Las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración y ejecución de un contrato de obras públicas en el municipio de Uribia, en La Guajira, por un valor cercano a los 599 millones de pesos, son la base de una queja disciplinaria que se presentó recientemente ante la Procuraduría General en contra del alcalde municipal, el secretario de obras públicas y la secretaria de Hacienda.
En la queja, conocida en su totalidad por SEMANA, se advierte que en la convocatoria del contrato que tenía como objetivo la “rehabilitación, limpieza y mantenimiento de canales pluviales” del mencionado municipio, la Alcaldía celebró un convenio el 16 de mayo de 2025 con el consorcio VG & JJ.
Sin embargo, según advierte el documento “desde la fase de estructuración y planeación”, el contrato presentó “inconsistencias sustanciales en la definición del sector y de la fuente de financiación”, lo que afectó las arcas municipales.
En particular, se señala que las obras de drenaje pluvial —propias del manejo de aguas lluvias— fueron financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, componente Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), pese a que estos dineros tienen destinación legal específica para actividades relacionadas con acueducto, alcantarillado y saneamiento básico domiciliario.
“La intervención de canales pluviales, actividad propia del manejo del drenaje urbano y ajena a la prestación del servicio público domiciliario, fue financiada con recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico”, indica.
En otro de los apartes del documento de siete páginas, se indica que el proyecto fue clasificado presupuestalmente en el sector transporte y financiado con recursos del SGP-APSB. Lo cual evidencia una clara irregularidad tanto en la búsqueda de recursos de financiación como en su puesta en marcha.
“El objetivo contractual resulta jurídicamente incompatible con la naturaleza del rubro utilizado”, agrega la queja que también fue presentada ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de La Guajira con el fin de que se investiguen las fallas en el proceso de contratación por parte de la Alcaldía.
“La utilización de recursos del SGP-APSB para atender necesidades generales de infraestructura pluvial urbana resulta jurídicamente incompatible con la normatividad vigente”, concluye la queja de siete páginas.
Por considerar que se presentó un uso indebido de recursos públicos, se pide investigar al alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García; al secretario de Obras Públicas, Frank Alexander Castilla Cabrales; a la secretaria de Hacienda, Ana Marina Medero Galván; y al contratista José Javier Julio Arpushana, representante legal del consorcio VG & JJ.