En vísperas de las jornadas de manifestación programadas para este miércoles por diversos sectores del país, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, emitió una formal declaración institucional con el propósito de fijar los parámetros normativos que rigen el ejercicio del derecho a la movilización ciudadana en el territorio nacional.
El jefe del Ministerio Público fue enfático al señalar que, aunque la protesta social pacífica se encuentra ampliamente respaldada y amparada por la Carta Política y el marco legal colombiano, su desarrollo práctico de ninguna manera puede vulnerar las libertades ni los derechos fundamentales del resto de la ciudadanía.
Durante su alocución oficial, el alto funcionario instó a los organizadores y participantes a mantener la calma y actuar con responsabilidad democrática durante los recorridos previstos.
“Colombianos todos, están previstas para el miércoles unas manifestaciones como protesta pacífica, que es permitida y protegida constitucionalmente y también desde el punto de vista legal en Colombia. Sin embargo, no es un derecho absoluto, tiene límites, los que señalan la misma Constitución, las leyes y los reglamentos”, aseveró taxativamente el procurador Eljach al recordar las fronteras jurídicas que acotan cualquier expresión ciudadana en las calles.
Facultades del Ejecutivo y garantías para la seguridad ciudadana
En su pronunciamiento preventivo, el representante del órgano de control también hizo especial referencia al marco de atribuciones con el que cuenta la Rama Ejecutiva para salvaguardar la estabilidad de la nación y garantizar la movilidad de la población no participante.
El procurador Gregorio Eljach recordó que la protesta del miércoles 14 de octubre es un derecho constitucional, pero no absoluto. Señaló que el Presidente tiene la facultad de restablecer el orden público y pidió que la manifestación sea pacífica. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/wMcyxcT1Au
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 14, 2026
Eljach precisó que el jefe de Estado dispone del amparo institucional y la investidura legal indispensable para intervenir e imponer el orden en los escenarios donde se registren situaciones de violencia, alteración de la tranquilidad pública o bloqueos sistemáticos.
“El presidente de la república, como cabeza del orden público, está investido de la autoridad necesaria para restablecer el orden público cuando este sea perturbado. Se recomienda tranquilidad, respeto por los derechos ajenos y buen suceso en esta protesta que sea verdaderamente pacífica”, puntualizó el procurador general.
Con este llamado público, el Ministerio Público reafirma su papel institucional de veedor constitucional, desplegando un seguimiento especial para vigilar el comportamiento de las manifestaciones de este miércoles y asegurar que la jornada transcurra en total sintonía con las normas de convivencia ciudadana.