Lo último: llamado urgente de procuradora y registrador al Gobierno Petro para que convoque subcomisión ante creciente ola de violencia en todo el país

“Con ocasión a las graves denuncias formuladas por varios gobernadores del país, en el marco del Encuentro Gobernadores Quindío 2023, respecto al deterioro generalizado de orden público en los territorios, el escalonado incremento de las condiciones de inseguridad, la propagación del accionar de grupos armados ilegales de diferente tipo, que desde ya han iniciado la incidencia y alteración del normal y tranquilo desarrollo del proceso electoral en curso...”. De esta manera inicia una reveladora carta firmada por la procuradora Margarita Cabello, el registrador Alexánder Vega y el gobernador del Quindío Roberto Jaramillo, enviada al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Alfonso Prada.

El propósito de la misiva es llamar la atención del Gobierno y hacer seguimiento a las acciones del Plan Nacional de Garantías 2023.

Pero esta no fue la única misiva. De igual manera, el registrador nacional solicitó al ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, convocar, de manera urgente, una Comisión Nacional de Orden Público, con el fin de llevar a la mesa las preocupaciones de los gobernadores y actuar de manera coordinada para evitar problemas durante el certamen electoral.

Cabello y Vega están solicitando especial atención en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare y Caquetá, el próximo 29 de octubre.

Durante el encuentro de gobernadores en Quimbaya, Quindío, el registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega Rocha, solicitó al Gobierno nacional garantías de seguridad ante la alerta de los gobernadores del país por la posible incidencia de situaciones de orden público durante las elecciones territoriales, que se celebrarán el 29 de octubre de 2023.

El registrador nacional se sumó a la petición de los gobernadores y la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, al Gobierno nacional, solicitando especial atención en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare y Caquetá para evitar situaciones de orden público durante los comicios.

“Está garantizada la logística de las elecciones territoriales por parte de la Registraduría. Sin embargo, durante la Asamblea de la Federación de Departamentos, varios gobernadores y la misma procuradora alertaron deterioro del orden público en ocho departamentos del país”, dijo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el pasado primero de febrero los puntos móviles de inscripción de ciudadano para votar en las elecciones territoriales, que se llevarán a cabo en Colombia el 29 de octubre de 2023.

En ese sentido, la entidad anunció la habilitación de más de 340 puntos móviles de inscripción en todo el país, los cuales se suman a las sedes de la Registraduría a nivel nacional que prestan servicio de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

De igual manera, enfatizó en que únicamente deben inscribirse los ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia y quieran actualizar su puesto de votación, así como los extranjeros residentes en Colombia, con mínimo cinco años de residencia, que deseen participar en esta jornada electoral y tengan cédula de extranjería vigente con categoría de residente, expedida por Migración Colombia.

En el Amazonas se habilitó un punto, mientras que en Antioquia se organizaron 28 puntos en 12 municipios; en Arauca hay dos lugares y en Atlántico son 18 los puestos habilitados en 6 ciudades y municipios.

La advertencia de la Procuradora sobre la ‘paz total’ que propone el Gobierno Petro.

La procuradora Margarita Cabello cuestionó, nuevamente, el programa bandera del Gobierno, la ‘paz total’, del que dijo que no hay formas claras para lograrla.

“¿Cómo van a ser los mecanismos para llegar a esa ‘paz total’, ¿cómo va a ser el período de transición para llegar a ese objetivo que no lo vemos claro?”, se preguntó la funcionaria durante su participación en la cumbre de gobernadores, celebrada en Armenia.

Allí, Cabello Blanco expresó preocupación con respecto al proyecto de Ley de sometimiento del que dijo que desampara a las víctimas y concede enormes beneficios con principios de oportunidad a los que perpetraron masacres, asesinatos de líderes sociales y acciones del narcotráfico. “¿Será adecuada esa rebaja de penas (ocho años) para todos indiscriminadamente?”, recalcó ante los mandatarios la jefa del órgano de control.