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Panorámica Chapinero Bogotá 
Parque Nacional 
Carrera séptima
Bogotá enero 25 del 2022
Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Panorámica Bogotá Parque Nacional Carrera séptima - Foto: Guillermo Torres /Semana

bogotá

IDU a responder por hallazgos administrativos y con incidencia fiscal: Corredor Verde de la Séptima bajo la lupa

La entidad distrital ordenó el pago al contratista consultor sin que este diera cumplimiento al personal mínimo estipulado.

La Contraloría Distrital de Bogotá culminó una auditoría de desempeño al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) sobre la vigencia 2021 en la que determinó diferentes hallazgos administrativos y algunos con incidencia fiscal por las falencias de la entidad distrital en el seguimiento a contratos de consultoría e interventoría.

El equipo auditor se enfocó en ejercer control y seguimiento a la gestión y los resultados con los: (i) contratos de consultoría de elaboración de estudios y diseños suscritos para la las obras de infraestructura, (ii) contratos de consultoría que obedecen a la interventoría integral a la elaboración de los estudios y diseños, para el corredor verde de la Carrera Séptima y (iii) aquellas actividades adelantadas en metodología “In House” que hubiese surtido el IDU para tal fin (los diseños In House se adoptan cuando no se cuenta con insumos suficientes y se realizan con apoyo de los especialistas con que cuenta la Dirección Técnica de proyectos).

Se encontró un universo de 90 contratos por una cuantía de $253.213 millones, sobre los cuales se seleccionó la muestra de auditoría con un total de 11 contratos cuantificados en valor suscrito en $ 43.002 millones.

De esta manera, se configuraron 11 hallazgos administrativos, de los cuales seis tienen presunta incidencia disciplinaria y dos con presunta incidencia fiscal en cuantía de $38.089.266.

De acuerdo con el informe de auditoría, soportan los hallazgos determinados, las deficiencias en la gestión y seguimiento de los contratos de consultoría e interventoría que presuntamente menoscaban el erario público ante la imposibilidad de comprobar la prestación de servicios del personal mínimo exigido, errores aritméticos en el detalle del precio global, extensión de los plazos pactados que pueden generar riesgos por posibles sobrecostos; y en igual sentido, permitir el ejercicio de profesionales sin el lleno de requisitos legales, falta de precisión en los pliegos de condiciones que no den opción a la ambigüedad en temas que merecen transparencia absoluta y se eviten riesgos como el conflicto de intereses.

Uno de los hallazgos con presunta incidencia fiscal tiene ver con el corredor verde de la Carrera Séptima, el cual ha sido una de las principales proyectos abanderados desde la administración de la alcaldesa Claudia López.

Se determinó que en el periodo del cinco de agosto de 2021 hasta el cuatro de febrero de 2022 (tiempo de ejecución de las etapas RAI y estudios y diseños), se identificaron diez cargos del personal mínimo que no aportaron ningún servicio al objeto de la consultoría y se tasó el presunto detrimento patrimonial en $43.105.175.

El IDU respondió a la Contraloría que no existió incidencia fiscal ni daño patrimonial por el pago del personal, porque no existe una obligación que evidencie un porcentaje de dedicación de cada profesional, sino que el contratista cumpla con el personal necesario para la ejecución del objeto contractual a satisfacción.

Con base a lo expuesto por el IDU, la Contraloría finalmente evidenció la existencia de un presunto detrimento patrimonial por $30.187.205, porque en las fases RAI y estudios y diseños para el Tramo III del proyecto del corredor verde Carrera Séptima, se identificaron cinco cargos del personal mínimo en periodos determinados que no aportaron ningún servicio a la consultoría.

Uno de esos cargos, de acuerdo con el informe de auditoría de la Contraloría, es el técnico laboratorista, que habría dejado de aportar su servicio por un periodo de 3 meses y dos días.

Para la Contraloría, el presunto detrimento por $30.187.205 constituye un menoscabo o deterioro de los recursos públicos de la ciudad, toda vez que la supervisión contractual y el IDU no debieron ordenar su pago al contratista consultor porque a pesar de ser valores globales mensuales tenía que dar pleno cumplimiento al personal mínimo estipulado y dicho personal estuvo incompleto para el desarrollo del objeto contractual.

La Contraloría precisó que los argumentos presentados por el IDU en la respuesta, no desvirtúan la observación señalada por el Organismo de Control en el informe preliminar; razón por la cual, se configura el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal y se dará traslado a la Personería de Bogotá y a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Distrital.