El Gobierno de Cuba, liderado por Miguel Díaz-Canel, autorizó este martes, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas. No obstante, mantendrá el monopolio estatal en los sectores de la salud, la educación y la defensa, aunque busca impulsar otros sectores, todo en medio de la crisis que vive la isla.
El Decreto-Ley 114/2025 del Consejo de Estado, que entrará en vigor a inicios de abril, regula “las asociaciones de entidades empresariales estatales y no estatales” para “la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas”, según el texto publicado en la Gaceta Oficial del régimen cubano.
Estas nuevas entidades tendrán autonomía empresarial y podrán determinar el número de empleados y sus salarios, así como abrir establecimientos comerciales en Cuba y en el extranjero, en un intento por abrir aún más la asfixiada economía de la isla, que permanece bajo el bloqueo de Estados Unidos.
Asimismo, podrán realizar todo tipo de actividades, “con excepción de la prestación de servicios de salud y educación o de actividades relacionadas con las instituciones armadas”, añade el texto, subrayando que no están sujetas a los principios de planificación que rigen gran parte de la economía cubana por cuenta de la dictadura socialista.
En 2021, el gobierno cubano autorizó la apertura de pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), de hasta 100 empleados, en ciertos sectores de la economía, luego de una prohibición de casi seis décadas. Este fue un nuevo episodio de apertura económica impulsado por la administración de la isla.
Ante las dificultades del Estado para obtener divisas en medio de una crisis económica sin precedentes —marcada por el reforzamiento del embargo estadounidense, la caída del turismo, el fracaso de la reforma monetaria y las debilidades estructurales de las empresas estatales—, el sector privado ha ganado terreno en el tejido económico del país en los últimos años.
Para 2025, las cerca de 9.900 empresas privadas del país representaban el 15 % del PIB y empleaban a más del 30 % de la población activa. Ese mismo año, las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público, representando el 55 % del comercio total.
En este contexto, Washington, que impone un bloqueo energético de facto a La Habana, ha autorizado la venta de combustible a empresas privadas de la isla, con la condición de que las transacciones no beneficien al Gobierno comunista cubano que permanece en el poder desde 1959.
Con información de AFP.