Los expedientes judiciales que existen en contra del exsenador y actual alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, pasarán de la Dirección Seccional de Sucre a la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Así lo determinó el despacho del vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, que varió la asignación de cuatro “actuaciones penales” que existen contra el mandatario.
“Asignar especialmente a la Fiscalía que por reparto corresponda adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, las actuaciones objeto de su variación de asignación (…) para que las asuma hasta su culminación, así como todos aquellos que en lo sucesivo se originen o relacionen con estas”, indica el auto.
La Fiscalía General tiene información que podría conducir a un presunto hallazgo en los procesos de Acuña relacionado con una cuenta que ya está en poder de los investigadores y desde la cual se habrían registrado movimientos de miles de millones de pesos.
Los cuatro expedientes contra Yahir Acuña se encontraban en las fiscalías seccionales de la Unidad de Administración Pública de Sincelejo.
Ante esta situación, se tomó la decisión de realizar la asignación.
“Las investigaciones se relacionan con presuntas irregularidades asociadas al ejercicio de la función pública, la gestión de recursos estatales y actuaciones adelantadas por servidores públicos del municipio de Sincelejo, circunstancias que justifican la intervención de una dependencia especializada en la investigación de fenómenos asociados a la corrupción pública”, agrega la decisión.
Las cuatro investigaciones
Yahir Acuña es investigado por prevaricato por omisión por presuntamente haber intervenido, junto con un grupo de concejales de la capital de Sucre, en el trámite y aprobación de vigencias futuras “sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales”.
Igualmente, enfrenta una investigación por el delito de prevaricato por acción por las presuntas irregularidades en el trámite de la aprobación del presupuesto municipal para la vigencia 2025, con apropiaciones presupuestales destinadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El tercer proceso tiene relación con la intervención irregular que habría realizado junto con un grupo de concejales, en la aprobación de vigencias futuras. Por este caso, es investigado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El último caso tiene relación con la intervención en el trámite de celebración, modificación y ejecución de un contrato por 5.600 millones de pesos. El convenio, para el cual se destinaron recursos públicos, le fue adjudicado a una entidad sin ánimo de lucro que no contaba con varias de las condiciones exigidas.
Por esto, enfrenta una investigación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.