Luego de que Estados Unidos derrocó el régimen de Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el país de Norte América tomó el control del petróleo del país caribeño. El pasado miércoles, 14 de enero, se confirmó la primera compra millonaria del recurso natural, que alcanzó hasta los 500 millones de dólares.
De acuerdo con varios reportajes de la prensa estadounidense, que se basaron en funcionarios cercanos al tema, el dinero no entró directamente a Venezuela; en su lugar, este fue depositado en una cuenta en Catar y en otras que domina Estados Unidos.
El miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le dijo al medio Newsmax que el dinero en efectivo que resultó de la transacción empezaría a fluir hacia el Caribe a partir del jueves. Según las afirmaciones de CNN, bancos venezolanos empezaron a recibir el dinero en efectivo.
Y añadió que ese dinero va a financiar operaciones del gobierno venezolano, además de la seguridad y la provisión de alimentos.
Varios gobiernos de Occidente han sancionado a Venezuela, por lo que este país se mantiene aislado del sistema bancario internacional, sumando que la nación debe mucho dinero. Retener el dinero en Catar, fuera del alcance de empresas o administraciones globales, evita que estos hagan reclamos sobre el dinero que se les debe.
Un experto en el tema, de origen venezolano, declaró en anonimato a CNN, que Catar ha sido un intermediario entre Estados Unidos y Venezuela durante mucho tiempo.
Alejandro Grisanti, director fundador de Ecoanalítica, una consultora latinoamericana y sudamericana que opera en Venezuela, detalló que los bancos cataríes tienen la orden de subastar el dinero a bancos del país caribeño, con prioridad a destinar fondos a alimentos, medicinas y pequeñas empresas. Para ello, el Banco Central de Venezuela será el encargado de recibir esos ingresos.
Sin embargo, el procedimiento ha levantado preocupaciones sobre la transparencia de las transacciones. Los expertos analizaron que poner el dinero en una cuenta en el exterior, limita a las órdenes estadounidenses de bloquear los fondos de los reclamos de empresas o gobiernos y, al mismo tiempo, permite menos transparencia sobre los movimientos del dinero.
“A menos que salga algún plan público que diga cuál es la estructura gubernamental para este fondo, quién va a tener el control, cuáles serán los distintos controles contra la corrupción y el lavado de dinero que se implementarán… esto se está configurando como una especie de fondo discrecional”, comentó un experto que pidió anonimato al medio en mención.
