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Coca y asesinatos de guardabosques: la problemática de los parques naturales

Hay que analizar con pinzas las cifras que muestran una reducción en las hectáreas de cultivos ilegales en estas áreas protegidas. La realidad es bastante compleja, más al considerar los recientes actos de violencia que amenazan a sus habitantes.


El 7 de agosto, durante el discurso de conmemoración de la batalla de Boyacá, el presidente Iván Duque refirió sus principales logros tras dos años de gobierno. Destacó el emprendimiento como motor económico, la lucha contra la corrupción y la baja en las hectáreas de coca sembradas. Sobre este punto, aseguró que consistía “la mayor reducción de área sembrada en los últimos seis años”. Se basó en el reciente informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos que realizó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el país.

Este estudio anual, presentado en julio, reveló información recolectada en 2019, cuando registró una reducción de 9 por ciento frente a 2018. Es decir, 15.000 hectáreas menos, para un total de 154.000. Desde 2014, el área de cultivos ilícitos venía en alza en Colombia y este decrecimiento rompió finalmente el patrón. Sin embargo, el documento también señala otros aspectos que frenan el triunfalismo.

Catatumbo Barí, en Norte de Santander, y La Paya, en Putumayo, fueron los parques naturales con mayor aumento en cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos, como señaló la Fundación Ideas para la Paz.

Gracias al régimen legal que los cobija y su remota ubicación, el narcotráfico se ha aprovechado de los parques naturales para sembrar coca. Las normas que protegen estos territorios hacen muy difícil que las familias que allí habitan puedan abandonar los cultivos ilícitos. Actualmente, presentan 6.785 hectáreas cultivadas. Es una cifra inferior a las 7.844 que se identificaron hace un año. Pero evidencia una problemática no debidamente atendida y con tendencia a empeorar en determinadas regiones.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), con información de la UNODC, consolidó una investigación que alerta sobre esta situación luego de reconocer cinco parques en los que hubo un preocupante incremento. En Catatumbo Barí, en Norte de Santander, por ejemplo, hoy existen 1.448 hectáreas de área sembrada. Contrastando con los números de 2018, esto significa un aumento del 66 por ciento. En La Paya, en el departamento de Putumayo, crecieron en 49,3 por ciento al pasar de 484 hectáreas a 723. Los parques de Sanquianga, en Nariño; Farallones, en Valle del Cauca, y Munchique, en Cauca, también sufrieron una progresión de plantaciones ilegales de 37, 14 y 9 por ciento, respectivamente. Otros parques como Nukak, en Amazonas, y Sierra de la Macarena, en el Meta, aún tienen más de 1.000 hectáreas a pesar de haber logrado disminuciones en los últimos 12 meses.

Igualmente, en los terrenos aledaños a los parques naturales, llamados zonas de amortiguamiento, aumentaron los cultivos. La FIP señala que estas áreas, que cumplen la función de “atenuar las perturbaciones causadas por la actividad humana”, alcanzaron a bajar la siembra de coca hasta las 2.000 hectáreas en 2013. El presente, en cambio, dista mucho de esa cifra. Más de 9.800 hectáreas, cerca del 6,4 por ciento del total nacional de cultivos ilícitos, están localizadas en zonas de amortiguamiento. Dicho incremento tiene lugar en sitios que colindan con parques que también vieron crecer la cantidad de hectáreas sembradas. Todo indica una tendencia a la concentración.

Detrás del por qué de estas actividades hay varios actores, y la complejidad de sus circunstancias dificulta elaborar un diagnóstico efectivo. Por un lado, están las más de 22.000 familias que habitan los parques naturales, según el Censo Nacional Agropecuario de 2014. Algunas son colonizadoras, como muchas que llegaron huyendo de la violencia; otras se asentaron allí desde hace décadas, pero sin títulos de propiedad. Estas personas viven su día a día entre la espada y la pared. Deben lidiar, por un lado, con el abandono estatal, pues por ejemplo se estima que el 98 por ciento de estos hogares no tiene servicio de acueducto. Y, por el otro, con la presión de los grupos armados que desean disponer de las tierras para cultivar coca. A esto se suman los obstáculos legales que aparecen en el momento de desarrollar otro tipo de actividades agrícolas que les aseguren un ingreso mínimo. Curiosamente, la declaratoria de estos territorios como área protegida los tiene con las manos atadas.

Debido a su inconsistencia para abordar este fenómeno, el Estado es también protagonista. Respondiendo a cálculos políticos y coyunturas, los Gobiernos han fluctuado entre “flexibilizar o cerrar las áreas protegidas a la ocupación campesina”, lo cual ha ocasionado “la interrupción de procesos y programas que ya están en marcha”, como lo resalta la FIP. Así las cosas, las metas y soluciones planteadas están sujetas a modificaciones cada cuatro años. Lo prueba que el Plan Colombia, en 1999, apostó por prevenir los cultivos por medio de apoyo económico a las familias, pero desde 2005 la aspersión aérea reemplazó dicha política. Después, el Consejo de Estado prohibió esta práctica en los parques naturales y promovió la erradicación manual. Hoy, con la firma del acuerdo de paz, se propende por la sustitución de cultivos.

Solo el 2 por ciento de los hogares en estas áreas protegidas recibe servicio de acueducto. Más de la mitad carece de acceso a energía eléctrica.

No obstante, los actores armados ilegales plantean la dificultad más grande. Bajo la lógica de “a rey muerto, rey puesto”, desde 2016, con la reincorporación de las Farc, una multiplicidad de estructuras se ha apoderado del control de terrenos antes bajo el control de la extinta guerrilla. ELN, Rastrojos, Pelusos y disidencias son ahora los responsables del narcotráfico exacerbado y la deforestación. El negocio pasó del control de un poder, amo y señor, “a un escenario en donde hay varias organizaciones criminales dispuestas a hacerse camino, prácticamente a cualquier costo, con tal de lucrarse para sostener su financiamiento y accionar delictivo”, explica la UNODC en su informe.

Sin escrúpulos, a sangre, fuego y amenazas, los grupos criminales se disputan las zonas. Han dirigido sus acciones a las poblaciones involucradas, líderes sociales y autoridades ambientales. Estas últimas, usualmente representadas bajo la figura del guardaparques, son un blanco por el simple hecho de cumplir su función de vigilancia y control para prohibir actividades ilegales en los parques. En 2018 se registraron 17 denuncias de funcionarios de parques naturales y desde entonces el asunto ha empeorado.

En la noche del 14 de enero de 2019, en la vereda Perico Aguao, zona rural de Santa Marta, cinco impactos de bala acabaron con la vida de Wilton Fauder Orrego León, quien trabajaba en el parque natural Sierra Nevada de Santa Marta. Las advertencias de meses atrás hechas por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos neoparamilitares y las amenazas en contra de Tito Ignacio Rodríguez Torres, director de este parque y jefe de Orrego León, no fueron suficientes para que la fuerza pública tomara medidas encaminadas a prevenir la tragedia.

Pero el terror no acabó ahí. Transcurría el mediodía del 6 de febrero pasado en el municipio de Güicán, Boyacá, cuando dos personas en una moto se estacionaron al frente del puesto de control en el que descansaba Yamid Alonso Silva Torres, guardabosques del parque El Cocuy. Con un arma de fuego lo amedrentaron, lo obligaron a caminar un par de kilómetros hacia una cañada y allí le dispararon a quemarropa. Después de varios días de búsqueda, la policía dio con los responsables del crimen, un hombre y una mujer que pertenecían al frente Adonay Ardila del ELN.

Tan solo dos semanas habían pasado cuando disidencias de las Farc dieron un ultimátum a los guardaparques de diez áreas protegidas para que abandonaran sus lugares de trabajo so pena de atentar contra su vida. De ese modo, santuarios naturales de la región amazónica como Cahuinarí y Chiribiquete, entre otros, quedaron a entera disposición del grupo armado.

De acuerdo con Global Witness, Colombia es el país más peligroso del mundo para ser líder ambiental. Ciertamente, la confluencia de recursos naturales, coca y violencia la convierten en un coctel explosivo. La organización recopiló datos de 64 homicidios en 2019 de personas que defendían estas causas y lo atribuyen a que el acuerdo de paz “no ha logrado llevar paz a muchos territorios”. La realidad de los guardaparques, en este caso, es aún más difícil porque cada uno debe encargarse de vigilar más de 25.000 hectáreas y chocar con quienes pretenden sembrar coca en inmediaciones de las zonas protegidas.