Caso Odebrecht: Procuraduría ratifica destitución e inhabilidad al exdirector del Invías Germán Grajales

La Procuraduría General de la Nación anunció en un fallo de segunda instancia la confirmación de la destitución e inhabilidad general por 10 años al exsecretario general técnico del Instituto Nacional de Vías (Invías), Germán Grajales Quintero, y al entonces representante legal de la firma interventora Diseño y Gerencia de Proyectos S.A.S. (hoy HMV Consultoría), Óscar Jiménez Cely. Esta decisión se basa en las irregularidades detectadas durante la ejecución del programa ‘Corredores Prioritarios para la Prosperidad’, durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

En el contexto de las investigaciones relacionadas con las actividades de las empresas del grupo Odebrecht, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento concluyó que Grajales Quintero vulneró el principio de responsabilidad en la contratación estatal al aprobar la Modificación No.1 de 2013 al contrato de obra No. 563 de 2012, que formaba parte del proyecto ‘Vía de la Prosperidad’.

Además, se determinó que Grajales Quintero no cumplió con su deber de salvaguardar los recursos del Estado, lo que resultó en un sobrecosto que superó los límites legales en aproximadamente $506.600.000, en beneficio del contratista y en detrimento del patrimonio del Instituto.

El contrato tenía como objetivo el “mejoramiento de la gestión social, predial y ambiental del proyecto transversal de Boyacá Fase 2 para el Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad” y tenía un valor de $154.280.297.291.

La Procuraduría argumentó que el exsecretario técnico no actuó de acuerdo con los objetivos de la contratación al aprobar una modificación que favoreció ilegalmente a Conpros, y que incurrió en sobrecostos y diferencias en relación con el valor de los estudios aprobados por el Invías.

El organismo de control también alegó que Grajales Quintero no cumplió con el principio de moralidad en el ejercicio de su labor.

En el caso de Óscar Jiménez Cely, se concluyó que no supervisó adecuadamente el desarrollo del contrato ni garantizó que se cumplieran las cláusulas y condiciones técnicas y científicas. Además, se señaló que aprobó pagos indebidos en relación con los ajustes a los “Estudios y Diseños”.

La Sala destacó que Jiménez Cely no solo incumplió el contrato de interventoría, sino que también permitió el reconocimiento indebido de recursos al contratista.

La Procuraduría ratificó la calificación de la falta de Grajales Quintero como gravísima a título de culpa gravísima y la imposición de una multa a Jiménez Cely equivalente al doble del perjuicio causado, es decir, $1.012 millones, además de la inhabilidad para contratar con el Estado por 10 años.

Nuevas imputaciones contra exfuncionarios de la ANI por caso Odebrecht

En un nuevo capítulo del caso Odebrecht, fiscales pertenecientes al Grupo de Tareas Especiales imputaron formalmente a un grupo de exfuncionarios y a un contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto con un interventor, por su presunta implicación en actos irregulares que han salido a la luz en relación con cuatro modificaciones contractuales adicionales al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010. Dicho contrato estaba destinado a la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.

La investigación se centra en cuatro modificaciones contractuales conocidas como otrosíes que, según la Fiscalía, fueron manejados de manera inapropiada.

Los cambios en el contrato original, que tenía por objeto la construcción de una importante parte de la vía, parecen haber sido ejecutados sin cumplir con los requisitos legales y en interés indebido.

Los nombres de los exfuncionarios de la ANI fueron revelados. Entre los imputados se encuentran:

1. Camilo Mendoza Rozo, quien ocupó los cargos de vicepresidente de Gestión Contractual y vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.
2. María Clara Garrido Garrido, exvicepresidente administrativa y financiera.
3. Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de estructuración.
4. Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.
5. José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de proyectos carreteros.
6. Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de proyectos carreteros.
7. David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
8. Alexandra Lozano Vergara, exgerente de gestión contractual.
9. César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.

Los otros dos implicados son:

1. Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).
2. Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.

Los cargos presentados contra estas personas están relacionados con su presunta colaboración en la autorización de las modificaciones contractuales antes mencionadas. La Fiscalía sostiene que, en conjunto, habrían respaldado y permitido estudios de conveniencia, sustentación, valoración y actas de convalidación para los otrosíes números 3, 6, 7 y 9.

Estos otrosíes, que fueron agregados al contrato original, abordaban aspectos como los diseños, la forma de pago y otros detalles clave.

Los fiscales acusan a estas personas de ignorar el propósito original del contrato de concesión y de haber permitido la inclusión de una nueva vía que, según la investigación, no estaba relacionada ni tenía una conexión física con el proyecto principal, conocido como Ruta del Sol II. Se argumenta que estas acciones violaron principios esenciales en la contratación pública, como la planificación, la transparencia y la selección objetiva.

En respuesta a las imputaciones, los procesados han optado por no aceptar los cargos presentados en su contra.