descuento del ICA.

SEMANA: ¿Qué quiere decir un descuento?

L.F.M.: Cuando una empresa declara el pago de su impuesto de renta y tiene un impuesto a pagar, puede descontar de ese impuesto por pagar, el impuesto pagado a nivel del ICA, a nivel local, puede descontar hasta el 50 %. En la ley inicialmente iba a llegar al 100 %, afortunadamente eso se eliminó en la última reforma y se quedó con un descuento del 50%. ¿Por qué consideramos que esto no debería ser así? Porque un descuento del ICA contra el impuesto de renta termina erosionando la generación de impuesto de renta del orden nacional. Fíjese lo que pasó por ejemplo en el caso de Bogotá. En medio de la pandemia, Bogotá decidió aumentar el ICA en algunos sectores, que fueron beneficiados por la pandemia, y esto realmente no tiene costo para los empresarios, porque se puede descontar contra el impuesto de renta. Esto genera incentivos perversos para que se aumente el ICA, que es un impuesto mal diseñado, porque se puede descontar en un 50% contra el impuesto de renta.

SEMANA: ¿Cómo debería ser?

L.F.M.: Cómo estaba antes, si paga un ICA a nivel local, podría deducir este impuesto como cualquier otro gasto o costo de producción. Eso es natural, razonable, pero es que una deducción es diferente a un descuento, el descuento cuando lo hace, puede descontarlo sobre el impuesto a cargo. La deducción es como cualquier otro pago adicional, como el pago de salarios y demás, y eso implica un menor costo fiscal. Nosotros le hicimos esta sugerencia al ministro designado, creo que fue recibida de buena forma y seguramente esperamos que sea acogida dentro de las propuestas de estos elementos de la reforma tributaria que se radicará en los próximos días.

SEMANA: Hay un tema, en las reformas tributarias, que no es nombrado y genera tensión: el IVA. ¿Hay alguna iniciativa que pueda acogerse en materia de IVA en la próxima reforma tributaria? ¿O será un tema vedado como siempre?

L.F.M.: Ahí no tenemos tan buenas noticias, porque en mi discusión preliminar y también de los anuncios que se han hecho por parte de los funcionarios designados en el equipo económico, es que no se va a tocar el tema del IVA. Creo que es infortunado, por varias razones. En primer lugar, porque cuando hablamos de las exenciones que pueden estar en el orden de los 60 a 65 billones de pesos anuales, las más grandes están en el lado del IVA. Las exenciones para el lado de las empresas y personas pueden estar del orden de los 20 a 25 billones de pesos, pero estamos hablando de unas exenciones del IVA que pueden costar unos 40 billones de pesos anuales al país.

Entonces, no tocar el tema del IVA realmente es dejar sobre la mesa una cantidad de recursos que infortunadamente no le están llegando a quienes más lo necesitan, porque recordemos es el tema de incidencia. ¿Ese gasto tributario, ese beneficio tributario a quién les llega? No es usualmente a las personas más pobres que compran en sitios informales en donde no se paga IVA. Usualmente quienes se benefician del tema del IVA, de las exenciones son las personas de clase media y alta.

Ahora bien, la discusión política obviamente se centra en los más pobres porque se dice: si sube el IVA en algunos productos, esto puede generar un impacto regresivo porque los pobres obviamente tienen menos ingresos y podrían sufrir desproporcionalmente un aumento en el IVA. Por eso nuestra propuesta ha sido ampliar muy gradualmente, no para todos los productos, puede dejar algunos temas esenciales de la canasta familiar alimentaria por fuera de esa ampliación de la base gravable.

No los tiene que llevar tampoco al 19 %, que fue un error que se cometió en la propuesta de reforma tributaria el año pasado. Puede ir haciéndolo gradualmente, pero al mismo tiempo, a través de un mecanismo de no pago de IVA para el 20 o 30 % de más bajos ingresos, justamente garantizarle a la sociedad civil, al Congreso, a las personas más vulnerables, que ellas no se verán afectadas con un aumento de la base gravable del IVA.

Pero creo que es un tema que no se debería dejar por fuera, vale la pena discutirlo a través de un acuerdo al interior del gobierno a un acuerdo con los partidos políticos, porque realmente dejar sobre la mesa 40 o 30 billones de pesos, que tanto se necesitan en este momento, sería una oportunidad perdida. Ojalá se pueda otra vez abrir esa discusión.

SEMANA: El otro tema de la reforma tributaria y que parece cobró vida fue el de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. ¿Cuál es su opinión?

L.F.M.: Esa es una iniciativa que no debe verse desde el punto de vista de buscar recursos. Realmente el objetivo de los impuestos saludables es dar señales de política pública a los consumidores, sobre qué tipo de alimentos o bebidas pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Por qué tiene sentido un impuesto a los alimentos y bebidas no saludables? Básicamente por dos razones.

La primera, por lo que se conocen como externalidades, que se dan cuando la gente consume productos que pueden ser perjudiciales para la salud. El tratamiento de quienes resultan enfermos termina siendo asumido por el resto de la sociedad, porque tenemos un sistema de aseguramiento público y privado que cubre a la totalidad de la población. Es una externalidad que amerita desde el punto de vista técnico, aumentar el gravamen a ese tipo de alimentos y bebidas no saludables. Pero el segundo punto, tal vez menos conocido, se conoce como las internalidades.

Y es que las personas muchas veces no saben que lo que están consumiendo puede ser altamente perjudicial para la salud a través, por ejemplo, de la obesidad, incluso también de la diabetes o de problemas cardiovasculares. Por eso nosotros consideramos que esta señal de política pública puede ser interesante.

Esto requería una cosa mucho más estructurada. En algún momento se hablaba del impuesto a las gaseosas. No, realmente es una cosa de alimentos y bebidas no saludables, para cosas que tengas exceso de azúcar, de sal o de grasas saturadas, estos 3 elementos que en exceso justamente pueden ser perjudiciales para la salud. Y, de nuevo, el mecanismo no es para aumentar el recaudo, ese no es el objetivo. Es dar señales de política pública.

De hecho, un buen impuesto saludable bien diseñado, no debería generar recaudo, porque da la señal justamente para evitar que las personas consuman en exceso ese tipo de alimentos y bebidas no saludables. Me parece importante, no va a recaudar mucho dinero, pero es una señal clave, desde el punto de vista de política pública especialmente en salud.

SEMANA: De hecho, si es exitosa, el recaudo debe caer...

L.F.M.: Así es. Si está bien hecho, lo que la gente va a ser es sustituir ese tipo de productos, por otras cosas más saludables, y debería entonces no generar un recaudo importante, desde el punto de vista de ese impuesto.

SEMANA: ¿Qué piensa de la propuesta que ha planteado el nuevo director de la DIAN, en materia de cárcel para evasores?

L.F.M.: Tengo mis inquietudes y mis dudas sobre esto. Este tema lo discutimos cuando yo estaba en el gobierno Santos en el 2016, y creo que tiene sentido, en principio, plantear la idea de, si una persona evade impuestos debería ir a la cárcel. Tengo dos observaciones frente a ese punto y es una discusión bien interesante, que se dio en el Congreso en su momento.

La primera es, ¿vale la pena en el contexto de una crisis carcelaria, una falta de cupos, meter más gente a la cárcel, producto de un tema que realmente es un delito tributario? Probablemente más bien buscar temas de multas y reparación, y que se pague el saldo adeudado, sería mucho más interesante.

El segundo punto, creo que es el tema de la legitimidad de la DIAN. Cuando yo hablo de este tema con los congresistas, con los empresarios, lo que me dicen es: realmente consideramos que hoy en día la DIAN no tiene la legitimidad como institución para poder generar un mecanismo de enviar a la gente a la cárcel. ¿Por qué? Porque la DIAN infortunadamente, no hablo de todos los funcionarios, pero si hay algunos que han tenido graves problemas de corrupción, de delitos, personas que han ido a la cárcel.

Entonces, si no se hace una reforma de gobierno corporativo, de personal, de calidad de personal en algunos sectores específicos, pues darle tanto poder a una institución que ha tenido tantos problemas, creo que podría ser incluso perjudicial. Muchos me dicen, oiga si esto actúa, estamos pensando en irnos del país porque no confiamos en la probidad de algunos funcionarios de la DIAN, y darle el poder de enviar a la cárcel a una persona, podría ser en algunos casos perjudicial.

Considero que hay que dar una discusión, primero, de gobierno corporativo, de si se hace una reforma, un revolcón a la DIAN para darle esa legitimidad, y segundo por supuesto, si esto podría estar en contexto de una política carcelaria, que infortunadamente hoy tiene grandes problemas en nuestro país. Por eso tengo mis dudas sobre esa propuesta que ha hecho el director de la DIAN.

SEMANA: ¿En materia de dividendos cree que hay espacio para hacer algo?

L.F.M.: Mientras no se disminuya la tarifa de renta que pagan las empresas, que actualmente está en el 35%, creo que va a ser imposible. Es que infortunadamente la gran mayoría de personas no conoce exactamente cómo funciona la tributación a los dividendos.

Escuchan que la tarifa a los dividendos es del 10 o 15%, y naturalmente dicen, cómo puede ser que un rentista de capital, que usualmente son las personas de ingresos altos, esté pagando el 10 o el 15, cuando yo como asalariado tengo que pagar 34, 35, 39 % de impuesto a renta.

Pero ojo, es que realmente como funciona en Colombia, cuando paga el impuesto a los dividendos, no puede deducir el impuesto a la renta pagado en cabeza de la empresa, que es la tarifa de renta del 35, porque cuando tiene unas utilidades en la empresa, tiene que pagar 35% de impuesto a renta. Ahí entonces, quedan unos dividendos para distribuir, y sobre esos dividendos se cobra un 10, un 15%.

¿Cuál es la tarifa efectiva, entonces, de dividendos? No es 10 o 15%, entonces la tarifa de renta pagada por la empresa, más los dividendos, termina siendo superior al 43%. Realmente no hay mucho más espacio. No creo que uno debería pensar que el gobierno debería ser una especie de socio mayoritario de una empresa y subir la tarifa efectiva de los dividendos al 50-51%, eso no tiene sentido.

Se debería cambiar, yo creo que sería interesante desde el punto de vista de comunicación. Fijar una tarifa de dividendos muy cercana a lo que es la tarifa de los asalariados o de los independientes, la máxima 39%, pero permitiendo que el impuesto de los dividendos se pueda deducir el impuesto pagado en cabeza de las empresas. Ahí es donde está el quid del asunto, y si seguimos el modelo actual me parece imposible subir el impuesto a los dividendos.

SEMANA: ¿Hay espacio para aumentar tributos a ganancias ocasionales?

L.F.M.: Esa fue una reforma muy positiva que hizo ya hace unos años, en donde se pensaba que la tarifa general realmente era disuasiva y que la gente lo que hacía era esconder esas ganancias. Esa fue una discusión bien interesante que se dio en el Congreso, porque la tarifa general en ese momento estaba en el 33%, para ganancias ocasionales, y lo que se digo fue: disminuyamos la tarifa al 10% y miremos cómo nos va.

Y los resultados han sido extraordinarios, y esto muestra también que cuando tiene tarifas excesivamente altas, eso induce obviamente a mecanismos de elusión y evasión. Considero que no hay que cambiar lo que ya funciona. Si la tarifa está en el 10%, ha mostrado resultados, ha garantizado que la gente actúe con confianza, con sinceridad, le diga a la administración tributaria cuánto es la ganancia ocasional.

Empezar a destruir esa tarifa de renta, que no va a generar mucho recaudo en el margen, podría al revés ocasionar que la base sobre la cual se tributa empiece a caer rápidamente. Así que no me parece que sea un mecanismo interesante desde el punto de vista de mayor recaudo.

SEMANA: Pasando a otra de las prioridades, ¿hay espacio para que el nuevo gobierno pueda ajustar el presupuesto que le deja el gobierno saliente?

L.F.M.: No desde el punto de vista del monto, porque el monto básicamente está atado al espacio de gasto que da la regla fiscal. Una de las grandes tareas que tiene que hacer el gobierno entrante, es que el próximo año tiene que reducir el déficit fiscal en 2 puntos del PIB, 24 billones de pesos. Para dar órdenes de magnitud, esa fue la reducción que el gobierno actual tuvo que hacer en 2 años.

El déficit se redujo en más o menos 2 puntos del PIB, entre el 2020 y el 2022. Ese mismo ajuste que este gobierno hizo en 2 años, lo tendrá que hacer en un año el gobierno entrante. Entonces, como tiene que reducir el déficit fiscal en 2 puntos del PIB, realmente no va a haber posibilidad de aumentar el tamaño del presupuesto.

SEMANA: ¿Qué puede hacer?

L.F.M.: Reorientar al interior de ese tamaño, algunas partidas presupuestales de acuerdo con sus prioridades. Por supuesto, eso realmente es el objetivo fundamental de un presupuesto general de la nación, pero en términos de mayor gasto, no se puede hacer nada y ahí va a estar una camisa de fuerza a reventar partidas, pero sin modificar el tamaño del presupuesto.

SEMANA: ¿Vería algún riesgo en el pago de la deuda?

L.F.M.: Infortunadamente el espacio fiscal es muy limitado. Si tiene que reducir el déficit fiscal en 2 puntos del PIB, pues realmente patear hacia adelante como se dice en los círculos financieros, el pago de deuda va a ser complicado especialmente porque el costo de financiamiento está muy alto, estamos hablando tasas a 10 años, que están al orden del 12%. Entonces, obviamente vamos a requerir que en Crédito Público, el Ministerio de Hacienda, sean creativos de manera ordenada.

Seguramente ir aumentando el perfil de la deuda, alargando ese perfil en el tiempo, pero infortunadamente es muy limitado, porque el ambiente internacional está muy complicado: hay riesgo de recesión en Estados Unidos, hay riesgos de desaceleración económica a nivel mundial, y hoy obviamente hay un deterioro generalizado en el precio de los activos, a nivel de los mercados emergentes, incluyendo a Colombia. Así que el margen está muy limitado, y como seguramente siempre pasa, el Ministro de Hacienda una vez posesionado dirá que este gobierno le dejó la olla raspada.

SEMANA: El otro tema es el precio de la gasolina. El gobierno actual ha venido haciendo una senda para empezar incrementos en el precio de la gasolina para paliar un poco el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Qué cree que va a hacer el próximo gobierno?

L.F.M.: Infortunadamente ese es otro problema gravísimo porque en nuestro estimativo es que el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que es el que justamente subsidia la gasolina en el valor que se paga en Colombia frente al valor del precio internacional, podría estar en el orden de los 34 billones de pesos este año.

Hablábamos ahora de una reforma tributaria que podría recaudar entre 2 o 3 puntos el PIB. Bueno esa reforma ya se gastó en el subsidio a la gasolina. Ahora bien, políticamente es muy complicado por supuesto decir que se debería haber aumentado el precio de la gasolina para reflejar plenamente los precios internacionales, porque políticamente es inviable, obviamente la gente no se aguanta un aumento en el precio de la gasolina, de hecho, eso generó protestas en muchos países, incluyendo Ecuador, Chile y Francia, con los chalecos amarillos.

Es un tema políticamente complicado. Ahora bien, creo que el gobierno actual infortunadamente se fue al otro extremo. No creo que sea viable políticamente que el precio refleje plenamente el precio internacional, pero el gobierno actual prácticamente sostuvo el precio de la gasolina, lo que generó la mayor brecha del precio internacional frente a lo que pagan los colombianos en la historia de este fondo.

Entonces ya el gobierno está saliendo, le deja una hoja de ruta, una papa caliente, si se quiere, al gobierno entrante, donde se tendrá muy gradualmente que aumentar el precio de la gasolina.

L.F.M.: Pero yo creo que es lo que hay que hacer, entre otras razones porque si nos convencemos de la historia del cambio, desde el punto de vista del uso de fuentes de energía, de la necesidad y la responsabilidad como país, de la transición energética, yo creo que no tiene mucho sentido que no se le estén dando señales a los consumidores, a las empresas, de que los combustibles fósiles están más caros.

Eso es lo que está pasando hoy en día, están más caros y los hogares y las empresas en Colombia están pagando un precio muy inferior al precio internacional. Esto no es un tema de blanco o negro, infortunadamente así se ha planteado.

Creo que es un tema de grises, en donde se debe plantear una gradualidad, para ir dándoles justamente esas señales de política pública a los agentes, pero también por otro lado, resolviendo un problema de déficit en ese fondo que es en realidad extraordinariamente grande.

SEMANA: Y finalmente, ¿cuál es su visión del panorama económico de lo que resta de este año y el año entrante? Uno ha visto que mayo fue un mes muy bueno en materia de crecimiento, pues, hace un año, estábamos en medio de un paro y seguramente este segundo trimestre va a ser muy bueno, por la base de comparación que tenemos. Sin embargo, ya se empieza a ver que la base de comparación en el segundo semestre va a ser mucho más pareja, y el año entrante se estima que el crecimiento no va a ser de 6 o 7 por ciento, como se está planeando este año, sino de 2 por ciento...

L.F.M.: Tal cual, realmente buena parte de las cifras que estamos viendo tienen que ver con un efecto base. Esta cifra de mayo que, si mal no recuerdo, estuvo en 16 o 17%, es puro efecto base porque se compara contra el mayo del año pasado, que estuvo gravemente afectado por el paro nacional y los bloqueos especialmente.

Si mira cuánto creció la economía en mayo, frente a abril de este año, se contrajo un 0,2%, así que esta cifra realmente tiene un puro efecto estadístico que no refleja realmente una aceleración adicional frente a lo que ya hemos venido viendo.

Y ese efecto base va a desaparecer desde la segunda mitad de este año. Incluso desde el próximo año también, vamos a ver cifras más normales de crecimiento, seguramente un 2 o 3%.

Va a ser muy difícil para el gobierno, porque nadie entiende esto, este efecto base que estemos discutiendo, nadie lo entiende, es muy difícil de explicar y cuando el gobierno empiece a recibir una economía que ya no crece al 8 o al 10 o 16%, sino al 2 o 3%, la gente va a decir ‘claro, el gobierno entrante se tiró el crecimiento económico’ y realmente va a ser un efecto estadístico.

Entonces, va a tener una presión desde el punto de vista político, porque las cifras no van a ser buenas. Y, por otras razones, porque el ambiente internacional tampoco ayuda. De hecho, Estados Unidos fíjese que cuando se pensaba a principios de este año que iba a crecer por encima del 4%, ya se está hablando de un crecimiento del 2,5.

El ambiente internacional es muy volátil, el ambiente local no va a ayudar, porque las cifras ya no van a traer el efecto base, y van a estar otras a niveles normales, y el desempleo seguramente va a mejorar, pero todavía va a estar por encima del 10%.

Es un coctel de noticias bastante negativo, peligroso, desde el punto de vista social, porque esto puede otra vez generar resquemor en las personas más pobres y vulnerables, y eso va a requerir un muy buen manejo por parte del equipo económico del gobierno, incluyendo una estrategia muy clara y concreta de comunicación, pero también, de acciones rápidas, ojalá en los primeros días de gobierno, que permitan justamente acelerar la generación de empleo y el crecimiento económico.

De otra manera vamos a tener una situación yo creo, que bastante complicada, con muchos nubarrones en el horizonte infortunadamente en esta segunda mitad del año y especialmente en el 2023.