“Para fallo”. Así se encuentra desde hace seis meses en la Sección Tercera del Consejo de Estado el expediente que contiene la demanda que presentó el actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández Andrade, en contra de la Contraloría General y con la que pide una indemnización cercana a los 1.400 millones de pesos por daños a su buen nombre y reputación.
Fernández, quien otra vez está en el ojo del huracán tras varias revelaciones que lo ubican en el entramado de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha recurrido a todas las instancias judiciales para reclamar por lo que considera daños en contra de su buen nombre y labor en el sector público.
En el largo expediente, al que tuvo acceso SEMANA, Fernández Andrade asegura que el ente de control afectó de manera constante y grave su integridad personal cuando le abrió un proceso de responsabilidad fiscal en el año 2012 por una decisión que tomó siendo secretario jurídico del Instituto Nacional de Vías (Invías) entre los años de 2003 a 2006.
En este caso, la Contraloría ordenó el embargo de las cuentas de Fernández mientras se realizaba la investigación por un presunto daño patrimonial de 13 mil millones de pesos a las arcas del Estado. La medida congeló su patrimonio y le impidió realizar cualquier tipo de movimiento bursátil o la celebración de contratos en el sector público.
El embargo se extendió hasta el año 2016, fecha en la cual el organismo de control fiscal no encontró probada una responsabilidad de Fernández Andrade y cerró el caso por falta de competencia.
Para Fernández Andrade, quien ha ocupado cargos de enorme envergadura como procurador delegado ante el Consejo de Estado, secretario general de la Federación Nacional de Departamentos, asesor jurídico de la Comisión de Regulación de Agua Potable, asesor de la Contraloría General y secretario jurídico de la Presidencia de Gustavo Petro, la medida que emitió en su contra la Contraloría fue drástica y cuestionable, hecho por el cual emprendió una acción de repetición.
“Al señor Vladimir Fernández Andrade se le afectó su buen nombre; y el ejercicio libre de sus derechos fundamentales, al trabajo, al mínimo vital, a la posibilidad de escoger y ejercer libremente una profesión -en este caso abogado-. Por causa del hecho abiertamente ilegal de iniciar un proceso administrativo de responsabilidad fiscal sin competencia, sufriendo de esta manera una afectación moral que se concreta en un dolor de extrema intensidad”, alega la demanda.
La acción judicial va mucho más allá: el magistrado pide que se repare por completo el daño causado a su buen nombre y su reputación, pide un acto de excusas públicas como una medida de reparación integral, puesto que su ‘Good Will’ —expresión anglosajona para referirse a la reputación— se vio gravemente afectada debido a que la noticia sobre la investigación en su contra fue reseñada en varios medios de comunicación.
“Que la Contraloría General de la República declare oficial y públicamente ‘la verdad’ de su responsabilidad plena con relación a la falla en el servicio o cualquier título de imputación de responsabilidad configurada (...) La declaración oficial de responsabilidad, la presentación de disculpas y el reconocimiento de la afectación del buen nombre del señor Vladimir Fernández Andrade, se llevará a cabo mediante un acto público, que contará con el cumplimiento de medios masivos de comunicación”, añade.
En medio de la polémica, el ente de control ha negado la existencia de cualquier tipo de irregularidad, aseverando que se trató de un trámite procesal normal.
“No existió la pretendida falla del servicio por parte de la CGR al adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF No. 06-044-2010, no da lugar a la indemnización pretendida por el convocante o sus familiares, como quiera que los perjuicios aludidos no fueron probados dentro del proceso, no existe certeza de los mismos y se basan en una mera expectativa o supuestos”, respondió el organismo de control.
Por esto, se considera que en ese momento se tenían varias bases para abrir una investigación. “El haber sido investigado en un proceso de responsabilidad fiscal en el que se garantizó el ejercicio del derecho de defensa y el principio de contradicción, era una carga soportable por el señor Fernández Andrada, por lo que se debe declarar que no procede el medio de control de reparación directa en contra de la Contraloría General de la República y en consecuencia tampoco proceden los pretendidos perjuicios materiales, lucro cesante, daño emergente, daño moral, ni reparación de ninguna índole”, pidió el ente de control fiscal.
Los señalamientos contra Fernández
El magistrado de la Corte Constitucional se encuentra en un juicio de indignidad ante la opinión pública luego que su nombre apareciera mencionado nuevamente -y en menos de un año- en el escándalo de corrupción de la UNGRD que marcó el Gobierno de Gustavo Petro.
Fernández, quien fue el secretario jurídico de la Presidencia y ternado por el propio presidente para uno de los más dignos e importantes cargos en la Rama Judicial, habría resultado beneficiado con el tráfico de influencias y pago de apoyos que se financiaron con los recursos de la UNGRD.
En un escueto comunicado publicado el pasado miércoles 30 de septiembre, la Corte Constitucional -sin mencionarlo- aseguró que se debe respetar siempre la presunción de inocencia para los magistrados y magistradas.
El nombre del magistrado ya había aparecido en los chats que reveló SEMANA de la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz y el senador Iván Name en la antesala de la votación de la Plenaria del Senado en la que resultó vencedor Vladimir Fernández.