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El crítico estado de salud de Lucas Villa, uno de los jóvenes atacados a tiros en Pereira

El tiroteo se presentó este miércoles en la noche. Además de Lucas Villa, dos personas más resultaron heridas en este hecho.


Momentos de terror se vivieron en la noche del miércoles en Pereira, luego de que un grupo de personas fueran atacadas a tiros mientras se encontraban en el viaducto César Gaviria, en el marco de una manifestación pacífica realizada durante los acontecimientos del paro nacional.

En el hecho en el que Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, resultó baleado, también resultaron heridas dos personas más. Una de ellas sería un docente universitario de esa ciudad.

Debido a la gravedad de las heridas, el estado de salud del líder estudiantil es crítico, según informó el Hospital Universitario San Jorge de esa ciudad, a donde ingresó este miércoles, cuando el reloj marcaba las 7:59 de la noche.

Según el hospital, Lucas Villa llegó con traumatismos por proyectil de arma de fuego en cráneo, cuello, tórax y miembro inferior derecho, por lo que de manera inmediata recibió la atención requerida.

“El paciente fue valorado por el equipo de neurocirugía, quienes diagnosticaron que, por el tipo de lesión éste no es candidato a procedimiento quirúrgico e inmediatamente pasó a manejo multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos, en donde aún permanece en condición crítica y pronóstico reservado”, informó el Hospital Universitario San Jorge a través de un comunicado.

De acuerdo con algunas personas que estaban en la zona donde ocurrieron los hechos, los manifestantes fueron atacados a bala por sujetos que se movilizaban en un vehículo; algo que es investigado por las autoridades para tratar de dar con el paradero de los responsables.

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, rechazó este hecho y ofreció hasta 50 millones de recompensa por información que permita capturar a los delincuentes.

Exijo a la Policía dar con los autores materiales e intelectuales del atentado que sufrieron jóvenes hoy en el viaducto de Pereira. No vamos a descansar hasta capturar a los responsables. El Gobierno de la Ciudad ofrece hasta 50 millones por información para dar con su paradero”, publicó el mandatario de los pereiranos a través de su cuenta en Twitter.

Muertos y heridos en el paro

Este miércoles más temprano, la Defensoría del Pueblo entregó un listado de las personas fallecidas en el marco de las movilizaciones que se llevan a cabo en varias regiones de Colombia. Según esta entidad, 24 personas han muerto, 17 de estas en el departamento de Valle del Cauca, la mayoría en la ciudad de Cali.

Entre tanto, la organización no gubernamental (ONG) Temblores denunció que entre las seis de la mañana del 28 de abril y las ocho de la mañana del 4 de mayo ocurrieron al menos 1.443 casos de violencia por parte de la fuerza pública en el marco de las protestas contra el Gobierno colombiano.

La ONG documentó 31 víctimas de violencia homicida, 216 víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias, 239 intervenciones violentas, 21 víctimas de agresiones oculares, 77 casos de disparos de arma de fuego y 10 víctimas de violencia sexual.

El número de víctimas que reporta la ONG en el marco de las protestas es más elevado que el que ha documentado la Defensoría del Pueblo desde el inicio de las manifestaciones el 28 de abril en contra de la reforma tributaria y la gestión del Gobierno.

“En Temblores ONG estamos trabajando rigurosamente en la documentación, el registro y la atención legal de casos de violencia policial y durante los últimos días, hemos podido constatar que existen acciones articuladas, premeditadas y deliberadas por parte de la fuerza pública de violentar a la ciudadanía para, de esta forma, sembrar terror e impedir que se ejerza el derecho constitucional a la protesta social”, señaló la organización en un comunicado.

De igual forma, indicaron que desde hace seis días han alertado a la comunidad internacional de la gravísima situación de derechos humanos por la que atraviesa Colombia debido a la violencia con la que el Estado, según argumenta la ONG, ha decidido reprimir a los manifestantes a través de su fuerza pública.