El Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional cuestionó, en un comunicado de cinco puntos, la designación de Luis Alfredo Acosta Zapata como nuevo ministro de la Igualdad.
Entre las críticas más fuertes se encuentra el hecho de que en 2012, el líder indígena protagonizó la expulsión de varios militares en el municipio de Toribio (Cauca).
En los hechos, que quedaron plenamente grabados, Acosta amenaza e increpa a los soldados mientras otros indígenas los expulsaban de la zona.
Para el Consejo de Generales esto sienta un “precedente peligroso” que no puede pasarse por alto. “Cuando se normaliza que la Fuerza Pública sea expulsada de un territorio donde su presencia es legal y constitucional, se instala un precedente profundamente riesgoso para la democracia”, afirmó el Consejo.
“La experiencia histórica del país demuestra que los vacíos de autoridad no fortalecen a las comunidades, sino que suelen ser ocupados por actores ilegales, economías criminales y mecanismos de control social coercitivo. La expulsión fáctica del Ejército Nacional de zonas del territorio no representa un acto de autonomía legítima, sino una fractura del principio de soberanía y de unidad territorial que sostiene el Estado colombiano”, enfatiza.
Para el Consejo de Generales de la Reserva este nombramiento debe ser analizado desde varios factores, entre estos la preparación, la idoneidad y el ejemplo público del funcionario que llega.
“Un ministro debe ser capaz de tramitar conflictos dentro del marco de la ley, fortalecer las instituciones y promover el diálogo sin recurrir a la confrontación con la autoridad legítima. La designación de Luis Alfredo Acosta Zapata, cuya trayectoria se ha desarrollado, principalmente en escenarios de movilización social y no en la administración pública ni en la gestión técnica del Estado, plantea interrogantes legítimos sobre la idoneidad requerida para conducir una cartera ministerial de alcance nacional”, asevera.
Igualmente, se advierte que no se están cuestionando de fondo las protestas que lideró en su momento Acosta Zapata, sino las acciones que realizó en contra de los principios constitucionales. Señalando que la expulsión del Ejército afecta los fines de seguridad y protección que tienen las Fuerzas Militares, como está expuesto en la Carta Política.
“La búsqueda de la igualdad, la inclusión y el reconocimiento de derechos colectivos es un objetivo legítimo y necesario en una democracia. Sin embargo, estos propósitos no pueden ni deben edificarse sobre la negación del Estado, la deslegitimación de la Fuerza Pública o la confrontación con las instituciones constitucionales”, precisó.
“No existe verdadera igualdad sin Estado de derecho, ni justicia social sostenible sin autoridad legítima. El Ejército Nacional, lejos de ser un obstáculo, es una garantía para que los derechos puedan ejercerse en condiciones de seguridad, libertad y dignidad”, señaló el Consejo.
Finalmente, indica que este tipo de situaciones deben ser analizadas no solamente por los dirigentes políticos sino por toda la ciudadanía.
“El Consejo de Generales en Reserva del Ejército Nacional hace un llamado respetuoso pero firme a la opinión pública para reflexionar sobre el tipo de liderazgo que se espera de quienes ocupan las más altas responsabilidades del Estado. La democracia no se fortalece debilitado a sus instituciones, ni se construye reconciliación humillando a quienes cumplen un mandato constitucional”, advirtieron.
