El terremoto del 10 de agosto sacudió el occidente de Colombia y dejó un saldo de 335 personas fallecidas, cientos de heridos y miles de familias que perdieron sus viviendas y medios de vida. La emergencia afectó a 500 municipios de 16 departamentos y también ocasionó daños en la infraestructura.
Según la Defensoría del Pueblo, el desastre agravó las desigualdades que ya enfrentaban algunas comunidades, tanto rurales como urbanas. La entidad expresó su solidaridad con las víctimas y destacó su capacidad de resistencia frente a la adversidad. Además, reiteró su acompañamiento a las autoridades para afrontar los desafíos que persisten en la recuperación de las zonas afectadas.
En marzo pasado, la entidad convocó a los entonces candidatos presidenciales a incorporar en sus campañas las “Decisiones impostergables en Derechos Humanos”, entre ellas, fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la respuesta al cambio climático. Según la institución, este terremoto evidenció las necesidades que enfrenta Colombia para prevenir y atender emergencias previsibles.
Un llamado a avanzar en tres asuntos prioritarios
La Defensoría del Pueblo pide “garantizar una atención integral” a las víctimas del terremoto del 10 de agosto, mediante la reapertura del registro de afectados y la ampliación de la asistencia en los municipios damnificados. La recuperación debe incluir “soluciones de vivienda, salud, educación” y generación de ingresos, además de “participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos”.
Asimismo, la entidad insiste en fortalecer la prevención de desastres mediante la planificación territorial, la identificación de zonas de riesgo y medidas de adaptación al cambio climático.
También plantea establecer protocolos que protejan a las personas obligadas a desplazarse por estas emergencias, garantizando condiciones dignas de evacuación, alojamiento temporal, retorno o reubicación, así como acceso a servicios básicos y soluciones duraderas.
La institución advirtió que millones de personas en Colombia viven en territorios expuestos a amenazas naturales, una situación que puede agravarse por los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. Por ello, destacó la importancia de fortalecer la prevención para proteger la vida y evitar que las comunidades enfrenten repetidamente situaciones de vulnerabilidad.
En este contexto, la entidad invitó a la ciudadanía, las organizaciones sociales, la academia y las autoridades nacionales y territoriales a participar en el I Congreso sobre la Protección de Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, que se realizará los próximos 15 y 16 de octubre. El encuentro busca analizar los desafíos del país y promover estrategias que prioricen los derechos humanos en la prevención, atención y recuperación frente a las emergencias.
Finalmente, reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas y velar por el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Asimismo, insistió en que la gestión del riesgo debe ir más allá de la respuesta a los desastres y consolidarse como una política orientada a proteger la vida, los derechos humanos y el medioambiente.