Fuerte tensión entre dos magistrados de la Corte Constitucional por la reforma pensional

El magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del presidente Petro y está a la espera de la recusación que lo tiene en vilo para participar en la discusión de la pensional por su vínculo en el pasado con Colpensiones, envió una dura carta a la Sala Plena de la Corte Constitucional, cuestionando el actuar de uno de sus compañeros.

Se trata de Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte y el magistrado ponente a cargo de la demanda de Paloma Valencia contra la reforma, quien trata de resolver la recusación que la senadora le radicó a Carvajal por el vínculo que tuvo con la administradora de pensiones.

En el documento de siete páginas, Carvajal arranca con una “enérgica protesta por la forma como se viene tramitando la recusación que se adelanta en mi contra en el asunto aquí referenciado, pues se trata de una actuación anómala en cuanto desconoce reglas mínimas del debido proceso, como también desatiende principios básicos de las actuaciones estatales, entre estos los de buena fe“.

Para Carvajal, la forma en que se ha venido estudiando la recusación en su contra deja en entredicho la “imparcialidad, la transparencia y la legalidad de las actuaciones que esta Corporación debe acometer en forma permanente y pública”.

El magistrado que estuvo vinculado a Colpensiones explicó en el documento que durante el trámite de una recusación, el magistrado señalado y el autor de ese recurso tienen tres días para recibir las pruebas, y en los dos días siguientes se debe tomar una decisión de fondo.

Por lo que cuestionó que “está vedado al operador jurídico apartarse sorpresivamente de las reglas procesales, creando otras nuevas, so pretexto de verificar la autenticidad de las pruebas ya decretadas y practicadas. Recuérdese que ‘la prueba no se prueba’, y menos, arremetiendo contra el debido proceso que no es ajeno a este tipo de incidentes”.

La crítica de Carvajal se conoció días después de que el magistrado Ibáñez Najar regañara a Colpensiones por la falta de documentos que entregó sobre las funciones, los conceptos y proyectos de defensa sobre la reforma pensional que hizo cuando estuvo vinculado a esa entidad como contratista.

Para Carvajal, la revisión de su recusación no tiene “precedentes” en la Corte Constitucional, pues “por primera vez se interrumpió el término de traslado probatorio para i) tachar la prueba, ii) descalificarla por la supuesta falta de requisitos, aunque no se habían exigido inicialmente, iii) hacer nuevos requerimientos técnicos que no tienen ningún sustento legal, iv) modificar el término e incluir nuevas exigencias a las pruebas solicitadas, y v) fijar un término para su presentación y otro de traslado adicional, que no contempló el legislador”.

Haciendo referencia al auto que expidió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez el pasado 6 de noviembre, detallando que la respuesta remitida por Colpensiones “no satisface los estándares mínimos de autenticidad, completitud e integridad exigidos por la normativa que regula la aportación de documentos para valoración judicial”.

Para Carvajal, su compañero Ibáñez “tacha” los documentos referidos y “prácticamente ha decretado una prueba técnica” con el objetivo de verificar el contenido de los documentos que fueron firmados por él cuando estuvo en Colpensiones, pero que sería un derecho que les asiste a las partes e intervinientes de la recusación.

“En consecuencia, como quiera que los documentos provienen de mi autoría en calidad de funcionario público, que están siendo reconocidos como ciertos por el suscrito, quien, además, se desempeña como magistrado de la Corte, tales documentos son auténticos, sin ningún requerimiento adicional, por lo que exigir pruebas para probar lo probado por mandato legal, para verificar su autenticidad es absolutamente contrario a la ley y al debido proceso”, señaló Carvajal.

Para quien fue abogado personal del presidente Petro, el rechazo de esos documentos está limitado al interés de las partes y “no al interés de quien debe adoptar la decisión, por estar reservada por el legislador exclusivamente a las partes”.

Carvajal también cuestionó que las decisiones de su colega Ibáñez desconocieron “el valor probatorio de las copias simples [...] así como de la jurisprudencia que sostiene que, en escenarios donde no exista tacha de falsedad por los intervinientes en el proceso sobre los documentos, en aplicación del principio de buena fe y de la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, se presume el valor probatorio de las copias”.

Para el magistrado recusado, la actuación del presidente de la Corte Constitucional en este proceso podría conducir a que tenga facultades propias de las partes, lo cual podría convertirlo en juez y parte, afectando la imparcialidad y generando una “dilación injustificada”.

Esta nueva tensión que provoca la reforma pensional, pero ahora al interior de la Corte Constitucional, se da horas antes de que la Sala Plena se reúna este jueves 13 de noviembre para definir el futuro de la recusación que tiene a la espera a uno de los magistrados cercanos al Gobierno Petro, para participar en el debate de la reforma pensional.