El Consejo de Estado dejó en firme la elección del procurador general de la nación, Gregorio Eljach, quien tenía varias demandas a su nombramiento que alegaban una supuesta falta de experiencia requerida para el cargo que ocupa.
La corporación estudió una serie de acciones judiciales que alegaban tanto la legalidad del proceso como el cumplimiento de los requisitos para ser la cabeza del Ministerio Público.
Las demandas acumuladas sostenían que Eljach no cumplía con la experiencia exigida por la Constitución, que su postulación se produjo cuando aún era secretario general del Senado, que su nombre fue incluido en la terna sin haber participado en una convocatoria pública previa. Además, según la demanda, el presidente de la República desconoció una invitación pública realizada por el Dapre al incluir a una persona que no participó en ese proceso.
También se cuestionó la conformación de la terna, integrada únicamente por hombres, y se plantearon presuntas irregularidades relacionadas con el debido proceso, la igualdad de condiciones entre aspirantes y el principio de separación de poderes.
Uno de los demandantes cuestionó si Eljach acreditaba los 15 años de experiencia jurídica requeridos para el cargo; sostenía que su trayectoria en el Congreso correspondía principalmente a funciones administrativas, sin suficiente contenido jurídico.
El procurador General, Gregorio Eljach, aseguró que se evalúa el caso en el que fue detenido un escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario General de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Z1F8euwGPb
— Revista Semana (@RevistaSemana) March 3, 2026
Sin embargo, la corporación determinó que el hoy procurador sí cumple con el requisito constitucional, al acreditar más de 15 años de ejercicio profesional en el ámbito del derecho, incluyendo funciones con competencias jurídicas en el Senado.
La Sección también descartó que existiera simultaneidad de cargos como secretario del Senado cuando entró a la terna para la Procuraduría. Según explicaron los magistrados, las restricciones invocadas por las demandas aplican a cargos de elección popular, lo que no es el caso del procurador general.
En cuanto a la convocatoria pública adelantada por el Gobierno, el Consejo de Estado precisó que ese mecanismo no limitaba la facultad del presidente para escoger libremente a su candidato en la terna. En consecuencia, la inclusión de Eljach, quien no participó en ese proceso, no vulneró el debido proceso ni los derechos de otros aspirantes.
Sobre la ausencia de mujeres en la terna, la corporación reiteró su jurisprudencia: aunque las autoridades deben propender por la participación femenina en altos cargos, la falta de candidatas no constituye, por sí sola, un vicio que anule el proceso: “La inclusión de mujeres constituye un objetivo que debe procurarse, pero no una obligación imperativa que pueda exigirse individualmente a cada una de las autoridades que participan en su conformación”.
Finalmente, la Sección Quinta concluyó que no se probó desviación de poder ni interferencia indebida entre ramas del poder público. Tampoco encontró evidencia de acuerdos irregulares o de afectación a la independencia del proceso de elección.