Estalló controversia en el Congreso por artículo de proyecto de presupuesto que suspendería ley de garantías

A escasas horas de darse el debate para la votación del proyecto de Presupuestos 2022 en el Congreso de la República, se desató una fuerte controversia.

Este martes, en el seno de las comisiones económicas de Senado y Cámara se formó la discusión alrededor de un artículo que fue incluido en el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, para manejar las finanzas públicas en el próximo año, con el cual se suspendería la ley de garantías que aplica previo a las elecciones, para blindar los recursos, de manera que no se usen para pagar favores políticos con fines electorales.

Dice el artículo “a partir de la publicación de la presente ley suspenderse el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

Sobre el alcance que en la práctica tiene ese artículo es que ya no existiría la prohibición que tienen alcaldes, gobernadores y agentes municipales y departamentales para llevar a la realidad convenios para la ejecución de recursos públicos en una época clave, 4 meses antes de elecciones.

Una de las críticas que se conoció fue la del exministro del gobierno Santos y quien ahora es el veedor distrital de Bogotá, Guillermo Rivera, quien por medio de su cuenta de Twitter recordó un episodio sobre la ley de garantías y la postura que en ese momento había tenido el presidente Iván Duque.

“En 2017, como ministro, propuse ajustar la ley de garantías electorales para no detener la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios. El senador Duque se opuso. Hoy, el gobierno del presidente Duque en su proyecto de presupuesto propone modificar la ley de garantías electorales”, dice el trino de Rivera.

Pero no es la primera vez que se habla de eliminar la ley de garantías, ya que en marco de 2021 se radicó nuevamente el proyecto de ley que buscaba eliminarla, norma que se creó para que el presidente de turno, cuando existía la reelección, no sacara provecho de las entidades del Estado para su campaña. Sin embargo, la reelección se acabó en Colombia; aun así, la ley de garantías se mantuvo y por ello se ha insistido en quitarla.

En esa ocasión, integrantes del Centro Democrático radicaron una vez más esta iniciativa en la célula legislativa, para su discusión, en su momento se argumentó que la ley de garantías ya no tenía sentido, ya que no está vigente la figura de reelección en Colombia.

A renglón seguido, el propio presidente de la República Iván Duque también habló sobre la eliminación de la ley de garantías. Lo hizo en los primeros meses de su administración al señalar que “si ya no existe la figura de reelección presidencial, se debería acabar con esa normativa”.

Incluso, en esa oportunidad, el mandatario colombiano pidió a quien era la ministra del Interior en ese momento, Nancy Patricia Gutiérrez, realizar el trámite de urgencia de esa iniciativa para que sea debatida en el Congreso de la República.

“Lo que les quiero decir es que si ya no existe la figura de reelección presidencial, se debe acabar con la ley de garantías (...) Le pido a la ministra del Interior el trámite de urgencia para que este tema sea debatido”, afirmó el jefe de Estado en esa ocasión.

Volviendo a la discusión, partidos de la oposición también se pronunciaron sobre ese artículo, advirtiendo que se debe poner lupa para evitar que se use la burocracia y contratos en campañas políticas.

“Interesante saber la posición de los congresistas frente al proyecto de ley que busca eliminar la ley de garantías. Esta ley no permite contratar en época electoral, para que no la usen en burocracia y contratos en campañas. ¿Sabe cómo votará su congresista? ¡Sorpresas tendremos!”, dijo la congresista Katherine Miranda por medio de su cuenta de Twitter.

Por último, se espera una respuesta del Gobierno nacional sobre los reales alcances de ese artículo que eliminaría la ley de garantías, el cual es discute en el Congreso de la República.