Un fuerte combate se presentó en las últimas horas en la vereda Hato Viejo, en zona rural de Chaparral, entre las Fuerzas Militares y delincuentes de la Comisión Gerónimo Galeano, del Estado Mayor Central Isaías Pardo de las disidencias de las FARC.
El choque sucedió luego de que tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional ubicaran a un grupo de personas que se movilizaba en una camioneta. Tras el enfrentamiento, el vehículo terminó volcado y sus ocupantes en manos de las autoridades.
Se trata de un mayor de edad, señalado como un curtido explosivista y hombre de confianza de alias Amazonas, y de un menor de edad.
Este último, según las fuentes oficiales, era el responsable de operar los drones con los que ese grupo armado atacó en siete ocasiones los municipios de Rioblanco y Ataco.
En esos hechos resultaron heridos tres soldados y un policía; además, se les atribuye el cobro de rentas por explotación ilícita de yacimientos mineros en Ataco y Chaparral, y el reclutamiento de menores procedentes del Cauca para reforzar la capacidad delictiva de esta estructura.
En el vehículo fueron halladas once armas largas, tres armas cortas, dos drones, granadas para dron, chalecos multipropósito, pancartas alusivas a la Comisión Gerónimo Galeano, municiones de varios calibres, abundante material de intendencia y una antena Starlink. Todos estos elementos fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades competentes, dijo el Ejército.
Según informó esa fuente, esta estructura ilegal estaba generando zozobra y temor entre la población civil, mediante extorsiones, amenazas y citatorios a comerciantes, ganaderos, caficultores y habitantes, principalmente en los municipios del sur del Tolima. Además, su principal fuente de ingresos corresponde a las economías ilícitas derivadas de la minería ilegal en el municipio de Ataco.
El mayor de edad capturado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, porte y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y utilización ilegal de uniformes e insignias.
El menor recuperado fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.