Una de las iniciativas de cooperación regional más ambiciosas impulsadas en los últimos años es el denominado Escudo de las Américas, la alianza promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a comienzos de marzo. El acuerdo reúne a Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago con el propósito de reforzar la seguridad hemisférica y coordinar esfuerzos frente a las amenazas del crimen organizado.
La iniciativa fue presentada oficialmente el 7 de marzo durante la Cumbre del Escudo de las Américas, celebrada en el Trump National Doral de Miami. En ese escenario, Trump firmó la proclamación que formalizó la adhesión de los países participantes a este nuevo esquema de cooperación regional. El acuerdo establece la coordinación de acciones militares y policiales para combatir organizaciones criminales transnacionales, con especial énfasis en la lucha contra los carteles del narcotráfico.
Desde el Departamento de Estado, el Escudo de las Américas fue definido como una asociación destinada a “impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y carteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva”. Trump, por su parte, presentó la plataforma como una herramienta para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente mediante la Coalición Anticarteles de las Américas, concebida como un acuerdo militar para enfrentar el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.
Sin embargo, el lanzamiento de la iniciativa estuvo acompañado de una controversia significativa. La ausencia de Colombia entre los países fundadores llamó la atención debido a que el país ha sido durante décadas uno de los principales aliados de Washington en la región, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.
En su momento, el saliente presidente Gustavo Petro criticó la decisión y cuestionó que la alianza estuviera conformada por países “pequeños, débiles y sin experiencia” para enfrentar un fenómeno tan complejo como el narcotráfico.
Desde Washington, no obstante, la postura fue distinta. La Casa Blanca sostuvo que Colombia aún no había alcanzado el nivel de cooperación esperado para formar parte de la alianza antinarcóticos.
“No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del Gobierno colombiano para invitarlos”, dijo el 10 de marzo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Pero, ciertamente, esperamos que esta nueva organización se amplíe y podamos seguir invitando a países miembros adicionales”, añadió en rueda de prensa.
Tres meses después, el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia alteró por completo ese panorama. El pasado 21 de junio, Abelardo De La Espriella derrotó a Iván Cepeda en la segunda vuelta y se convirtió en presidente electo. Poco después de conocerse los resultados, el abogado de 48 años anunció a través de una publicación en X que el país se sumará al Escudo de las Américas una vez asuma el cargo, tras la invitación formal del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.
“A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas”, escribió el ahora presidente electo. “Colombia NO será más gobernada por un Gobierno complaciente con el narcoterrorismo; pasaremos a combatirlo como corresponde”, añadió.
No obstante, la eventual incorporación de Colombia al Escudo de las Américas plantea interrogantes sobre los beneficios concretos que podría representar para el país y el papel que desempeñaría dentro de esta alianza regional.
Para Camilo Jaimes, vicepresidente y director ejecutivo del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, uno de los principales aportes de esta integración estaría relacionado con el fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar las nuevas dinámicas del crimen organizado transnacional.
“Estamos en el frente de empresas multinacionales que prestan servicios de criminalidad, están interconectadas, son altamente resilientes e inmanejables, van mutando. Entonces, eso exige que las respuestas se tengan que ver desde el plano regional”, señaló en diálogo con SEMANA.
Esta visión la comparte el excanciller Julio Londoño Paredes, quien subrayó que los principales desafíos de seguridad que enfrentan Colombia y otros países de la región tienen un carácter transnacional.
“Es un hecho absolutamente evidente que la delincuencia que está afrontando Colombia, al igual que otros países, es una delincuencia internacional. No sacamos nada con actuar en nuestro país si no se hace de la misma forma por parte de otros países del continente”, afirmó en declaraciones a este medio.
En ese contexto, Jaimes considera que la cooperación regional permitiría fortalecer capacidades en materia de doctrina militar, tecnología, inteligencia y estrategias conjuntas. “En resumidas cuentas, Colombia gana en reforzar y actualizar las capacidades institucionales frente al crimen organizado transnacional”, agregó.
El analista también sostuvo que Colombia podría desempeñar un papel protagónico dentro de la iniciativa gracias a la experiencia acumulada durante décadas en la lucha contra grupos armados y organizaciones narcotraficantes. “No hay un ejército tan preparado ni una institucionalidad tan preparada para tomar este tipo de medidas a nivel regional. Colombia es el único país, yo creo que en América Latina, que puede hacer y coordinar ese tipo de operaciones”, aseguró.
Además, destacó que el país cuenta con capacidades institucionales y jurídicas que le permitirían asumir un rol relevante dentro de este mecanismo de cooperación regional, en momentos en que las amenazas del crimen organizado exigen respuestas cada vez más coordinadas entre los Estados.
Londoño, por su parte, señaló en SEMANA que el éxito de una alianza de este tipo dependerá de que la cooperación entre los países trascienda los compromisos formales y se traduzca en acciones concretas y coordinadas. “Yo creo que la única forma de ayudar y acertar en esa acción de combatir la delincuencia transnacional es a base de contactos, de conocimientos y casi de amistad entre los ministros de Relaciones Exteriores de los diferentes países y los jefes de Estado”, indicó.
En esa línea, Jaimes señaló que la alianza podría convertirse en la base de una nueva etapa de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, con alcances que irían más allá de la seguridad y la defensa. “El Plan Colombia 2.0, más que una llegada de fondos y asistencia técnica, es renovar un entendimiento entre los dos países en varios sectores, no solo militar e inteligencia, sino en temas de desarrollo, de cooperación, de inversión extranjera”, concluyó.
Londoño también consideró positiva la inclusión de Colombia en la alianza, aunque advirtió que su verdadero impacto dependerá de los resultados. “Ojalá en un momento determinado se puedan concertar acciones efectivas para enfrentar esta delincuencia transnacional. Muchos de nosotros la afrontamos, especialmente Colombia, que está en primera fila en ese sentido”, puntualizó.
Con el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas en la mira, el verdadero alcance de esta incorporación dependerá de la capacidad de la alianza para traducir sus compromisos en acciones concretas contra el crimen transnacional y fortalecer la cooperación entre los países miembros.