En el despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, ya reposan dos conceptos fundamentales frente a la petición de aplazar las consultas interpartidistas programadas para el próximo 8 de marzo.
Como lo reveló en exclusiva SEMANA, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya manifestó, mediante un extenso concepto, su desacuerdo con la petición de suspender dichas votaciones, tal como quedó establecido en la Resolución 01542 de 2025.
A esta posición se sumó la Procuraduría General de la Nación, que, mediante la Delegada para Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, pidió rechazar la medida cautelar solicitada en una demanda que busca anular la convocatoria de dichas votaciones.
Para el delegado del Ministerio Público, la medida cautelar no es necesaria ni urgente mientras se toma una decisión de fondo en este caso, razón por la cual se le pidió al magistrado ponente que no acepte dicha solicitud.
“Esta delegada del Ministerio Público considera que no están dados los elementos de juicio para que se decrete la medida cautelar solicitada, teniendo en cuenta que los argumentos expuestos por el demandante no tienen la solvencia ni la suficiencia que adviertan la vulneración del ordenamiento jurídico, tratándose del desconocimiento de normas superiores”, indica el concepto.
La argumentación va más allá y se anticipa a la solicitud de fondo de la demanda, que advierte que no se pueden realizar dichas consultas interpartidistas (de las cuales saldrían los candidatos presidenciales de la derecha, el centro y la izquierda), puesto que en octubre pasado se utilizó ese mismo mecanismo, citando a las urnas a una consulta que únicamente fue aprovechada por el Pacto Histórico.
“Es cierto que resulta autónomo de los partidos decidir si hacen consulta o no y la forma correspondiente, cerrada o abierta. Por lo que, si bien algunas organizaciones políticas decidieron hacerla el 26 de octubre de 2025 para escoger sus candidatos a Presidencia y Congreso de la República”, señaló la Procuraduría.
“No es menos cierto que todos los movimientos políticos, o algunos, pueden acceder a la consulta del 8 de marzo de 2026, pues se trata de un mecanismo de participación democrática con ejecución en una anualidad diferente”, agregó el delegado. “Lo que no es permitido, se interpreta preliminarmente, es hacer doble consulta en el mismo año por colectividades políticas diferentes. Es claro que en la anualidad se debe adoptar una fecha y en esa deben concurrir todos aquellos actores políticos que lo consideren pertinente para escoger a sus candidatos”.
En términos simples, la convocatoria a las consultas está permitida, puesto que las elecciones de marzo hacen parte de un mecanismo constitucional que le permite a otras colectividades, que no estaban preparadas o conformadas plenamente, escoger su candidato único a la Presidencia.
Para la Procuraduría General, la resolución no afecta el ordenamiento jurídico ni representa un exceso en el uso de las consultas populares, internas o interpartidistas.
El debate en el CNE
Este concepto se da a conocer en medio de la discusión interna que se vive en el CNE por la participación del senador Iván Cepeda en el llamado Frente por la Vida, y que lo enfrenta, en el tarjetón, con pesos pesados de la política, entre ellos, el excongresista Roy Barreras y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.
Después de que la Sala Plena no tomara una decisión de fondo, se citó a conjueces. Pese a lo que se creía, esto aumentó la polémica, puesto que el conjuez Alejandro Sánchez había sido parte del equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio penal que enfrentó por supuesta presión a testigos, y el cual contó como su principal víctima reconocida al senador Iván Cespeda.
En la mañana de este martes 3 de febrero, el jurista presentó su impedimento, el cual deberá ser resuelto por la Sala Plena, aumentando así los plazos para que se tome una decisión frente a la participación o no de Cepeda en la llamada consulta de izquierda.