SEMANA conoció en exclusiva las órdenes de la viceministra de Transporte, Liliana Ospina, y la insistencia de Fernando Merchán, gerente de Aerocafé, para modificar las condiciones de una licitación entregada a firmas con cuestionamientos y con un anticipo que superaría los 120.000 millones de pesos, lo que debe llevar a la Fiscalía y a los organismos de control a investigar. Las decisiones fueron contrarias a las instrucciones dadas por el presidente Gustavo Petro.
Más de 600.000 millones de pesos están en juego con la construcción de la primera etapa del aeropuerto internacional Aerocafé, en Caldas. Un megaproyecto priorizado por el Gobierno Petro como una “obra estratégica”, pero detrás del negocio habría una poderosa influencia política que permitió la llegada de contratistas salpicados en escándalos de corrupción.
SEMANA conoció audios (disponibles en YouTube) y pruebas de cómo el gerente de Aerocafé, Fernando Merchán, habría buscado por todos los medios ajustar la licitación, con la posible venia de la viceministra de Transporte, Liliana Ospina, para que la Aerocivil aprobara anticipos, los aumentara y quitara cláusulas que protegían el contrato de oferentes con procesos activos contra el Estado o sanciones administrativas.
Todo empezó el primero de agosto de 2025, cuando la Aerocivil, entonces dirigida por el general (r) José Henry Pinto, expidió la Resolución 02018, con la nueva versión del manual de contratación del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, entidad creada para administrar y garantizar la ejecución y construcción del aeropuerto.
Ese manual de contratación estableció que todo se debía publicar en el Secop II, fijó condiciones de experiencia técnica para la selección de oferentes, impuso una cláusula para no contratar empresas que tuvieran procesos activos contra el Estado y, lo más importante, no tenía anticipo para proteger el proyecto de la corrupción.
SEMANA conoció que en ese momento se habrían empezado a mover altos poderes en el MinTransporte para que la Aeronáutica aprobara las modificaciones solicitadas por Fernando Merchán, gerente de Aerocafé, con un objetivo claro: el anticipo.
La mentira
El 22 de agosto de 2025, el director de la Aerocivil, el general (r) Pinto, expidió una nueva resolución que modificó el manual de contratación inicial. El negocio, de un plumazo, quedó con el 15 por ciento de anticipo.
Por eso ha llamado la atención que tres días después de la firma de esa resolución, el 25 de agosto, el presidente Petro estuvo en Manizales junto con su ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el director Pinto anunciando el inicio de la licitación y una decisión contraria a la que ya habían ejecutado sus subalternos. Dijo que era una obra sin anticipo, y mentía, porque sus funcionarios no habían hecho caso.
El presidente Petro manifestó: “General (Pinto), con usted cuidamos que no se entregue anticipo (...). Si el Estado entrega una parte del dinero, el contratista que gana simplemente se contenta con ello y no hace un metro de pista. He pedido que no haya anticipo”. A Petro, parece ser, no le habían informado ni consultado sobre el cambio.
Pero vinieron nuevas solicitudes del gerente Merchán. SEMANA tiene en su poder un audio que revela cómo el 24 de septiembre de 2025, un mes después de la salida en falso de Petro, la cabeza del proyecto llegó a la Aerocivil, en Bogotá, con casi 400 observaciones supuestamente de los oferentes pidiendo que flexibilizaran las exigencias. “El proceso tendríamos que declararlo desierto porque no tenemos oferentes”, fue la advertencia de Merchán.
En esa reunión, de la que SEMANA tiene la totalidad del audio, Merchán confesó que “el anticipo del 15 por ciento, controvirtiendo un poco lo que dijo el presidente allá públicamente, lo logramos meter porque fuimos al Dapre, explicamos. Ella filtró la información, la doctora Angie (Rodríguez); y él (Petro) dijo: ‘Bueno, en el 15 por ciento’. Ahora para subirlo al 30 por ciento (...). Es el mercado el que nos está hablando. Si no hacemos ajustes, no va a haber proyecto”.
Merchán llegó con la petición de duplicar el anticipo al 30 por ciento, pero le indicaron que no era una opción viable por parte de la Oficina Jurídica de la Aerocivil, y mantuvieron la inhabilidad para los contratistas con incumplimientos y sanciones.
La insistencia de Merchán
El gerente de Aerocafé, por medio de un correo electrónico, manifestó su “asombro” con la decisión advirtiendo que “me encuentro gestionando una reunión con la ministra de Transporte (María Fernanda Rojas) y el presidente de la república para discutir estos temas”.
Se desconoce si existió la reunión, pero el gerente de Aerocafé apareció el 30 de septiembre junto con su director técnico, Daniel Rodríguez; el director administrativo, Carlos Ocampo; y el director jurídico, Adalberto Velásquez, en el MinTransporte para pedirle a la viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina, que modificara, a pesar de las advertencias de la Aerocivil.
La viceministra Ospina, exfuncionaria de la ANI, entidad donde se estructuró Aerocafé, pidió la asistencia del entonces director de la Aerocivil, el general (r) Pinto. Llegó junto con el jefe de la oficina jurídica, Hermes Forero; el asesor de la oficina jurídica, Rubén Darío Perilla; y el director financiero y actual cabeza de la entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty.
Con la presencia de funcionarios del ministerio y la Aeronáutica, Merchán volvió a plantear las observaciones. La viceministra Ospina estuvo 12 minutos en la reunión, pero antes de irse preguntó: “¿Podemos asumir el compromiso desde Aerocivil de que, con lo que se acuerde ahora, se ajuste el manual hoy?”. Ante la respuesta positiva de los asistentes, ordenó: “La Unidad de Gestión (encargada de supervisar la construcción, al contratista y a la interventoría) queda con el compromiso de ajustar términos”.
La decisión se tomó sin escuchar los argumentos en contra. El general (r) Pinto fue el primero en plantear reparos: “Aquí lo que menos debemos asumir son riesgos (...) prefiero que esto se vaya a desierto a que estemos metidos en un problema”.
El actual director de la Aeronáutica, Luis Alfonso Martínez Chimenty, quien era el director financiero para la época de la reunión, también manifestó su “preocupación”, pues podrían terminar en la Procuraduría o la Contraloría.
“En la alocución del presidente, en la que estuvimos la gran mayoría que estamos acá, dice que no hay anticipo y ahí ahorita estoy viendo el 15 por ciento. Pero fue tajante (Petro), no hay anticipo porque este proceso debe tener el músculo financiero”, advirtió Martínez Chimenty durante ese encuentro en MinTransporte, al que tuvo acceso en audio esta revista.
Intereses políticos
Pero Merchán, al parecer, abrió la caja de Pandora, insistió en que el anticipo fue una orden desde la Presidencia (no del presidente) y que en la construcción de Aerocafé hay intereses políticos en el alto Gobierno.
“Me declaro doliente de este proyecto. Esto tiene ambiciones más allá de hacer el aeropuerto. Detrás de este proyecto hay intereses políticos y eso hay que satisfacerlo”, dijo Merchán.
El gerente de Aerocafé ha sido cuestionado por su presunta participación indebida en política a principios de este año, cuando apareció en la presentación de la campaña de Santiago Osorio Marín, representante a la Cámara, que busca la reelección.
Empresas cuestionadas
Otra de las pretensiones era quitarle al manual de contratación la cláusula para impedir que empresas con procesos activos contra el Estado o sanciones administrativas aterrizaran en el megaproyecto. “La idea es sacar gente como Odebrecht”, señalan funcionarios de la Aerocivil.
Esa medida fue cuestionada por el jefe jurídico del MinTransporte, Francisco Taborda: “No se le puede decir a alguien que no lo contrata porque en el ejercicio de una garantía institucional está buscando un pago o está buscando algún resarcimiento. Eso es perverso”.
A las críticas les hizo frente el asesor jurídico de la Aerocivil, Darío Perilla, con una cruda advertencia: “No me parece perverso. Si los integrantes de la reunión quieren quitarlo, háganlo, pero ese riesgo no lo voy a compartir”.
Los cambios
La gestión política dio resultado. El anticipo creció al 20 por ciento, la retención se redujo del 10 al 5 por ciento del valor neto de cada pago parcial y, el 30 de septiembre, la Aerocivil expidió una resolución con las modificaciones a pedir de boca de la viceministra Ospina y el gerente Merchán.
Con la eliminación de la cláusula que impedía contratar con personas involucradas en procesos activos contra el Estado, el multimillonario negocio, por más de 600.000 millones de pesos, lo ganó el consorcio Aeropuerto del Café SK, conformado por KAM Construcciones (66 por ciento) y Solarte Nacional de Construcciones (34 por ciento).
Solarte Nacional de Construcciones (Sonacol) es la misma empresa que conformó con Constructora LHS S. A. S. el Consorcio LHS para construir el grupo 6 de la troncal avenida 68 en Bogotá. Por ese proceso, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que les impuso una multa de casi 900 millones de pesos por “retrasos importantes”.
SEMANA conoció que Luis Fernando Solarte Viveros y José Ignacio Narváez Mora, socios de Sonacol, fueron imputados por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en el caso de la Troncal de la Paz, en Antioquia. La Fiscalía estableció presuntas irregularidades en la apropiación de anticipos por más de 8.961 millones de pesos. Los anticipos que Petro no quería.
A ambos se les aplicó un principio de oportunidad, mediante Resolución 1026 del 21 de junio de 2021, a cambio de testificar contra el exgobernador Aníbal Gaviria Correa. Ese principio de oportunidad se encuentra actualmente vencido y sin prórroga registrada.
Pero el historial de Solarte Viveros también tiene dos procesos abiertos en la Contraloría por obras con problemas de ejecución. Figura en dos reportes, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, ambos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por la construcción de la PTAR Canoas. Estuvo sancionado disciplinariamente ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) por violación a las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la profesión.
SEMANA contactó a los principales protagonistas de este escándalo en la adjudicación de pliegos de Aerocafé, desconociendo las órdenes que dio el presidente Petro para evitar la corrupción. El gerente del proyecto, Fernando Merchán, explicó sobre la cláusula que “no se eliminó para favorecer a ningún proponente, sino para evitar restricciones indebidas a la competencia”.
Sobre el anticipo argumentó que sin ese mecanismo el proceso “podía declararse desierto” y se pactó el desembolso hasta que se supere “la etapa de preconstrucción”. Sin embargo, no respondió por qué desobedeció a Petro y no le informó a tiempo sobre los cambios. Merchán también aseguró que en “ningún momento se planteó que el contrato debiera salir por motivaciones políticas”, desmintiendo lo que él mismo dijo en la reunión del 30 de septiembre.
Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondió en un escueto comunicado: “La viceministra de Infraestructura, Liliana María Ospina, no impartió instrucciones sobre la estructuración técnica del proceso licitatorio. La estructuración corresponde al Patrimonio Autónomo Aerocafé, que opera a través de una estructura fiduciaria y depende directamente de la Aeronáutica Civil, entidad competente para conducir el proceso”.
Aclaró que las reuniones en septiembre 2025 buscaban revisar temas jurídicos y financieros sobre el proceso. Explicó que el anticipo estaba en la estructura desde el origen del proyecto, a pesar de que en la primera resolución ni aparecía. “Es una decisión técnica para evitar que Aerocafé volviera a quedarse en el papel”, justificó.
Por último, dijo que “no es cierto” que se haya eliminado la cláusula de inhabilidades, sino que ese tipo de medidas “no pueden construirse con interpretaciones acomodadas o selectivas, sino con base en causales taxativas”. Reiteró que “no se eliminó ninguna cláusula para beneficiar a ningún proponente”.
Esta revista también habló con Juan Felipe Criollo, abogado externo del consorcio Aeropuerto del Café SK, quien explicó que no “existe ninguna adenda” para que el Patrimonio Autónomo de Aerocafé haya modificado el contrato con el fin de flexibilizar las inhabilidades a empresas con procesos contra el Estado.
Destacó que los integrantes de dicho consorcio no tienen inhabilidades, lo que permitió la adjudicación del contrato. Sobre el episodio de la Av. 68, aclaró que el IDU archivó el proceso sancionatorio, desligó la vinculación de la firma con la obra Troncal de La Paz en Antioquia y, en el caso del Registro Nacional de Obras, explicó que han pedido el retiro.
Agregó que, en la obra de la PTAR Canoas con el Acueducto de Bogotá, Sonacol “cumplió y entregó a satisfacción las actividades contratadas”, pero la culminación de esa construcción depende de otros proyectos.
Ahora la Justicia colombiana deberá ponerles la lupa a las posibles jugaditas que hubo detrás de los cambios que promovió Aerocafé, avaló el Ministerio de Transporte, modificó la Aerocivil y terminó en manos de una firma que ha tenido múltiples cuestionamientos sobre la ejecución y cumplimiento de obras públicas en Colombia.
