En los últimos días, las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero han elevado su voz contra lo que han calificado como una grave vulneración a las condiciones laborales al interior del gremio de actores y actrices en Colombia.
Sus denuncias pusieron el dedo en la llaga de un sector cultural golpeado por años de informalidad y dificultades financieras.
Gallego, reconocida por sus roles en producciones emblemáticas como Me llaman Lolita, El man es Germán, La ley del corazón, entre otras, relató en SEMANA cómo la Fundación T de Teatro le adeudaba salarios, mientras que Borrero, con una trayectoria que incluye obras de alto impacto social, denunció patrones similares de retrasos y falta de garantías laborales.
A pocos días de las denuncias, la respuesta del Gobierno llegó. Este 2 de marzo, los ministerios de las Culturas, las Artes y los Saberes, y del Trabajo anunciaron la instalación de una mesa interinstitucional para abordar estas quejas de frente.
La ministra Yannai Kadamani y el ministro Antonio Sanguino lideran esta iniciativa, que incluye inspecciones laborales inmediatas, procesos de formalización y pedagogía para el sector.
En un comunicado conjunto emitido esta tarde, detallaron una hoja de ruta clara que prioriza el caso de la Fundación T de Teatro, pero que se extenderá a otras salas con denuncias similares.
“El sector cultural no puede seguir naturalizando la informalidad. La inspección laboral ha estado históricamente asociada a otros sectores económicos, pero hoy damos un paso decisivo para aplicarla también en el ámbito cultural, no con un ánimo sancionatorio inmediato, sino con un enfoque pedagógico que nos permita avanzar hacia la formalización y la garantía efectiva de derechos”, afirmó el ministro Antonio Sanguino en el texto oficial.
Por su parte, la ministra Kadamani enfatizó el compromiso integral del Estado.
“La cultura es un pilar de lo público y no puede sostenerse sobre la precarización. Acompañaremos cada paso de este proceso para que quienes han presentado quejas reciban respuestas claras y acciones concretas. La dignificación laboral hace parte de nuestra apuesta estructural por transformar el sector”, señaló en el mismo comunicado.
La estrategia acordada entre ambas carteras es concreta:
- Gestión inmediata del Ministerio del Trabajo para atender reclamos específicos de artistas y trabajadores.
- Avance en inspecciones en salas y espacios culturales con denuncias formales.
- Socialización de la Ley del Actor y disposiciones de la reforma laboral, dirigida a trabajadores y empleadores.
- Diálogo tripartito con artistas, directivos de la Fundación T de Teatro y el Gobierno, para buscar acuerdos.
- Evaluación de inspecciones conjuntas en regiones del país con problemas similares.
El ministro Sanguino fue claro al reconocer las realidades del sector:
“En Colombia existen más de mil salas de teatro con características diversas. La institucionalidad debe reconocer esas particularidades para diseñar procesos de formalización viables, que no desconozcan las dificultades del emprendimiento cultural, pero que tampoco justifiquen la vulneración de derechos”.
El jefe de la cartera también aseguró que desde el ministerio la “responsabilidad es garantizar que artistas, técnicos y trabajadores vinculados a la producción cultural cuenten con condiciones dignas, pago oportuno y mecanismos claros de reclamación”.
El anuncio llega en un momento clave para el teatro colombiano, que tras la pandemia y con presupuestos estatales limitados ha visto cómo muchas salas independientes operan al límite.
Desde el Gobierno, insisten en que esta no es una cacería, sino una oportunidad transformadora. Ambas carteras reiteran que la dignidad laboral es prioridad de política pública, abriendo la puerta a una formalización estructural que fortalezca la transparencia y sostenibilidad del ecosistema cultural.