En todas las campañas presidenciales desde hace muchos años, al hablar de política exterior solo se mencionaban los desgastados temas de la profesionalización del cuerpo diplomático y de las reformas de la OEA y de la ONU. Ahora, para nuestro país, la política exterior tiene consecuencias directas para millones de colombianos.
En este momento, el afán fundamental de la gran mayoría es la angustia por la delincuencia rampante, que nos tiene contra la pared como pocas veces ha sucedido en la historia contemporánea de nuestro país. No es un fenómeno solamente doméstico, sino que tiene vínculos internacionales y afecta a varios países.
Como la delincuencia es transnacional, se requerirá un esfuerzo especial con los demás Estados y organismos internacionales para generar acciones colectivas reales a fin de enfrentarla: eso no viene por arte de magia, hay que trabajar para lograrlo. Las gavetas de los escritorios de las presidencias y de los ministerios se encuentran repletas de declaraciones de buenas intenciones que nunca se cumplen.
La vecindad con Venezuela nos obliga a trabajar decididamente con el Gobierno actual y con el Estado administrador en la recuperación de ese país, no obstante que los tentáculos del chavismo-madurismo persistan y que estén causando malestar en grupos opositores venezolanos. Tenemos 2.219 kilómetros de una frontera abierta y porosa.
La frontera no puede ser una especie de muro de Berlín, pero tampoco una peligrosa y ambigua “zona de paz” como la de Maduro y Petro. Debe ser una región para actuar en forma conjunta económica, social y militarmente, generando el desarrollo, solucionando los problemas y creando unas condiciones mínimas de seguridad. El Catatumbo y Arauca-Apure no pueden seguir siendo unas de las zonas fronterizas más peligrosas del mundo.
La relación con Ecuador es fundamental y de ella dependen muchos colombianos. Muy en el fondo allá hay un resentimiento. El ataque al campamento de Raúl Reyes en su territorio, los sicarios que asesinaron a un candidato a la presidencia, los bandidos colombianos en las cárceles ecuatorianas, que desde ellas siguen delinquiendo, así como las acusaciones de la falta de acción contra los grupos armados, no pueden ignorarse. Hay ejemplos de que esas prevenciones pueden superarse.
Algo parecido puede decirse respecto a las relaciones con el Perú. No se puede seguir con las reclamaciones públicas sobre la isla de Santa Rosa, que indujeron a los militares peruanos a comprar nuevos aviones de combate. Además, los llamados Comandos de la Frontera, que actúan en el Putumayo, se refugian en el Perú. Con México y Brasil hay que actuar en llave, pero no a su sombra, como sucedió con este Gobierno. Nuestro vecino es la versión suramericana de Estados Unidos.
Se nos olvidó que somos limítrofes con países centroamericanos y del Caribe; no les podemos dar la espalda. Si incurrimos en ese error, no podemos volver a cometerlo, es nuestro entorno.
Las pretensiones provincianas de liderazgo mundial, de la mediación en conflictos internacionales seculares y del Premio Nobel de la Paz pueden esperar.
Para Estados Unidos, los grupos armados vinculados al narcotráfico son una amenaza para su seguridad interna. Vamos a tener que contar con Washington, lo que no implica que estemos subordinados a las posiciones norteamericanas en los organismos internacionales, ni menos aún a sus lineamientos y acciones en su política exterior. Especialmente, cuando varias de las acciones de Trump han merecido fuerte oposición, incluso dentro de Estados Unidos. Se requerirá un cuidadoso equilibrio que habrá que manejar acertadamente en esa delicada relación.
Nuestro país en un momento como el actual debe, más que nunca, tener muchos y buenos amigos, no importa su sistema de gobierno. En especial ahora que estamos en la mira mundial por el narcotráfico y la minería ilegal, que avanzan paralelamente con la contaminación de los ríos y de los bosques; por la presencia de grupos armados que ya se mueven por todas partes; con mercenarios acusados de actos de barbarie en África y con unas jurisdicciones marítimas frecuentadas por los traficantes y los piratas.
La política exterior fue en Colombia una “política de Estado” adelantada por consenso con participación de todos los grupos políticos, a pesar de las diferencias entre ellos. Aunque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores tiene, entre otros, ese propósito, en los últimos años no se ha cumplido, entre otras cosas, por el afán de algunos mandatarios de ver en alguna forma limitada su función como directores de las relaciones internacionales. Igualmente, por las rivalidades entre algunos expresidentes. La Comisión habrá que activarla para que sirva como tal: para asesorar y no simplemente para cumplir un requisito.
Los problemas domésticos colombianos se internacionalizaron, qué vamos a hacer. No podemos tener la política “del avestruz”.