El escándalo tras la fiesta organizada en la cárcel La Paz de Itagüí sigue sacudiendo al sistema penitenciario nacional y reabrió el debate sobre seguridad, lujos indebidos para reclusos y la posible manipulación de pruebas en medio de la investigación.
El hecho, que se conoció a través de videos de cámaras de seguridad y fotos filtradas, mostró la presencia de artistas, mujeres, vehículos de alta gama y un clima de festividad dentro de un centro de reclusión de máxima seguridad donde permanecen cabecillas de bandas criminales, generando una ola de indignación pública y presión política sobre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La fiesta se habría realizado el miércoles 8 de abril de 2026 al interior de la cárcel La Paz, con show del cantante Nelson Velázquez y otros intérpretes, además de la presencia de mujeres, mesas montadas, comida y música, todo en presencia de guardianes y con el ingreso de vehículos de parte de civiles.
Videos de circuito cerrado filtrados en redes sociales mostraron, además, la figura de personas de civil controlando la entrada y salida de invitados, lo que aumentó la sospecha de que el penal podría estar operando casi como un “resort criminal” en lugar de un centro de reclusión con estrictos controles.
El escándalo se volvió aún más sensible porque en La Paz están recluidos líderes de bandas criminales que, según el Gobierno, venían siendo escuchados en el marco de iniciativas de paz y diálogo.
Los hechos llevaron a que el Gobierno nacional suspendiera una mesa de conversación con cabecillas de bandas, argumentando que el nivel de privilegios reportado era incompatible con la imagen de un proceso serio de acercamiento.
El director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, reconoció que se encontraron en el penal neveras, estufas, lujos y condiciones inadmisibles en términos de disciplina y control, lo que abrió la puerta a una sanción de funcionarios y a la revisión de protocolos de seguridad.
Tras conocerse el operativo sorpresa y las imágenes de la fiesta, el Inpec emitió una sanción disciplinaria provisional a 11 funcionarios que se encontraban de servicio durante los hechos: diez dragoneantes y un teniente. La medida implicó una suspensión de tres meses mientras se adelantan las investigaciones correspondientes por presuntas irregularidades, omisión de deberes y fallas en el cumplimiento de rondas y controles dentro de la cárcel.
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— INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) April 11, 2026
En un video público, el propio director del Inpec señaló que estos funcionarios “no cumplieron con su función” y que por eso se les apartó del cargo de forma provisional, lo que dejó abierta la posibilidad de sanciones más severas, incluida la destitución, si se acredita responsabilidad disciplinaria.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia, abrió una investigación disciplinaria contra estos mismos 11 guardianes y luego emitió una decisión que cuestiona el procedimiento del Inpec.
El ente de control señaló que la apertura de la investigación disciplinaria del Inpec “no fue legal” y que se vulneró el debido proceso, porque no se les notificaron cabalmente sus derechos ni se les dieron las oportunidades de defensa correspondientes. Por eso, la Procuraduría ordenó decretar nulidad procesal desde el auto de apertura de la investigación y “rehacer la actuación procesal”, lo que implica que el proceso disciplinario debe reiniciarse con la garantía propia de la ley.
La decisión de levantar la forma en que se inició la investigación ha generado preocupación en algunos sectores, pues abre la posibilidad de que pruebas, declaraciones y diligencias iniciales puedan ser revisadas, reorganizadas o incluso disputadas en sede disciplinaria.
El exministro de Justicia Wilson Ruiz se refirió a los hechos en entrevista con Noticias RCN; enfatizó que situaciones de este tipo no solo vulneran la moralidad administrativa, sino que afectan la credibilidad de la justicia penal y el respeto de las víctimas, al mostrar a cabecillas de bandas viviendo en condiciones de lujos y privilegios, mientras los ciudadanos pagan con impuestos un sistema que —se supone— es de control y castigo.
Para el exministro, la combinación de lujos demostrados en La Paz, la suspensión de funcionarios y ahora la anulación de la forma en que se abrió la investigación genera un clima de duda sobre si el caso se manejará con la rigurosidad necesaria, o si terminará diluyéndose en un laberinto de formalidades procesales.