Un enorme monumento a la corrupción opaca el paisaje de una de las zonas más exclusivas de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. A pocas cuadras del Cantón Norte, la Embajada de Portugal y limitando con suntuosos barrios como Chicó Norte y Santa Ana Occidental, hay una obra inconclusa que sacó a flote un enorme elefante blanco que ha estado creciendo en el interior de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil).
SEMANA conoció en exclusiva que ese megalote, que representaba una de las joyas de la corona para esa entidad, ahora se convirtió en la punta del iceberg para que la Contraloría avance en una imputación por responsabilidad fiscal contra varios integrantes de la junta directiva y la dirección de Cremil, así como el comprador y el fideicomitente detrás de ese multimillonario negocio que hoy es un fracaso.
El documento en poder de esta revista revela que en los próximos días serán llamados a imputación fiscal los generales en retiro Jorge León González y Jairo Salguero Casas, así como el contralmirante (r) Germán González, todos exintegrantes del Consejo Directivo de Cremil. También figuran los generales (r) Jairo Édgar Ceballos Mendoza y Leonardo Pinto Morales, exdirectores de la entidad. La decisión obedece a que no habrían establecido garantías reales para proteger este patrimonio público, avaluado en cerca de 400.000 millones de pesos.
La historia comenzó el 26 de junio de 2015, hace 11 años, cuando Cremil, entidad a cargo de pagar asignaciones de retiro, pensiones de invalidez y pensiones de oficiales, suboficiales y soldados, firmó una escritura pública con la fiduciaria Helm, actual Itaú, para entregarle el costoso predio conformado por 14 lotes a fin de construir un proyecto inmobiliario en una de las zonas más exclusivas de la capital.
El negocio le cayó como anillo al dedo a esa entidad, pues, mientras tenía los predios desocupados y sin ninguna actividad, la fiduciaria apareció con una oportunidad única que al sol de hoy no se ha materializado. El acuerdo consistía en que la Caja les transfería los predios que superan los 14.000 metros cuadrados, y Helm se encargaba de construir el megaproyecto.
Como contraprestación por el enorme lote, debían entregarle a Cremil la torre dos del proyecto América Centro de Negocios y casi 300 parqueaderos. Todo se pactó en un plazo de 48 meses.
El proyecto debió ser entregado en 2019, pero la realidad es que esa cláusula se incumplió y el anhelado condominio inmobiliario lleva nada más y nada menos que seis años de retraso. Esa cadena de irregularidades fue detectada por la Contraloría General después de una auditoría en la que se identificó que la construcción no existía y únicamente lograron evidenciar algunos avances, como excavaciones y cimentación.
SEMANA estuvo en el lugar de los predios, en el norte de Bogotá, y solo se puede observar la construcción de un edificio que estaría en abandono y al costado tendría otra pequeña torre de escasos seis pisos, que quedó a medio hacer. El lote abandonado es la evidencia de que hace meses nadie lo frecuenta, nadie trabaja y el acuerdo está lejos de cumplirse. Los militares en retiro fueron estafados.
Dentro de la propiedad también se ve la presencia de varias herramientas para construcción, como maquinaria amarilla, tanques de almacenamiento de cemento, plantas dosificadoras de material, contenedores y casetas de obra, pero lo particular es que en ninguna de las imágenes captadas por esta revista aparece un trabajador que esté adelantando alguna tarea en el lugar.
Esos hallazgos fueron los principales resultados para que el ente de control decidiera llevar a imputación fiscal a miembros de la Junta Directiva y directores de Cremil, como vendedores del negocio; a Helm, hoy Itaú, como compradora de los predios; y a la fideicomitente Aldea, encargada de administrar los activos.
Para la Contraloría, los miembros de la Junta Directiva y directores de la Caja de Retiro, como los generales (r) González, Salguero, Mendoza y Pinto, tuvieron responsabilidad fiscal en ese proyecto, teniendo en cuenta que, como servidores públicos, debieron establecer las garantías necesarias para proteger el patrimonio económico. Por su parte, Itaú y Aldea administraron recursos públicos al recibir los lotes, sin cumplir con nada de lo que se pactó desde un principio.
Lo más grave del asunto es lo que la Contraloría reconoció en la imputación: “Hay situaciones físicas y jurídicas que impiden que Cremil recupere los lotes entregados, conforme lo descrito en la cláusula décima de la escritura pública, teniendo en cuenta que los catorce (14) inmuebles, con un área en lotes de 14.575,22 metros cuadrados: a) Eran propiedad de Cremil y fueron englobados a favor de Itaú. b) Sobre esos predios se constituyeron garantías a favor de Itaú y de terceros. c) Los predios fueron demolidos y están ubicados donde se inició la construcción de la torre uno del proyecto”.
La imputación también estableció un daño al valor catastral. La escritura 798 de 2015 pactó la venta de los predios de la Caja de Retiro con la promesa de entrega futura de la torre dos del proyecto y los casi 300 estacionamientos, pero ese compromiso hasta este momento “no se ha cumplido”, dice el documento.
Esa decisión también reveló que los miembros del Consejo Directivo, como los generales Jorge González, José Javier Pérez, Jairo Salguero, Félix Muñoz; el contralmirante Germán González, el coronel Carlos Rondón y otros integrantes, como Luis Lara Romero, Óscar Bocanegra y Diego Restrepo, aprobaron por unanimidad la autorización al representante legal de Cremil para iniciar la negociación.
Sobre la imputación de responsabilidad fiscal contra estos funcionarios, la Contraloría también detectó que “no exigieron pólizas de cumplimiento en la enajenación de los inmuebles, tal como lo establece el Decreto 734 de 2012, en concordancia con el Acuerdo Cremil 008 del 2002, por el que se adoptaron los estatutos internos de Cremil y se establecieron las funciones del Consejo Directivo”.
Por su parte, el mayor general Édgar Ceballos, quien dirigió esa entidad, deberá responder por el traspaso de los inmuebles “sin exigir las pólizas establecidas en el Decreto 734 de 2012”, según el ente de control liderado por Carlos Hernán Rodríguez. Mientras que el mayor general Leonardo Pinto Morales deberá responder por qué se demoró cerca de cuatro años en instaurar acciones legales por el incumplimiento del multimillonario negocio.
La Contraloría también incluyó a Itaú en este proceso al poner en garantía los predios entregados por la Caja de Retiro, lo que habría ocasionado un incumplimiento en el contrato de fiducia; a la empresa Aldea Proyectos, por ser la promotora y gerente de América Centro de Negocios. La obra lleva 11 años esperando avances mínimos.
SEMANA contactó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para conocer su postura frente a la imputación fiscal contra nueve integrantes de su junta directiva y dos directores. Desde la entidad señalaron que consultarían a la oficina jurídica. Sin embargo, al momento de la publicación de este artículo, no se había recibido respuesta.
