Pese a que todo estaba listo para que este lunes 30 de marzo llegara una Comisión del Reino Unido para evaluar las instalaciones de la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, a la que sería trasladada Zulma Guzmán en una eventual extradición, a última hora se reprogramó.
El pasado viernes 27 de marzo, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, había confirmado dicha visita. Desde el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseveraron que no se contaba con una confirmación de la visita de la Comisión al centro carcelario ubicado en el occidente de Bogotá.
“El sistema judicial británico pide una revisión independiente para ver si las condiciones de reclusión en El Buen Pastor son aptas por una persona que, según hemos señalado, se ha acogido a la ley de salud mental”, explicó el Ministro de Justicia.
El Gobierno colombiano planteó la posibilidad de que Zulma Guzmán, quien fue capturada en diciembre pasado, sea trasladada al pabellón de servidores públicos, sea extraditada para que responda en el proceso penal que existe en su contra por ser la determinadora de la muerte de dos menores de edad que consumieron unas frambuesas con chocolate que estaban envenenadas con talio.
Este paquete, según las pesquisas de la Fiscalía, habría sido enviado por Zulma Guzmán utilizando a dos personas cercanas en la capital de la República.
La defensa de la mujer ha manifestado en varias oportunidades ante las autoridades judiciales británicas que se deben aplicar los estándares de salud mental.
“No solamente es comodidad operacional o física, sino si existen los recursos de atención mental, si el sistema judicial establece que esta persona puede ser protegida por esta medida”, manifestó el ministro Cuervo.
La visita de la Comisión es esencial en el estudio de la petición de extradición que elevó el Gobierno colombiano para que la empresaria vuelva al país a enfrentar personalmente este proceso judicial por el cual se expone a una pena de 60 años de prisión, recordando que en los casos en los que las víctimas son menores de edad no caben beneficios judiciales ni rebajas de pena.
“Lo que pide el sistema judicial es que una Comisión independiente, entiendo que es de la Unión Europea, que tiene un relator de derechos humanos, revise y haga una inspección para ver, si este caso, el pabellón de servidores públicos es apto. Con base en este concepto, el poder judicial británico tomará esta decisión”, reseñó el jefe de la cartera jurídica.
Si el poder judicial, añadió el ministro, concluye que el sistema penitenciario colombiano no dan las garantías al debido proceso podría no avalar la extradición. “Eso hace parte de una autonomía del poder judicial en la cual el Estado colombiano ni el Gobierno pueden interferir”.