La Contraloría General de la República encendió una nueva alerta sobre los posibles riesgos fiscales que enfrenta el Estado, a raíz del recorte unilateral decretado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las vigencias futuras del proyecto Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique.
La medida, que afectó recursos por $636.850.314.976 —el 83,61 % de la vigencia prevista para 2025—, podría generar intereses moratorios y remuneratorios, así como demandas por presunto incumplimiento contractual contra la Nación y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
En un documento enviado a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla; al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas; y al presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray, la Contraloría recuerda advertencias previas sobre este contrato.
En noviembre de 2024 y junio de 2025, el ente de control había señalado que cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la Nación o la ANI podría implicar consecuencias fiscales, disciplinarias, contractuales e incluso penales.
El conflicto se centra en la aparente contradicción entre dos decretos emitidos a finales de 2025. Por un lado, el Decreto 1472, expedido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el 29 de diciembre, regula la reprogramación de vigencias futuras en proyectos de asociación público-privada y establece un procedimiento claro que incluye la justificación técnica, legal y financiera de la reprogramación, la manifestación expresa del contratista, la elaboración de un nuevo cronograma de compromisos y certificaciones del representante legal.
Por otro lado, el Decreto 1484, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 31 de diciembre, aplicó un recorte de vigencias futuras sin cumplir con ese procedimiento, según la Contraloría. Para el ente de control, esta decisión amenaza con materializar los riesgos fiscales que ya había advertido.
La CGR también advierte que la decisión podría derivar en demandas por presunto incumplimiento contractual y afectar la confianza necesaria para que el concesionario logre el cierre financiero del proyecto.
Incluso, si el incumplimiento persiste o se amplía, se podrían activar causales contractuales que obliguen a la terminación anticipada del contrato, lo que afectaría la ejecución de las obras.
El ente de control resalta que, a diciembre de 2025, el Patrimonio Autónomo del proyecto contaba con recursos por $225.438.850.445, y que parte de la vigencia futura ya se había destinado al pago de obras ejecutadas en el año pasado por el concesionario.
Según la Contraloría, esta disponibilidad había permitido concertar soluciones alternativas con la ANI, evitando modificar unilateralmente una condición contractual vigente.
